Desconcierto. Es la palabra que mejor define al sector cuando tratan de definir el futuro cercano y a largo plazo, con un Gobierno que dio señales de dejar de acompañar a la actividad y de delegar competencias federales en las provincias o en los mismos actores de esta economía.

Por Oscar Alejandro Degiusti

Martes 19 de diciembre de 2023. Desde la campaña proselitista de Javier Milei, el sector turístico estuvo sumido en la incertidumbre ante la falta de señales para la actividad y el temor que generaba la parodia o mensaje gráfico, en ese momento en que el Ministerio de Turismo desaparecía.
Las organizaciones empresariales se habían inclinado por el candidato Sergio Massa, al menos discursivamente, reconociendo y expresando su gratitud ante lo que reconocían como “un modelo al que había que dar continuidad”. El modelo era la gestión de Matías Lammens en el período de pandemia, conteniendo con distintos programas y, después, puntualmente con lo que significó el Pre Viaje como una medida de estímulo al consumo mediante subsidios al segmento que usualmente puede viajar.
La recuperación del turismo pospandemia daba números mejores que en el 2019 en muchos destinos nacionales y la diferencia cambiaria con los países vecinos era otra fortaleza, más allá del “turismo de supermercado” de los turistas regionales: el 80% del turismo receptivo correspondía a turistas o ingresos realizados desde los países fronterizo.
Se reconoce después como medidas secundarias, la acción del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) para promocionar la Argentina y sus regiones, algunos eventos como la Feria 9internacional de Turismo (FIT). No mencioné el Plan 50 Destinos, muy valorado por los municipios y destinos emergentes que pudieron desarrollar algún tipo de infraestructura en atractivos locales, con posibilidades de sumarse a las ofertas provinciales.
Acto electoral mediante, con el triunfo claro de Javier Milei, la incertidumbre del sector se potenció mientras el espacio ganador de las elecciones no da pistas sobre la estructura y sobre quién podría ocupar las funciones. Incluso en un escrito anterior imaginé que podría ser alguna persona con un perfil de empresario y acorde a las ideas “libertarias de ajuste” que deberían implementar.
Con el transcurrir de los días se fueron barajando diferentes nombres para la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente que tendría bajo su órbita la Administración de Parques Nacionales y dependería del Ministerio del Interior. Comenzó a resonar el nombre del “candidato a todo” y el más conspicuo representante del menemismo o derecha peronista: Daniel Scioli. Aún es posible el nombre para ocupar el cargo de Secretario mencionado, y después, con algo de sorpresa eligen a Yanina Martínez, exSecretaria de Promoción Turística de la Nación del gobierno de Alberto Fernández, ahora como subsecretaria de Turismo. Su nombramiento fue bien recibido por el sector privado del turismo porque “al menos ya la conocemos mientras algunos medios de prensa del turismo nos recordaron los desencuentros que tuvo con Matías Lammens, por el protagonismo, pero eso es otra historia. A esta altura no está descartada la potencial llegada de Daniel Scioli a la nueva Secretaría.
En un artículo anterior expresé que no importaban los nombres sino el rol estratégico que se le otorga a una gestión para intentar esbozar el horizonte de un actividad o sector. Lo mismo para el turismo. Estamos en presencia de un Estado Neoliberal caracterizado por la apertura comercial, la desregulación, las privatizaciones y el individualismo social donde el atributo que comparten es “la libertad” (a diferencia del Liberalismo que entendía a la pobreza como un asunto que se intervenía con la beneficencia, el Neoliberalismo plantea la libertad de ser pobre, uno elige libremente ser pobre).
Ante este contexto, las señales del nuevo Gobierno son claras y contundentes: un fuerte ajuste presupuestario en todas las áreas de gobierno como punto de partida, que lleva a preguntas obvias como por ejemplo que pasará con el PreViaje y con el Inprotur básicamente, como con las estructuras de personal del ExMinisterio de Turismo y Deportes.
Una gestión en un área de gobierno traduce su pensamiento ideológico en acciones que posteriormente puedan convertirse en políticas públicas, pero además hay otras instancias más emparentadas con la eficiencia, la eficacia, la agilidad y la actualización de normas y procedimientos. Son momentos donde hay que tomar decisiones que no están necesariamente emparentadas con lo sustantivo ideológico.
Con el transcurrir del tiempo, trascendió que en la totalidad de un paquete de leyes a modificar o derogar como acción de gobierno, en turismo, se encuentran varias normas del ecosistema turístico como les gusta utilizar este neologismo a muchos representantes del sector.
El medio especializado en turismo “La Agencia de Viajes Argentina” publicó algunas de las leyes que se derogarían o modificarían. Una vez que las explicite voy a trazar algunos comentarios para la reflexión.

Leyes a derogar o modificar
• Ley 17.752 de 1968 y que promueve la promoción que promueve la construcción de hoteles de turismo internacional. La considera obsoleta.
• Derogar la Ley 21.056 de 1975 y que contempla la promoción del turismo por medio de líneas de transporte. La considera obsoleta e inadecuada.
• Derogar la Ley 21.159 que data de 1975 y que prevé la creación de un curso de información turística para el personal que cumpla funciones relacionadas con el turismo. La considera obsoleta e inadecuada.
• Modificación total de la Ley 25.599 que data de 2002 y que indica los requisitos a cumplir por Agencias de Turismo Estudiantil. Indica que el nuevo texto simplifica la instrumentación de los requisitos, y elimina las referencias a la Ley 18.829.
• Derogar la Ley 26.356 que data de 2008 y que regula los sistemas Turísticos de Tiempos Compartidos. La consideran obsoleto.
• Respecto a la Ley Nacional de Turismo 25.997 prevé que la modificación debe ser parcial, al tiempo que no indica cambios para las leyes de publicidad turística (26104) y la que refiere las obligaciones de las empresas de turismo en la entrega de tickets o vouchers (25671).
• Ley 18.828 de 1970 y que reglamenta los establecimientos hoteleros. Prevé una modificación total y afirma que los alojamientos turísticos están actualmente regulados por los estados provinciales, y en algunos casos por los municipios.
• Derogar la Ley 18.829 de 1970 que junto con su Decreto Reglamentario 2172 reglamenta las Agencias de Viajes en la República Argentina. Los argumentos son que se debería constituir un registro más ágil especialmente en la fiscalización.

