El juez César Jiménez abordó temas candentes sobre la edad de imputabilidad, el garantismo en la justicia y la labor del Comité franciscano Copaju, durante una entrevista con Ariel Sayas para Canal 4 Posadas Trinchera de San José. Promueven, dijo, una justicia más equitativa y compasiva en América Latina.

Martes 18 de marzo de 2024. El juez Correccional y de Menores de Posadas, César Jiménez, desacreditó la recurrente idea de que la mayoría de la sociedad respalda la reducción de la edad de imputabilidad y recordó que en los debates, la abrumadora mayoría de asociaciones profesionales se opone a esta medida, destacando que la solución a los problemas de los menores con la justicia no reside en castigos más severos sino en políticas públicas efectivas que aborden las causas subyacentes de la delincuencia juvenil, como la adicción y la falta de acceso a servicios básicos. Para este profesional, la baja de la edad de imputabilidad no es una solución realista.
En cuanto al garantismo en la Justicia, el juez Jiménez explicó que su aplicación no es una elección personal sino un mandato constitucional y legal, al tiempo que rechazó las críticas que lo acusan de ser garantista, argumentando que su deber es aplicar la ley y la Constitución de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos sociales y económicos de todos los ciudadanos, según expresó en una entrevista con Ariel Sayas para el programa Actualidad Cuatro, de Canal 4 Posadas.
En relación al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), Jiménez destacó su importancia como organismo que promueve justamente los derechos sociales y económicos desde una perspectiva franciscana. Explicó, en ese sentido, que el Papa Francisco respalda esta iniciativa a la que considera una herramienta crucial para garantizar la protección de los derechos más vulnerables.
Respecto al futuro de este comité, el juez indicó que están en proceso de institucionalización, estableciendo sedes en Argentina y Brasil. Subrayó que seguirán las directrices del Papa Francisco en su labor por promover la justicia social y económica en la región.

César Jiménez en Canal 4 Posadas

-¿Qué le pasa cuando por lo menos una vez por año aparecen estas ideas de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, incluso a 13 años, en la Argentina?
-Esto es una especie de chivo expiatorio que padece siempre la sociedad política. Cuando fui invitado por primera vez a este tipo de debate fue en la presidencia de Mauricio Macri. El entonces ministro de Justicia (y Derechos Humanos de la República Argentina), Germán Garavano nos invitó a participar en el Ministerio de Justicia. Éramos unas 76 asociaciones, entre ellas la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) que yo presidia. De los 76, 75 dijeron “no” a bajar la edad de imputabilidad. O sea que esa idea de comunicar que una sociedad mayoritaria está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad es una falacia porque la mayoría -había psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, médicos; una representación social muy importante- dijo que no. Así que yo me resisto a creer que esa mirada es producto de un sector mayoritario de la sociedad, me inclino a pensar que es producto de un sector minoritario que siempre tiene más relación con la penalización, con la reacción como sociedad contra el delito, que cree que la solución está en bajar la edad de imputabilidad, en mayor pena, en agravamiento de la pena, y la solución no está ahí; cuando pensamos que esa es la solución nos estamos equivocando. En principio porque las estadísticas lo demuestran: de cada diez delitos cometidos, uno es cometido por un infractor a la ley penal y la mayoría de los delitos cometidos por ellos son contra la propiedad, y cuando hablo de este tipo de escenario, de la población juvenil que comete un ilícito penal, también tengo que decirte que hay un plus, que es la adicción. La última estadística de mi juzgado me dice que el 100 por ciento de los delitos cometidos en mi último mes de turno, en diciembre, fueron cometidos por jóvenes adictos. La solución son políticas públicas claras, serias, donde prevengamos esta posibilidad de delitos a través de una institución que se hace cargo. De hecho, en Misiones y lo estamos haciendo bastante bien, ya que bajó la cantidad de niños y adolescentes que cometen ilícitos penales. Entonces concluyo que están buscando una medida que no abarca al problema real; creer que la seguridad se resuelve bajando la edad de imputabilidad o bajando la pena es una falacia, es una ficción. Pensemos en serio que tenemos que aplicar políticas públicas en serio. Estamos hablando de un sector empobrecido de la sociedad del 60 por ciento, y si bien siempre tuve la oportunidad de decir que judicializar la pobreza es un error, no es menos cierto que hoy pobres contra pobres se están matando y robando. Pasa en los sectores más empobrecidos, donde son vecinos, amigos; esto sucede. No porque vamos a solucionarlo agravando la pena, sino porque carecen obviamente de salud, de educación, de políticas públicas serias, de alimentación, carecen de derechos sociales y económicos donde cada vez están más lejos y es menos posible la reacción de los gobiernos frente a esta situación. Entonces pensar una vez más que bajar la edad de imputabilidad es la solución es una mentira.

