La historia nos enseña que la ultraderecha estuvo, históricamente, asociada con regímenes políticos caracterizados por la represión, la discriminación y la erosión de las libertades civiles. A lo largo del siglo XX, vimos cómo regímenes de este corte surgieron en distintas partes del mundo, sembrando el temor y la división, y dejando cicatrices profundas en la sociedad y en la memoria colectiva.
Lunes 6 de mayo de 2024. En el complejo entramado político del siglo XXI, los principios fundamentales de los derechos humanos y la democracia se encuentran bajo un escrutinio sin precedentes. La ascensión de movimientos políticos de ultraderecha en diferentes partes del mundo, plantean desafíos significativos para estas piedras angulares de la convivencia civilizada y la justicia social. Argentina, lamentablemente, no ha escapado a esta tendencia, y enfrenta el reto de preservar y fortalecer estos valores en un contexto político marcado por un gobierno que abraza una ideología de corte autoritario y excluyente.
La historia nos enseña que la ultraderecha estuvo, históricamente, asociada con regímenes políticos caracterizados por la represión, la discriminación y la erosión de las libertades civiles. Por eso Patricia Bullrich se siente tan a gusto como ministra de Defensa del Gobierno de Javier Milei. A lo largo del siglo XX, vimos cómo regímenes de este corte surgieron en distintas partes del mundo, sembrando el temor y la división, y dejando cicatrices profundas en la sociedad y en la memoria colectiva. Desde el nazismo en Alemania hasta las dictaduras militares en América Latina, la ultraderecha dejó un legado de sufrimiento humano y destrucción institucional.
En el contexto contemporáneo, la amenaza que representa la ultraderecha para los derechos humanos y la democracia no se deben subestimar. Bajo el pretexto de defender la seguridad nacional o los valores tradicionales, los líderes y movimientos ultraderechistas buscan socavar las instituciones democráticas y consolidar su poder a expensas de los derechos y libertades de los ciudadanos. La retórica populista y xenófoba se convierte en una herramienta para dividir a la sociedad y justificar políticas que vulneran los derechos fundamentales de grupos minoritarios y marginados.
En Argentina, el ascenso de un gobierno de ultraderecha genera preocupación entre aquellos sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. Las políticas que priorizan el orden y la autoridad, el mercado y el dinero por sobre la justicia y la igualdad amenazan con socavar décadas de avances en materia de derechos humanos y profundizar las divisiones sociales. La falta de transparencia y la concentración del poder en manos de unos pocos representan un desafío directo para la salud de nuestras instituciones democráticas y la salud del estado de derecho.
En este contexto, es imperativo que la sociedad argentina se mantenga vigilante y movilizada en defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. La resistencia civil y la participación ciudadana activa son herramientas esenciales para contrarrestar los intentos de erosionar las libertades y consolidar un poder autoritario. La solidaridad entre los diferentes sectores de la sociedad, basada en el respeto mutuo y la búsqueda del bien común, es crucial para enfrentar los desafíos que se avecinan.
Pero también es fundamental que las instituciones democráticas, incluidos los medios de comunicación y la sociedad civil organizada, cumplan con su papel de contrapeso al poder y defiendan los principios democráticos y los derechos humanos frente a cualquier intento de menoscabarlos. La rendición de cuentas y la transparencia son pilares indispensables para garantizar la integridad de nuestras instituciones y la confianza en el sistema democrático.