Contextualizando…
Dejemos por un instante las leyes 18.828 y 18.829 para un análisis más exhaustivo, y también la ley Nacional de Turismo 25.997. Con las otras normas lo que tenemos en general son dispositivos jurídicos absolutamente desactualizados, obsoletos, con más de 40 años en algunos casos. Es decir, lo que visualizamos es un no trabajo correspondiente a varias gestiones en no revisar y por ende no resolver qué hacer con las mismas, y lo mismo vale para tantos Diputados Nacionales y Senadores que pasaron por las Comisiones de Turismo de sus Cámaras y no revisaron ni generan normas acordes a los tiempos que corren. Punto por ahora.
La Ley 18.829 que regula a los agentes de viajes y su “posible” derogación puso en alerta al sector, precisamente porque ello significaría la desaparición del Registro de Agentes de Viajes. En realidad creo que la propuesta apunta más a una descentralización de las tareas de registro y fiscalización, pero claro sin cesión de recursos mediante.
Los argumentos principales para llevar adelante la idea de derogarla son dos: por un lado la posible superposición de las competencias de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Provinciales y Municipales, y leyes mediante; y después están las funciones que habilita la ley, que son la de generar “una actividad meramente registral y de fiscalización escasa, ya que cuenta con ínfimos recursos para poder cumplir con la fiscalización en todo el país y protege muy débilmente al turista” y agregan que “Su sistema es meramente sancionatorio pero que no cuenta con los recursos humanos para las más de 6000 agencias registradas en el país. En definitiva, lo consideran un costo.
Yo hablo de una descentralización porque expresan que los controles debería ser responsabilidad del propio sector, o de aquellas que tengan una estructura necesaria, y agregan que “si las provincias lo desean podrían informar al CFT”.
La pregunta es cómo afectaría al sector esta medida. Responderla nos debe llevar a un planteo de diferencias no tecnocráticas, sino ideológicas. El liberalismo plantea que el “mercado” es la institución que regula la vida social, y este no debe recibir interferencia alguna (es el libre mercado). Del otro lado, quienes sostenemos que es imprescindible la presencia del Estado para amortiguar las desigualdades entre los diferentes actores que acceden al mercado.
Con este planteo básico, para La Libertad Avanza (LLA), el Registro y la fiscalización entorpecen los circuitos de libre comercio al que aspiran, además de que todo lo que es sinónimo de Estado es mala palabra.
¿Pero es posible imaginar una actividad sin controles, donde el “todo vale” es la regla? ¿Y los controles para el Turismo Estudiantil? En la historia del turismo en la Argentina es la modalidad que sufrió mayor número de engaños y estafas, es otra muy buena pregunta.
La ecuación ideológica es sencilla: de un lado el actor principal es el “empresario turístico” y el “turista” es actor de reparto. No obstante, en honor a la verdad tenemos que decir que existen lugares en el mundo donde las Cámaras o Asociaciones empresariales se encargan del contralor de sus asociados, donde el fundamento es que “la mala praxis” afecta a todo el sector. Pero vivimos en un contexto diferente.
Llegados a este punto el mensaje es “el Registro y la Fiscalización es burocracia e insumen costos que no no nos interesa atender. Por lo tanto o se ocupa el sector privado o pasan a las esferas provinciales, y que cada jurisdicción controle las agencias que tiene en su territorio. Que los gobernadores se hagan cargo”. De cualquier manera, la pregunta se mantiene: ¿cómo y con qué recursos se deberían hacer?

La histórica ley de hotelería
Otra norma que se pretende modificar totalmente, según los trascendidos, es la 18.828 de 1970 y que reglamenta los establecimientos hoteleros, y sobre la cual me voy a detener para expresar cómo veo la situación.
Esta ley data del año 1970, período que identificamos como del turismo fordista, caracterizado por las vacaciones prolongadas y acumuladas en los periodos estivales, es el turismo de “sol y playa”. Modalidad también denominada del “turismo masivo” con una estandarización de servicios donde los indicadores de calidad en la hotelería se traducían en metros cuadrados, “cuanto más amplio, mejor” y que es un fenómeno de posguerra y del denominado Estado de Bienestar.
En los 90 con la irrupción del Estado Neoliberal y el retroceso del Estado Empresario o de Bienestar, sumado a la irrupción de las nuevas tecnologías, en el turismo, como en toda la sociedad hay un cambio de paradigma que no vamos a profundizar pero que modifica toda la matriz de la actividad.
Este cambio de paradigma en turismo derivó de una fragmentación del período vacacional, ya no más vacaciones prolongadas y una vez al año; el “turismo de sol playa” posibilita la llegada “del turismo alternativo” (denominación que se le dio a toda otra modalidad diferente al turismo de sol y playa) que gracias a las nuevas tecnologías, pronto nuevos destinos se diseminan por todo el mundo; las empresas se especializan e hipersegmentan y la “calidad” ya no se mide en metros cuadrados sino en otros indicadores de carácter cualitativo. Además de nuevos hábitos y prácticas turísticas, vieron la luz nuevos formatos de alojamientos como Lodges, Hostels, Bed & Brakfast, Dormis, entre otros.
Transcurrieron más de 50 años desde la sanción de la mencionada Ley, más de 30 años desde el cambio de paradigmas en turismo, 40 años desde la llegada de la Democracia y el funcionamiento ininterrumpido de la Cámara de diputados Nacionales y el Senado, y seguimos con la misma ley que sin ningún tipo de análisis ideológicos coincidimos que es totalmente obsoleta e inútil.