-Del otro lado puede haber televidentes que dicen, con todo respeto, que “Jiménez es garantista”, porque los medios de comunicación, sobre todo porteños, esta cuestión del garantismo y que no los meten presos y los sueltan…, como discusión está sobre la mesa de trabajo ¿Cómo lidian con la opinión pública?
-Yo le diría a este tipo de mirada que el garantismo no es algo personal o de la justicia, sino que es de la ley, está en la Constitución, en la legislación; nosotros somos organismos de aplicación de la ley, así es que si no lo hacemos, estamos cometiendo un delito nosotros. Cuando yo digo que un niño que comete un ilícito penal no puede ir a la alcaidía de menores porque eso es para los de 16, 17 años que cometen ilícitos, es porque la ley me está diciendo que no es punible. Así es que esa mirada de que entran por una puerta y salen por otra es simplemente la aplicación correcta de la ley y de la Constitución; y de los derechos sociales y económicos. Cuando estamos aplicando la ley y la Constitución, estamos actuando conforme al derecho. El garantismo mirado peyorativamente como lo hacen algunos sectores hegemónicos de la sociedad y de la comunicación, obviamente están diciendo una aventura jurídica porque el garantismo está dentro de nuestra Constitución; entonces, que modifiquen la Constitución y para eso está el Parlamento. Ojo, yo estoy de acuerdo con que haya un nuevo régimen penal juvenil, estoy de acuerdo con que la Ley 22278 y 22803 que viene de la dictadura cívico militar está en desuso, ya no puede aplicarse más, pero tengo otras herramientas que son los estándares internacionales, tengo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces pensemos en serio en debatir un nuevo Régimen Penal Juvenil.

-¿Qué hay que incorporar o sacar a ese Régimen Penal Juvenil?
-En principio, es un debate que tiene que dar el Congreso Nacional porque es una ley nacional, esa ley 22278 que era decreto ley y después se transformó en ley y se incorporó como legislación especial en nuestro Código Penal, eso tiene sus tratamientos en los debates del Congreso de la Nación. Hay que incorporar los estándares internacionales, además tenemos que incorporarlos porque nosotros firmamos esos tratados; somos país signatario, según el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional está dentro de la Constitución, así que no es que a mí se me ocurre incorporarlo, sino que así lo dice la Constitución. Por otro lado, terminando el tema de bajar la edad de imputabilidad, el Comité Internacional de los Derechos del Niño que tiene su sede en Ginebra tiene ampliaciones de lo que dice la Constitución, declaraciones que son debatidas: una de ellas establece que en todo país donde hay una edad mínima de imputabilidad no puede bajarse, aunque sí puede subirse. Así que encima estaríamos desoyendo un tratado internacional con rango constitucional.

-Hace algunos días, después del encuentro del Papa Francisco con Javier Milei, luego de la reunión el Papa volvió a ratificar lo que siempre dice, su mirada sobre la economía, los derechos sociales. Usted integra la Comisión Promotora del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, el Copaju…
-Así es; se constituyó en 2019 en el Vaticano, donde estuvo el Papa Francisco y donde firmamos el acta fundacional. Es la integración de varios países dentro de la organización: Perú, Paraguay, México, Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. Copaju tiene integraciones de cada país que se llaman capítulos, donde cada país tiene su propio capítulo. El argentino está integrado por siete jueces, cinco son de CABA y AMBA, una es una Ministra Superior de Tribunal de Justicia de Santa Fe y el séptimo soy yo. Es una especie de relatoría de la República Argentina que integra Copaju. Lo que sucedió a partir del quirógrafo papal de 2023 es que Copaju tuvo personalidad jurídica de derecho canónico, esto es un quirógrafo del Papa que lo determinó de esta manera y le dio ese estatus jurídico; no solamente al Copaju sino también al Instituto de Investigación Jurídica Fray Bartolomé de las Casas, que es un instituto que tiene a su cargo la investigación y el debate jurídico que tiene su sede en Buenos Aires y en Brasil, presidida por el doctor Raúl Zaffaroni, integrada también por algunos de nosotros. Copaju tiene su sede desde el 2 de marzo en Buenos Aires: el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires cedió un espacio muy importante para la sede propia del Copaju en Buenos Aires.

-¿Ese instituto tiene que producir conocimientos académicos?
-Así es, toda la producción académica está a cargo del Instituto; aparte de la dirección del doctor Raúl Zaffaroni, del doctor Aberto Filippi que es un profesor de Filosofía del Derecho en Italia, del doctor Marcelo Suárez Orozco que es uno de los encargados de la Academia Pontificia, hay 19 académicos y jurisconsultos que la integran. Entonces todo lo que podamos producir a partir de ahí a través del conocimiento, de la capacitación y de la señalización permanente de la temática que lo hace Francisco, lo hacemos a través de estos institutos.

-¿Por qué llega usted a la doctrina franciscana?
-Yo fui convocado en 2019 y en 2023 en el Vaticano, primero trabajando en esta organización que presido hasta el día de hoy, la Ajunaf (Asociación de Justicia de Menores y Familia de Argentina). Fui invitado en una primera oportunidad, éramos 174 jueces de toda América invitados; en la segunda oportunidad Francisco redujo a 74. En las dos oportunidades estuvimos presentes, en la segunda no pudimos verlo al Papa porque tuvo gripe, pero mandó su mensaje como hace siempre.

-¿Por qué hay una apuesta muy fuerte de Francisco a Copaju?
-Porque Francisco ve en jueces y juezas que estamos vinculados con la mirada franciscana y los derechos sociales, una oportunidad, como el último recurso y garantía de que no se vulneren los derechos sociales y económicos. Él lo dice: “los jueces y las juezas que no sienten el dolor ajeno y el reproche social no puede honrar jamás su cargo”. Es decir que él ve en este grupo de magistrados y magistradas la posibilidad seria y última de cumplir con los derechos sociales y económicos.

-¿Cómo siguen las actividades en el Copaju?
-Hace 15 días tuvimos la segunda parte que es la institucionalización, es decir, tener nuestra propia sede en Argentina y otra en Brasil. Obviamente vamos a esperar qué nos diseña Francisco para seguir, porque en definitiva él es quien dirige nuestras acciones y nosotros las llevamos a cabo.