Organismos de derechos humanos instan al presidente Alberto Fernández a intervenir ante la grave represión en Jujuy y la violación de los principios republicanos, exigiendo una respuesta política institucional para evitar que la tragedia del pueblo jujeño se profundice aún más.

Miércoles 21 de junio de 2023. En medio de una situación delicada y de extrema gravedad que afecta al pueblo de Jujuy, reprimido brutalmente por el gobierno de Gerardo Morales mientras luchan por sus derechos legítimos y en contra de una reforma constitucional que viola los principios fundamentales de la Constitución Nacional, los organismos de derechos humanos dirigieron una carta pública y abierta al presidente argentino, Alberto Fernández.
En esta misiva, los organismos firmantes denuncian que el proceso de reforma constitucional en la provincia estuvo plagado de irregularidades, sin la debida consulta a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a las comunidades de los pueblos originarios. Además, resaltan que dicha reforma ignora los tratados internacionales suscritos por Argentina, tanto en relación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre movilización pacífica y derechos de las comunidades, como en referencia al Acuerdo de Escazú, que establece la obligatoriedad de consultar cualquier reforma que pueda tener un impacto ambiental.
La respuesta represiva del gobierno de Gerardo Morales fue desproporcionada, aseguran, y por lo tanto, casi criminal. Numerosas personas resultaron heridas, algunas de gravedad, y decenas de individuos fueron detenidos, incluso personas enfermas o con discapacidades. Advirtieron, como en épocas de la dictadura militar, el uso de móviles sin identificación, allanamientos a domicilios sin orden judicial y la violación del principio de legítima defensa al negar información a los abogados sobre el paradero de los detenidos. Algunos manifestantes, incluso, perdieron la visión en uno de sus ojos debido a las balas recibidas.
Estas graves violaciones a los derechos humanos fueron denunciadas tanto por organismos nacionales como internacionales, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tomar posición al respecto.
Ante esta situación, los organismos de derechos humanos reclaman al Gobierno una respuesta política institucional que puede ser, incluso, la intervención a Jujuy, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional.
La emergencia y la violación de los principios republicanos por parte del gobierno en Jujuy están expuestas claramente. Es responsabilidad del Gobierno Nacional reaccionar con firmeza para evitar que esta tragedia que afecta al pueblo jujeño y a toda nuestra sociedad se profundice aún más, dice el documento.

La carta

Las organizaciones sociales de derechos humanos enviaron la carta abierta al presidente Alberto Fernández que expresa, de manera textual:
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ALBERTO FERNANDEZ
Ante la delicada y gravísima situación que vive el pueblo de Jujuy reprimido salvajemente por el gobierno de Gerardo Morales al movilizarse por sus legítimos derechos y contra una reforma constitucional que violenta los principios de la Constitución Nacional, los organismos de derechos humanos abajo firmantes nos dirigimos al Sr. Presidente la Nación, Alberto Fernández, y decimos:
Que la reforma de la Constitución provincial ha sido un proceso plagado de irregularidades, sin consulta a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a las comunidades de los pueblos originarios, y con un contenido que ignora los tratados internacionales firmados por nuestro país, tanto los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre movilización pacífica y derechos de las comunidades, como el Acuerdo de Escazú que obliga a la consulta ante cualquier reforma que pueda tener impacto ambiental.
Que la respuesta represiva del Gobierno de Gerardo Morales es casi criminal con cientos de heridos –algunos muy graves–, decenas de detenidos –algunos de ellos personas enfermas o con discapacidades–, utilización de móviles sin identificación, allanamientos a domicilios sin orden judicial, violación del principio de legítima defensa negándole información a los abogados acerca del paradero de los eventuales detenidos. Varios manifestantes han perdido uno de sus ojos por las balas recibidas.
Que todo esto ha sido denunciado por los organismos de derechos humanos nacionales, pero también internacionales, dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha expedido al respecto. Por todo ello consideramos que debe existir una RESPUESTA POLITICA INSTITUCIONAL desde la Presidencia de la Nación.
El presidente debe tomar las medidas necesarias para INTERVENIR LA PROVINCIA DE JUJUY de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitucional Nacional y, junto a su gabinete, comunicar dicha decisión por cadena pública nacional.
La situación de emergencia y de violación de los principios republicanos por parte del gobierno en Jujuy está claramente expuesta. Corresponde al Gobierno Nacional reaccionar con la debida firmeza para evitar que se profundice está tragedia del pueblo jujeño y de toda nuestra sociedad.
Firman: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; HIJOS Capital; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina.