El referente de derechos humanos en Misiones, Raúl «Rulo» Báez, cuestionó duramente a la vicepresidenta Victoria Villarruel por su discurso en el Senado, donde impulsó la reapertura de causas vinculadas a crímenes cometidos por organizaciones civiles en los años 70. Báez alertó sobre el avance del negacionismo y señaló que este tipo de discursos buscan relativizar las atrocidades de la última dictadura en Argentina, poniendo en riesgo los logros en materia de derechos humanos alcanzados desde la recuperación de la democracia.

Jueves 29 de agosto de 2024. El referente de derechos humanos de Misiones, Raúl “Rulo” Báez respondió con dureza el reciente discurso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en un acto en el Senado impulsó la reapertura de causas vinculadas a crímenes cometidos por organizaciones civiles durante los años 70. Báez, expreso político durante la última dictadura cívico-militar-religiosa, calificó las declaraciones de Villarruel como «parciales» y dirigidas a un público que busca relativizar las atrocidades cometidas por el Estado durante ese período oscuro de la historia argentina.
Villarruel, conocida por su postura en defensa de las víctimas de las guerrillas, afirmó en el Senado que «los Montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra Nación». En su discurso, aseguró que su lucha se centra en buscar justicia para quienes fueron atacados por organizaciones armadas en los años 70, y que la única manera de alcanzar la unidad nacional es mediante el encarcelamiento de los responsables. «Argentina merece no ser un nido de impunidad», expresó la funcionaria.
Sin embargo, Báez no tardó en responder a estas declaraciones a través de una conversación con el periodista Ariel Sayas, en Canal 4 Posadas, donde acusó a Villarruel de intentar reescribir la historia con un enfoque negacionista. «Ella habla de los últimos 20 años, pero la violencia política en Argentina comenzó mucho antes, impulsada por el mismo sector que ella defiende. No se trata solo de los crímenes de la dictadura, sino de décadas de represión que aún siguen siendo ignoradas», enfatizó Báez. También recordó que, durante el gobierno de Mauricio Macri, se intentó implementar el beneficio del «dos por uno» para reducir las penas de los condenados por delitos de lesa humanidad, pero que el pueblo argentino se opuso masivamente.
Báez advirtió que el discurso de Villarruel podría ser un preludio a nuevos intentos de liberar a aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad, utilizando diversas estrategias legales. «Este discurso no tiene sustento. Habla de reabrir causas, pero ni siquiera los jueces de la dictadura, que juraron por el estatuto de Reorganización Nacional ni los jueces de la democracia iniciaron nuevas investigaciones ni existen causas abiertas. Todo esto parece más un intento de apaciguar a aquellos que están cumpliendo sus penas en prisión», agregó.
Rulo Báez, expreso político, también destacó la importancia de los movimientos sociales que se consolidaron en Argentina en defensa de los derechos humanos, y rescató la consigna del «Nunca más» que fue adoptada como un patrimonio nacional por el pueblo argentino. «Estamos en alerta, pero confiamos en que el pueblo argentino no permitirá que estos genocidas sean liberados. El delito continúa porque ellos no han revelado el paradero de los desaparecidos ni de los niños apropiados. La lucha por la verdad y la justicia sigue siendo vital», dijo.
Finalmente, Báez recordó que a partir del año 1983 con la recuperación de la democracia, “donde el pueblo recuperó todos los derechos civiles y políticos, los dos únicos hechos violentos en los últimos 41 años de democracia fueron la desaparición de Julio López, quien declaró en el juicio contra el comisario genocida (Miguel) Etchecolatz, y el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner (entonces vicepresidenta), cuya investigación y juicio se está desarrollando y donde están comprometidos sectores antidemocráticos”, concluyó.

