Las charlas de quinchos misioneros y otros espacios de reunión versó, esta semana, sobre la crisis económica, la desigualdad, los despidos y las propuestas económicas de Javier Milei. Con el marco del aniversario número 42 del golpe cívico militar eclesiástico de 1976, volvió el análisis con un enfoque multidisciplinario que rescata conceptos de la sociología, la política, la cultura, la antropología y la propia economía popular. Mientras los medios de comunicación hablaron sobre la necesidad de una mayor participación y representación de la sociedad civil en el proceso político, con el objeto de garantizar que las políticas y decisiones gubernamentales reflejen verdaderamente las necesidades y aspiraciones del pueblo, los quinchos que quedaron activos —muchos con las parillas apagadas por el fin de semana largo— sobrevolaron los temas de la coyuntura nacional y local.

Domingo 31 de marzo del año 2 de JMilei.
Las crisis económicas tienen un impacto devastador en los pueblos, especialmente en aquellos que se encuentran en situaciones precarias, como la Argentina de los últimos años. Estas crisis suelen conducir a una mayor desigualdad económica, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. La pérdida de empleos, la disminución de salarios y el aumento de los precios de los productos básicos hacen que sea aún más difícil para las clases medias y sobre todo, las clases bajas, que no logran mantener un nivel de vida digno.
Desde una perspectiva sociológica, estas crisis aumentan la marginalización y la exclusión social. Las personas que ya estaban en riesgo de caer en la pobreza se ven empujadas aún más hacia ese abismo económico, lo que a su vez puede tener consecuencias negativas en su salud mental y bienestar emocional. Las crisis económicas, también, suelen exacerbar otras formas de desigualdad, como la discriminación racial, de género o de clase, lo que profundiza todavía más las brechas sociales.
Si a ese combo se le agrega el odio –sobre todo hacia los sectores populares– como práctica social, solo se exacerban los problemas existentes y socavan aún más el tejido social y político de la comunidad. Hace tiempo, las redes sociales recogen una práctica de los medios de comunicación, de los sectores medios acomodados desde lo económico, de la política y de otras áreas desde donde propician la falta de valores de tolerancia, inclusión y solidaridad como base para abordar los problemas socioeconómicos y construir sociedades más justas y cohesionadas.
Insólito, y a la vez, real.
Pero las prácticas políticas de aquellos espacios que se identifican como antipopulares —se dicen antipopulistas, con una resignificación del término populista que lo ubicó en el centro de los sinónimos estigmatizantes y con connotaciones descalificantes— suelen ponerle atención exclusiva a los sectores pudientes, atendiendo con prioridad los intereses de estos, en franco detrimento del resto: entonces, la situación se agrava en los sectores medios y bajos.
En Argentina, hubo —hay— gobiernos con políticas que tienden a beneficiar a aquellos que ya tienen recursos y poder, dejando de lado las necesidades básicas de los grupos más vulnerables: el país ve, por estos días, estas prácticas, con una fuerte dosis de descalificaciones y de odio a los sectores que necesitan la asistencia del Estado para sobrevivir. También lo necesitan las empresas que facturan al Estado hasta cuatro o cinco veces por encima de los valores reales y ahí, nadie se escandaliza. Es que el sistema funciona lo suficientemente bien aceitado para que el foco esté solamente en los sectores populares y no en los empresariales. Pero ese es un tema para otro análisis.
Ante esta situación de desequilibrio político, se podría interpretar que las élites de Gobierno están desconectadas de las necesidades del pueblo pero en realidad, la derecha y la extrema derecha vienen a salvaguardar los recursos de sus pares, de las castas que conforman. Ahí está la casta. Lo está demostrando, incluso, el Gobierno de Javier Milei que mientras distrae con pavaditas y cacareos –y algunos males mayores como los despidos y los festejos de los despidos–, resguarda los intereses de los que nunca pierden y pulveriza los ingresos de los que siempre pagan los platos rotos. Y pagan las fiestas. Y pagan los viajes al exterior, a los de siempre.
Lo dice bien la nota de Misiones Plural que rescata, como testigo, el debate y las palabras del militante y empresario posadeño Carlos Valenzuela, en una charla de viejos amigos que suelen analizar el contexto político: MP describe el debate en un quincho de lunes entre un grupo de amigos que provienen de diversos sectores políticos y sociales, incluyendo peronistas, radicales, desarrollistas, empresarios y sindicalistas, donde Carlitos Valenzuela hizo hincapié en la importancia de no caer en discusiones sobre el pasado que desvíen la atención del presente. Mientras algunos participantes de la tertulia expresan su indignación por la postura del Gobierno de Milei respecto a la memoria histórica y acusan una ofensiva destinada a romper el pacto democrático, Valenzuela dijo que la principal contradicción política está en el plan económico actual y para distraer, la estrategia del Gobierno para desviar la atención de temas como la pobreza, la inflación, la falta de medicamentos y el saqueo de fondos de jubilados, instala temas que tienen que ver con la sensibilidad pero no con el sustento de una Nación. La estrategia, manipular desde las emociones populares para agitar la división mientras instalan una «guerra cultural» que busca fragmentar la sociedad. Mientras lamentan la pérdida de empleo para miles de trabajadores estatales, están destruyendo el mercado interno –vital para el desarrollo económico– para que los poderes económicos de la burbuja empiecen con las importaciones y se apoderen de los mercados, sin Estado presente, es decir, sin controles.