Conclusiones inconclusas
Para concluir es conveniente efectuar algunas reflexiones respecto al universo de decisiones que se habrían de tomar respecto a varias leyes afines al sector turístico, y los actores involucrados en las mismas.
Es real que existen leyes y normativas con 50 o más años, con los tremendos cambios políticos, sociales, económicos y culturales que se han sucedido. Para graficar, tenemos más de 60 normas entre leyes, decretos y resoluciones que refieren a los Agentes de Viajes. Y en 40 años de Democracia no fue posible adecuar una única norma a los nuevos tiempos. Me animo a aventurar que ni siquiera estuvo en la agenda de los últimos años, ni política ni parlamentaria. Tampoco en las Asociaciones del sector privado ni de los Colegios Profesionales.
Puntualmente, para la posibilidad cierta de eliminar el Registro de Agencias de viajes en el orden nacional, desde la FAEVYT, afectados directos reaccionaron y sentaron posición en el sentido de que «Vamos a proteger siempre la actividad de los agentes de viajes» y aseguraron que están preparados para discutir alternativas.
Desde los Colegios Profesionales en Turismo, afectados directos también en la mencionada Ley porque muchos trabajan o son propietarios de Agencias, o porque desempeñan el papel de Representante técnico o Idóneo en las Agencias de turismo, silencio absoluto. Nadie espera una posición particular, pero si se supone una opinión técnica y profesional. Pensándolo bien, eran otros tiempos donde las Universidades y los profesionales tomaban posiciones sobre temas de interés político, económicos, culturales o sociales.
Con la Ley 18.828 que también data del año 1970 y reglamenta la hotelería, es también un caso digno de analizar. Ya expresamos que desde los años 90 quedó absolutamente obsoleta pero que aún continúa vigente, sorprendentemente. ¿Qué pasó para que no tengamos una ley de hotelería acorde a los nuevos tiempos, como otros países, máxime donde según la Ley Nacional 25.997 el turismo es declarado como sector estratégico?
Contestar este interrogante nos lleva a expresar que hay responsabilidades compartidas entre múltiples actores:
La falta de voluntad política para consensuar una norma acorde a los tiempos que corren por parte de diferentes actores parece ser la principal característica. Senadores y Diputados Nacionales que en 40 años no pudieron aprobar una nueva Ley, cuando pasaron varios proyectos por ambas cámaras desde la instauración de la Democracia; las diferentes gestiones políticas en el área que no supieron o no quisieron poner en Agenda el tema; las áreas de turismo de varias provincias que sancionaron sus propias leyes, incluso algunos municipios, pero no presionaron ni demandaron unificar en el orden nacional sus decisiones; los empresarios hoteleros que pensaron que eso traería consigo una nueva categorización y con ello muchos deberían modificar su categoría; y el Sindicato siempre más expectante porque las escalas salariales están ancladas a las categorías de los hoteles. En definitiva, nunca estuvo en Agenda (ni siquiera en el CFT desde que existe) una moderna categorización hotelera y hoy hasta es factible que distintas provincias tengan diferentes criterios para sus establecimientos.
Por supuesto que los temas más urgentes de los empresarios turísticos hoy responden al aumento del dólar turista, los nuevos precios de los servicios fruto de la brutal devaluación del peso, de la liberación de los precios, y del aumento de los combustibles como de la quita de subsidios para la energía y el agua principalmente. Todos elementos necesarios al momento de diseñar los costos y precios finales para esta temporada de verano, que a esta altura nadie sabe bien cómo se desarrollará.

Epígrafe: fotografía temática tomada de internet.

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Oscar Alejandro Degiusti, licenciado en Turismo.
Docente en la Cátedra Turismo Ecológico de la Multiversidad Popular.