El presidente Evo Morales no cometió delito en la Argentina. Y las acusaciones en Bolivia son políticas. Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra, defensores de Evo, recordaron que en Bolivia “existe un Estado de No derecho, inconstitucional y que se rige autocráticamente” donde sus gobernantes usurpan las funciones. “Esas usurpaciones tienen como consecuencia la nulidad absoluta e insanable de todos los actos que se llevan adelante”, como el pedido de extradición de Morales o Álvaro García Linera, rescata nuestra columnista Patricia López Espínola que participó de la conferencia de prensa de Morales y sus defensores en CABA.

Textos y fotos: Patricia López Espínola.

Lunes 13 de enero de 2020. Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia obligado a renunciar a su cargo en medio de una revuelta golpista, presentó en el hotel Bauen de Buenos Aires a sus asesores, los juristas argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra, quienes están dispuestos a asumir la defensa de Morales después que fue acusado en su país por los delitos de sedición, terrorismo y financiación del terrorismo.
Morales destacó el perfil de los abogados argentinos y recordó que está acusado en su país “de terrorismo y sedición desde 1989, cuando asumí la conducción de una de las Federaciones del Trópico de Cochabamba. Intentaron ligarme con el narcotráfico, con asesinatos, pero nunca pudieron probar nada. Desde Estados Unidos hablaron de la mafia cocalera, y a propia DEA me hizo un seguimiento y nunca encontró nada”, enfatizó.
A su defensa legal y a la de su vicepresidente, Álvaro García Linera, a cargo de Baltasar Garzón, se unen Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra, dos grandes profesionales del derecho, no sólo de Argentina y Latinoamérica sino de todo el mundo. “Para mí es un honor contar con estas tres personalidades. Siempre estaremos del lado de la verdad y de la justicia”, dijo Morales.
También agradeció al pueblo argentino y “al Gobierno de los compañeros Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el apoyo y el respeto con que me tratan en este país. Estamos convencidos de que este año vamos a recuperar la democracia”, expresó.
Raúl Zaffaroni expresó que la Argentina no podría permitir que nadie en estado de refugiado sea remitido a un país donde peligra su vida y recordó que como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pedido de extradición no sería procedente: “la orden de detención por sedición, terrorismo y financiación del terrorismo está firmada por fiscales y no por orden de un juez”.
Además recordó que no se concede a nadie la extradición por delito de sedición “porque es un delito político exclusivamente, y pensando en el Estatuto de Refugiados, nosotros somos parte de la Convención de Refugiados desde el año 1951 y del Protocolo desde 1967. No podríamos permitir que ninguna persona en estado de refugiado en Argentina sea remitida a un país donde peligra su vida. Ni con influencia incluso de nuestra Corte Suprema. Nos negamos a la extradición hacia Perú de nueve personas, hace algunos años, porque no garantizaban suficientemente las condiciones de respeto a los derechos humanos de los refugiados”, recordó.
Pero para el jurista, la situación con Bolivia sobrepasó los problemas que tiene la región: “esto que pasó con el presidente Morales rompió normas elementales del derecho de gentes, del respeto entre Estados; se salió del sistema reglamentario y de la Comunidad Internacional, y eso es el problema”.
Zaffaroni recordó que el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia amenazó a Evo Morales y que en ese país hubo muertos en las calles. “El Presidente presentó su renuncia y abandonó el país; la renuncia la tiene que tratar el Congreso, y los golpistas no dejan reunir al Congreso. Hay un dicho acerca de que si tiene patas de perro, pico de perro, rabo de perro y cuerpo de perro, es un perro. No se puede dudar de eso”, dijo en referencia al Golpe de Estado en Bolivia.
Agregó también que todas las Constituciones del mundo contemplan, para las autoridades ejecutivas y legislativas -y en el caso de Bolivia incluso para la autoridad judicial-, la duración de una determinada cantidad de años para que finalice la enmienda institucional. Las Constituciones además contemplan fatalidades como la muerte, la renuncia o la inhabilidad. Eso es el punto regular de los sucesos constitucionales en todas las Constituciones del mundo. Pero nada de eso sucedió en Bolivia”.
La gravedad de los hechos en Bolivia se sustentan en que en ese país “no se llevó adelante el itinerario de la Constitución; se transgredió y quebró el orden constitucional; no sabemos qué nivel de desorden existe en este momento en Bolivia; pero fue realmente un golpe de Estado. Y cuidado que se están violando normas elementales, las más primarias del derecho que regula la relación entre los Estados. Nos estamos saliendo de las normas más rudimentarias y primitivas de la Comunidad Internacional”, describió.
Consideró “inédita y muy peligrosa para la democracia” la situación en Bolivia, sin que importe de qué signo político se trate. Todos debemos tener mucho cuidado, porque no sea que al apoyar algo basado en el No derecho en nuestro Estado, estemos serruchando la rama en la que estamos sentados”, enfatizó.
Entiende el exministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina que esta situación constituye un llamado de atención para el Gobierno Argentino donde nuestro país tiene prohibido constitucionalmente relacionarse con el Estado de pura fuerza boliviana. “La Argentina es un estado de paz y en este momento Bolivia no lo es”, recordó.
De esta manera puso en contexto lo que también definió como el remoto caso donde Bolivia pida la extradición de Morales o Álvaro Lineras ante Cancillería: “nos encontraríamos con un inédito supuesto, porque estaríamos hablando jurídicamente de una situación que es ‘de no derecho’. No es una paradoja, es una contradicción en sus propios términos. Nosotros deberíamos rechazar jurídicamente algo que además ni siquiera merecería ser objeto de rechazo, porque es de No derecho”.
Para esa situación eventual e inédita, aseguro que como defensores están preparados, pero también alertan a las autoridades institucionales de Argentina y de la Comunidad Nacional e Internacional “por la gravísima situación que estamos denunciando”, destacó Raúl Zaffaroni.

