La ley no quitó derechos a nadie. Por el contrario, igualó en derechos a cientos de miles de personas. A la vez, la conquista de este derecho marcó la irrupción del movimiento LGBT+ en el escenario político principal.

Por Jorge Víctor Ríos (*)

Jueves 30 de julio de 2020. El pasado 15 de julio se cumplió una década desde que se aprobó en Argentina la ley 26.618, de matrimonio igualitario, convirtiendo a nuestro país en el sexto del mundo y el primero en Latinoamérica en garantizar este derecho.
La ley constó de una modificación en varias secciones del Código Civil pero quizás la modificación del artículo 172 fue el más importante ya que reemplazó el concepto de matrimonio entre “hombre y mujer” por “contrayentes” y agregó: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
Esta modificación también reabrió la posibilidad de adopción a las parejas del mismo sexo, ya que en el artículo 312 se establecía un gran límite al especificar que “nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges”.
La sesión parlamentaria que finalmente otorgó la sanción de la ley duró casi 15 horas, reflejando la polémica y el debate que también se dio en la sociedad en su conjunto, comparable a la situación que se había dado también en torno a la ley de divorcio, sancionada en 1987.
Fue clave el acompañamiento del gobierno. La entonces presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, expresó cabalmente el acto de justicia que representó la sanción de la ley al observar que con la misma nadie ningún sector de la sociedad perdió ningún derecho, sino que, por el contrario, se trató de una ampliación de derechos de los cuales personas como ella ya gozaban a otros sectores que aún no tenían acceso.

Luchas sociales

Esta ley se inscribe en la historia de las luchas sociales que pueden remontarse a la Revolución Francesa, pasando por las luchas por la igualdad de derechos entre mujeres y varones del feminismo, como ser por el voto femenino, el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos de Norteamérica e incluso la propia revuelta de Stonewall, en 1969, que se considera el inicio del movimiento de la diversidad sexual y de género.
En Argentina, la diversidad sexual como movimiento político comienza a conformarse luego de la última dictadura militar, precisamente para reclamar y resistir los abusos de las fuerzas represivas del Estado. Una figura clave de esta etapa fue Carlos Jáuregui, quien eventualmente sentó las bases para impulsar el proyecto de legalizar el matrimonio igualitario.

Conquistas

Además de brindar iguales derechos que a sus pares heterosexuales a las más de 20 mil parejas del mismo género que se casaron desde la vigencia de la ley, la ley sirvió también para igualar simbólicamente, ya que al institucionalizar las relaciones de personas del mismo género y las familias que ella forman, les dio legitimidad social y dinamizó el cambio cultural hacia una mayor naturalización de la diversidad sexual y de género, gracias a lo cual las nuevas generaciones pueden vivir y expresar su sexualidad más libremente, sin sufrir tanta discriminación y exclusión si no responde a las normas sociales tradicionales.
A la vez, la conquista de este derecho marcó la irrupción del movimiento LGBT+ en el escenario político principal. La sanción de la ley se trató de la culminación de una serie de acciones políticas y comunicativas estratégicamente orquestada y organizada desde las organizaciones sociales en articulación con todos los poderes del Estado. A partir de la sanción de la ley, comenzó una etapa de ampliación de derechos: el Estado comenzó por primera vez a pensar en clave de diversidad desde los distintos ámbitos al momento de elaborar políticas públicas y reconocer nuevos sujetos de derecho: las personas LGBT+. De esto da cuenta la sanción de varias leyes, entre las que se destaca la de identidad de género, en 2012, que volvió a posicionar a la Argentina en la vanguardia en materia de derechos LGBT+.
Hoy el movimiento LGBT+ o de las disidencias sexuales y de género continúa creciendo y desarrollándose, llevando adelante reivindicaciones y luchas por mayor igualdad e inclusión. Entre ellas se destaca como el principal reclamola inclusión laboral integral travesti-trans, atendiendo a la situación de extrema vulnerabilidad a las que suelen estar expuestas estas personas, en particular las mujeres trans, quienes, como consecuencia de una cadena de exclusiones sociales estructurales, se ven obligadas a costearse la vida a través de la prostitución, lo que las expone a un estilo de vida que determina que su expectativa de vida sea de tan sólo 35 años: aproximadamente la mitad que aquella de las personas cisgénero.

* Activista independiente.