Hay 636 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad
La página digital Fiscales.Gob.ar (que difunde noticias del Ministerio Público Fiscal) da cuenta en un informe de que hay 636 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, donde 508 están con arresto domiciliario y otros 128 en instituciones penitenciarias.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicó las estadísticas que muestran la situación actual de los condenados por delitos de lesa humanidad en Argentina. De las 636 personas detenidas, 508 cumplen arresto domiciliario, reflejando la consolidación de esta modalidad como la más común para el cumplimiento de penas y prisiones preventivas. La mayoría de estas personas son mayores de 70 años, con 389 de los 504 condenados cumpliendo su sentencia en sus hogares.
Estos datos, que reflejan la realidad judicial post-dictadura, contrastan fuertemente con el discurso de Villarruel, quien busca reabrir causas de hace casi medio siglo. Según la Procuraduría, desde 2006 se ha investigado a 3746 personas, de las cuales 1187 han sido condenadas. La mayoría de los procesados y condenados por estos crímenes son personas de avanzada edad, lo que ha motivado un aumento en las concesiones de arresto domiciliario por razones humanitarias.
El debate sobre cómo se debe recordar y juzgar el pasado sigue siendo una cuestión profundamente divisiva en Argentina, y la reciente intervención de Villarruel en el Senado, junto con la reacción de figuras como Rulo Báez, refleja la intensidad de estas diferencias. Mientras algunos buscan justicia por crímenes cometidos hace décadas, otros temen que estos intentos puedan ser utilizados para socavar los logros obtenidos en materia de derechos humanos desde la restauración de la democracia.

La nota de Fiscales
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presenta estadísticas sobre el rango etario, la modalidad de arresto y la situación procesal de las personas detenidas, investigadas por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado. La oficina especializada pone el foco sobre la porción de privados/as de la libertad y permite visualizar, dentro de ese contexto, un aspecto del que vienen dando cuenta los informes periódicos de la Procuración General de la Nación: la consolidación de la prisión domiciliaria como modalidad de cumplimiento de prisiones preventivas y penas de prisión.
De acuerdo con las estadísticas elaboradas por la procuraduría con base en la información proporcionada por las fiscalías federales y unidades especializadas de las diferentes jurisdicciones del país, en la actualidad hay 636 personas detenidas, de las cuales 508 se encuentran en arresto domiciliario y 128 se encuentran bajo custodia penitenciaria. En este universo de privados y privadas de la libertad, 504 cuentan con condenas, 127 están procesado/as y 5 fueron indagados/as y aguardan la resolución de su situación procesal.
Entre los/as 504 condenados/as, 389 se encuentran en arresto domiciliario; y entre las/os 127 procesados/as, la cifra es 115. En tanto, a 4 de las 5 personas indagadas les fue concedida la detención en su lugar de residencia. La procuraduría aclaró que, en este contexto, 2 personas que fueron condenadas se encuentran en libertad en los procesos en los que se les impuso pena de prisión, pero continúan detenidas por estar procesadas con prisión preventiva en otras causas.
Estas cifras se dan en un marco en el que desde 2006 se investigó a 3746 personas y recibieron condena 1187, de acuerdo con el último informe estadístico -difundido en junio pasado- sobre el estado de los procesos por crímenes de lesa humanidad.

Rangos etarios
La procuraduría estableció distintos niveles etarios para clasificar a las personas investigadas por crímenes de lesa humanidad y analizar su modalidad de arresto y su situación procesal:
• Personas de hasta 69 años: Son 25, de las cuales 12 están en prisión domiciliaria y 13 en instituciones penitenciarias. Se desagregan en 10 personas procesadas, 14 condenadas y 1 indagada.
• 70 a 75 años: Son 216. Entre ellas, 151 están detenidas en sus domicilios y 65 en instituciones penitenciarias. Este universo está compuesto por 51 personas procesadas, 164 condenadas y 1 indagada.
• 76 a 80 años: Son 184, de las cuales 154 están detenidas en su lugar de residencia y 30 en instituciones penitenciarias. En este contexto, son 35 personas procesadas, 146 condenadas y 3 fueron indagadas.
• 81 a 85 años: Son 111; 96 en arresto domiciliario y 15 en instituciones penitenciarias. Del total, 19 están procesadas y 92 recibieron condena.
• 86 a 90 años: Son 69; 65 en arresto domiciliario y 4 en instituciones penitenciarias. Las personas condenadas de este grupo son 64. Las 5 restantes están procesadas.
• 91 años o más: Son 31 en total, de las cuales 30 permanecen en arresto domiciliario (7 procesadas y 23 condenadas) y 1 en una institución penitenciaria (condenada).