Bolivia, estado inconstitucional y autocrático

Evo Morales
Ferreyra, Morales y Zaffaroni.

Por su parte, el abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra insistió que la defensa de Morales sostiene que en Bolivia “existe un Estado de No derecho, que no es constitucional y que se rige autocráticamente. Estos Estados tienen gobernantes que usurpan las funciones, y esas usurpaciones tienen como consecuencia la nulidad absoluta e insanable de todos los actos que se llevan adelante”, definió.
Y rescató a Zaffaroni, que “es muy claro en cuanto a las imputaciones que pesan sobre el Presidente Morales. En primer lugar se trata de imputaciones de naturaleza política, que quedan fuera de cualquier tratado de extradición. Es decir que no puede ser extraditado de ninguna manera porque está prohibido. Se trata de imputaciones realizadas por un órgano de facto que está usurpando funciones, y que para el derecho de Argentina es No derecho, es un Estado inconstitucional” insistió.
Ferreyra además informó que “no hay ninguna causa en la Argentina en contra de Evo. Lo que vimos son órdenes de capturas insólitas desde Bolivia, firmada por fiscales, ni siquiera por un juez, imputándole un delito político como es la sedición, a lo cual le suman terrorismo y financiación del terrorismo; pero fundamentalmente un delito político por el cual no se puede solicitar extradición”.
Explicó además que “lo que estamos propugnando es que después del 22 de octubre del 2019, cuando se interrumpió el proceso democrático, el daño se produjo. El tema es cómo se sale de una situación donde no hay Poder Legislativo ni Ejecutivo en Bolivia. Por eso pedimos que asuma el presidente del Tribunal Supremo, que convoque a elecciones, que restituya las garantías y se vaya normalizando la situación, y que en las elecciones, el pueblo boliviano elija quién quiere que lo gobierne”, expresó.
La presentación y la conferencia de prensa tuvo lugar en el hotel Bauen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un hotel recuperado por sus trabajadores.