Saqueos y ausencia del Estado
La explotación de los sectores más vulnerables de la sociedad para el beneficio de unos pocos es una dinámica profundamente arraigada en muchas economías, tanto en América Latina como en Europa. En algunos casos, esto se manifiesta a través de la extracción de recursos naturales, donde las empresas y los intereses corporativos obtienen ganancias a expensas de las comunidades locales y del ambiente.
Desde una perspectiva económica, es una de las patas de la acumulación de capital a costa de la explotación laboral y la degradación ambiental. La falta de regulación y supervisión por parte del Estado agrava esta situación, pero sobre todo, les permite a los grupos empresarios de poder que actúen de manera impune en sus búsquedas de ganancias a corto plazo y a cualquier precio.
En algunas sociedades, como en la Argentina del 2001, cuando estas injusticias económicas y sociales se vuelven insostenibles, aparecen los estallidos sociales, que comienzan con protestas y el ajuste extremo adentro de los hogares, para salir después a las calles en forma de protestas, disturbios civiles o incluso revoluciones. Si no hay respuestas por parte del Estado, la situación se exacerba y se vuelve insostenible poque empieza a perpetuar el ciclo de desigualdad y exclusión al que el pueblo no quiere pertenecer.
Y cuando el Estado responde con represión –como prometió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, siempre ligada a los gobiernos antiderechos de la Argentina– en lugar de abordar las demandas legítimas de la población, la situación tiende a empeorar.
“Es fundamental que los gobiernos reconozcan y respondan de manera efectiva a las necesidades de todas las personas, especialmente de aquellas que históricamente han sido marginadas y oprimidas”, ensaya un treintañero que da sus primeros pasos en la política. “Si, de manual lo tuyo. Pero estos son la derecha conocida”, le retruca un viejo sabio de la política local.

Mientras tanto

Mientras tanto, en un quincho entusiasta con Milei, destacaban el pedido del Presidente con los argentinos cuando habló de la necesidad de compromiso con sus medidas económicas y que incluyó el mensaje directo a las provincias para que también agarren la motosierra y lleven adelante sus recortes, según sugiere la metáfora. Y se mostraron de acuerdo –al menos eso dijeron– con el pedido que también planteó sobre la necesidad de que los argentinos saquen sus ahorros de los colchones. En un foro económico internacional, estimó que con los ahorros en moneda extranjera que los argentinos guardan fuera de los sistemas financieros (o debajo del colchón como sugiere una figura muy usada en el país), la economía podría comenzar a funcionar. “Saquen los dólares que hay que remonetizar, mientras el Gobierno nacional controlará aún más la emisión”, dijo, entre palabras más y palabras menos, dejando latente la idea de repatriar ahorros dispersos por el planeta.
El sábado a la siesta, en un quincho ituzaingueño (¿O será ituzainguense?) con vista al Paraná y al paredón de la represa de Yacyretá, un grupo analizaba el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) relacionado con las jubilaciones, que no logró resolver la emergencia previsional como se esperaba. Un conocedor de la política nacional explicó que el ajuste por inflación se aplicará recién a partir de julio y que esa medida, por lo tanto, genera indignación sobre todo porque tira hacia adelante una necesidad urgente y además, no recompone los 30 puntos perdidos desde diciembre a marzo. Y disparó el debate: algunos aseguraron que habrá acciones legales de algunas provincias, como el gobernador santafesino Pullaro, que y avisó sobre la judicialización del recorte de fondos para la tercera edad. ¿Pero puede judicializar? —preguntó uno—. “Ma vale: el DNU ahora representa un instrumento legal que puede ser judicializado, antes de ser solo una retención indebida de fondos”, acotó otro.
El viernes a la noche, un quincho del macrocentro posadeño —no muy alejado—, albergó una juntada regada con cerveza artesanal de jóvenes que se están reuniendo a conversar, mientras aprenden sobre política partidaria renovadora e intentan descifrar las consignas de los discursos: la participación de los jóvenes y la difusión de la conformación misionera por edades, en una Misiones que se destaca por tener el mayor porcentaje de población joven del país, con más del 40% de su población con menos de 18 años. Este contexto llevó al Gobierno local a implementar políticas específicas dirigidas al sector, con la educación innovadora y gratuita como bandera, con programas como la escuela de robótica y la secundaria de innovación, además de otras políticas que los pone en el centro de la escena. “No se olviden de esto, eh”, repetía uno de los más veteranos.