«El apoyo a la Ley de Bases será la devolución en el sentido de lo que votó la gente, con algunas diferencias y correcciones, pero todas reducidas al acompañamiento de una herramienta fundamental que pide el presidente para que el país termine y se supere rápido esta etapa de recesión y de ajuste a la clase media principalmente. En lugar de oponerse como hizo la mayoría, la Renovación decidió darle gobernabilidad y facilitar la marcha de la gestión nacional, con la actitud de siempre, basada en acuerdos de alta política con los actores principales que reconocen la importancia de la Provincia, como fue Guillermo Francos», dicen en el Gobierno de Misiones. En esta nota, los puntos claves del dictamen y cómo quedó la Ley Ómnibus.

Sábado 28 de abril de 2024. Misiones acompañará la Ley Bases de Milei después del acuerdo político que alcanzaron con Guillermo Francos, el ministro del Interior, que la semana anterior se reunió en Posadas con Carlos Rovira, Hugo Passalacqua y Leonardo «Lalo» Stelatto y que destrabó, aseguran, construcciones paralizadas y activó -al menos administrativamente- los fondos adeudados de la Nación, además de las coincidencias con el modelo económico local de equilibrio fiscal que tiene Misiones y que Javier Milei pregona como solución para la crisis argentina.
«El apoyo a la Ley de Bases será la devolución en el sentido de lo que votó la gente, con algunas diferencias y correcciones, pero todas reducidas al acompañamiento de una herramienta fundamental que pide el presidente para que el país termine y se supere rápido esta etapa de recesión y de ajuste a la clase media principalmente. En lugar de oponerse como hizo la mayoría, la Renovación decidió darle gobernabilidad y facilitar la marcha de la gestión nacional, con la actitud de siempre, basada en acuerdos de alta política con los actores principales que reconocen la importancia de la Provincia, como fue Guillermo Francos», dicen en el Gobierno de Misiones.
Este acompañamiento se sustenta en la idea de llevar adelante una «oposición inteligente, como lo hizo siempre, priorizando lo mejor para los misioneros, con autonomía política ante la nación, dándole la herramienta para salir de la crisis y llevar adelante acuerdos que representen obras y fondos para Misiones», dicen puertas adentro de la Renovación, mientras recuerdan la estrategia de mantenerse colaborativos con los diferentes gobiernos nacionales.
También trascendió que en los encuentros que Guillermo Franco mantuvo con referentes de la política misionera, dijo -según fuentes del Gobierno local- que el presidente Javier Milei no busca gobernadores ni legisladores propios «porque la experiencia del bloque libertario muestra internas permanentes y peleas de poder» y por lo tanto, «prefiere tener diálogo directo y buscar consenso con provincias como Misiones, que tienen autonomía política y saben en qué momentos acordar para obtener beneficios para la gente».
En clave de análisis, la Renovación explica también el espacio que le ofrece hacia adentro y el acompañamiento hacia afuera que le dan a la juventud liberal, de contención, ya que actúa como un paraguas desde su conformación, con radicales, peronistas, independientes, libertarios, conservadores, y sectores de la derecha y de la izquierda.

Los puntos claves del dictamen

Para avanzar con el tratamiento de la nueva Ley Bases, previsto para esta semana, el Gobierno tuvo que hacer concesiones a la oposición para no correr riesgos en el recinto, pero igualmente quedó un texto voluminoso de 140 artículos.
El dictamen de mayoría del oficialismo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es una versión acotada respecto del texto que se desmoronó el 5 de febrero pasado cuando el presidente Javier Milei ordenó, a la distancia, la vuelta en comisión, dice el artículo de Sebastián Hadida para Noticias Argentinas.
El oficialismo debió sacrificar artículos hasta el último minuto, por diferencias con la oposición dialoguista, para no exponerse a derrotas en el recinto en el tratamiento en particular. No obstante, tras los recortes y retoques quedó un texto voluminoso, de 240 artículos y 162 páginas.
Por insistencia de la UCR se quitó al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización parcial, al igual que todas sus empresas subsidiarias como Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Bursátil y Nación Servicios.
El capítulo de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. En este sentido, ganó la pulseada el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, que no quería abrir un frente de conflicto con los sindicatos, ya que en la propuesta original estaba la idea de eliminar las cuotas solidarias obligatorias para los no afiliados.
También se decidió quitar del articulado el capítulo entero de Defensa de la Competencia porque el Gobierno consideraba que en el actual escenario signado por sospechas de cartelización de empresas de medicina prepaga, con las modificaciones propuestas el Estado perdería poder de fuego pára poder combatir estas prácticas abusivas de mercado.
A su vez, se eliminó el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones, ya que había quienes desde la oposición presionaban para que antes de liquidar acciones se obligue al Estado nacional a saldar deudas previsionales con las provincias.

Cómo quedó la ley ómnibus

El artículo 1 consiste en la declaración de la emergencia en cuatro materias: económica, administrativa, energética y financiera (es decir que produce un recorte respecto de la versión del verano cuando estaban la de seguridad y tarifaria). Esta disposición le da facultades delegadas al Poder Ejecutivo para poder tomar resoluciones en cada uno de estos planos.
La ley sigue con un capítulo de reforma del Estado donde lo más relevante es el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo eliminar reparticiones públicas, suprimir competencias y funciones de esos organismos, fusionar estructuras, disolver parcial o totalmente organismos de la administración central o descentralizada.
No obstante se incluyó una lista de organismos que quedan a salvo de cualquier intento de disolución.
En la versión anterior, solamente se consignaban allí entre las excepciones al Conicet, el INTA y las universidades nacionales.
Por presión de los bloques opositores se añadieron a ese listado otros organismos como la CONEAU, CONAE, Instituto Malbrán, INCUCAI, INCAA, ANMAT, ENACOM, la CNV y la UIF.
Enmarcado en el mismo título de “Reforma del Estado” se encuentra el artículo 5 que autoriza al Poder Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”.
Por pedidos de la oposición dialoguista se efectuaron retoques para garantizar que los recursos de aquellos fideicomisos que se financian con asignaciones específicas de impuestos coparticipables, vuelvan a la masa coparticipable, y solamente los fondos del resto de los fideicomisos que se liquidan vuelvan al Tesoro.
En cuanto al capítulo de privatizaciones, se declaran empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, e Intercargo SAU, mientras que se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
En tanto, se declara empresas sujetas a privatización parcial a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), que en caso de que una parte de sus acciones sean trasferidas el Estado deberá conservar la mayoría societaria. En este grupo estaba incluido el Banco Nación, pero fue retirado del listado y no será privatizado.
El otro tema conflictivo que estuvo en la baraja hasta último momento es la reforma laboral, que quedó reducida a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones), y la derogación de multas por no registración laboral.
En cuanto a los períodos de prueba (comúnmente llamados “pasantías”), que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.
La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.
Otro aspecto fundamental de la ley Bases es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.