La problemática del alquiler en Posadas afecta principalmente a estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores, quienes destinan gran parte de sus ingresos a solventar el techo donde vivir. La falta de regulación y la derogación de la Ley Nacional de Alquileres agravan la situación. “Tenemos que empezar a pensar en políticas públicas que apunten principalmente a un prerrequisito, es decir, pensar en la vivienda como un derecho y no como una mercancía, y apostar a políticas públicas que vengan a suplir el vacío, el absoluto vacío, que dejó la derogación de la Ley de Alquileres”, dijo Carlos Posdeley, columnista de Plural, programa periodístico de Canal 4 Posadas.

Domingo 13 de octubre de 2024. Los estudiantes de Posadas enfrentan una grave crisis de alquileres que afecta principalmente a quienes vienen a la capital misionera a cursar sus estudios. Los precios, en su gran mayoría por encima de los 200 mil pesos mensuales y con la falta de regulaciones adecuadas tras la derogación de la Ley Nacional de Alquileres, los jóvenes destinan gran parte de sus recursos para el lugar donde viven, generando incertidumbre y desesperanza.
Posadas se consolidó como un importante polo educativo en la región, con diversas unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones, universidades privadas e institutos terciarios; las escuelas de policías y de penitenciarios, institutos de gastronomía y hasta de cursos sin avales oficiales que congregan a estudiantes de toda Misiones y de la región. Esta concentración de oferta educativa desató un problema crítico: el alquiler universitario, con valores prohibitivos para estudiantes y jóvenes trabajadores, según planteó Carlitos Posdeley en su columna de Plural, programa periodístico de Canal 4 Posadas.
Posdeley, a su vez estudiante de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, junto a sus compañeros y docentes, realizaron un diagnóstico detallado sobre esta situación. «El principal obstáculo es el precio», señaló Posdeley. «Un monoambiente dentro de las cuatro avenidas (centro de Posadas) cuesta entre 90 mil y 100 mil pesos, mientras que un departamento de un dormitorio alcanza hasta los 200 mil pesos en zonas como Villa Urquiza» (a unas quince cuadras del centro).
Con salarios promedio de 350 mil pesos para los jóvenes trabajadores, el alquiler representa el 60% de sus ingresos, dejando poco margen para otros gastos esenciales. Esta situación es aún más grave para los estudiantes, muchos de los cuales son hijos de familias trabajadoras del interior de Misiones y Corrientes. La falta de opciones económicas obliga a los estudiantes a compartir viviendas, aceptar contratos «en negro» y enfrentar inseguridades jurídicas.
La derogación de la Ley Nacional de Alquileres dejó a los inquilinos a merced de la ley del más fuerte, sin protecciones como contratos de tres años, aumentos regulados y un índice claro para ajustes de precios. «Los estudiantes no tienen el acompañamiento jurídico necesario y muchas veces desconocen los detalles de sus contratos, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad», explica Posdeley.
La angustia y desesperanza son sentimientos comunes entre los estudiantes. Según una encuesta de la Asociación de Inquilinos, más del 70% de las personas que alquilan sienten incertidumbre sobre su futuro. Esto se traduce en un impacto directo en la continuidad de los estudios universitarios, con muchos jóvenes abandonando sus carreras debido a los altos costos de vida y alquiler.
La respuesta a esta crisis pasa por la implementación de políticas públicas que reconozcan la vivienda como un derecho y no como una mercancía. «Es necesario que el Estado tome esta problemática, que invite a los actores a participar, y que la legislación contemple los intereses de estudiantes, dueños e inmobiliarias», propone Posdeley.
En Posadas, la falta de un seguimiento riguroso de la oferta de alquileres y la prevalencia de contratos irregulares dificultan la obtención de datos precisos sobre el mercado inmobiliario. Esto subraya la necesidad de un enfoque participativo y de abajo hacia arriba para la creación de políticas efectivas.
Esta es la primera columna de Carlos Posdeley, que se suma a los columnistas de Plural, programa que se emite por Canal 4 Posadas, los lunes de 19 a 20.

Carlitos Posdeley en Plural

-¿Con qué tema empezás tus columnas, Carlitos?
-Hoy traigo un prerrequisito básico para estudiar en Posadas, que es el tema de la vivienda y específicamente el alquiler universitario. Podríamos pensar incluso en el alquiler joven. Hoy venía pensando en cómo, hace 10 años, los jóvenes tenían el sueño de la casa propia con Cristina Fernández de Kirchner, y hoy los jóvenes tienen el sueño de independizarse. Pero para poder recortarlo un poco más y tener un poquito más de información precisa, te traje datos sobre lo que es puntualmente la problemática del alquiler en la población universitaria y de estudiantes de terciarios en Posadas.

-¿Es así, es una problemática?
-Es una problemática porque estamos hablando de que, desde que se derogó la Ley de Alquileres, es un mundo donde prima la ley del más fuerte, y en el que quedaron desamparados muchos estudiantes que, sobre todo, son hijos de familias trabajadoras del interior de Misiones y de la provincia vecina de Corrientes. Estamos hablando de que Posadas se viene posicionando e intentando idear políticas para ser una ciudad universitaria, porque tiene tres unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones, una serie de universidades privadas e institutos terciarios, y es la ciudad con mayor concentración de oferta de estudios superiores en la provincia. El tema de «ciudad universitaria» no fue incorporado en el plan estratégico de 2015, y ahora sí se viene posicionando como un tema que es importante desarrollar, sobre todo teniendo en cuenta que las ciudades universitarias tienen un componente económico muy importante, que es esta población que mira desde otras ciudades a instalarse, a vivir, a consumir y a formar parte de la comunidad de Posadas. Y nosotros deberíamos pensar realmente, como posadeños, y valorar cómo sería la ciudad si no tuviésemos estas unidades académicas. No tendríamos el impacto económico en el consumo de los boliches, no tendríamos el impacto económico desde la fotocopia hasta Doña Rosa, que vende el hielo para el tereré de los estudiantes.

-¿Y qué datos tenés?
-Nosotros realizamos un diagnóstico antropológico sobre la cuestión del alquiler universitario, puntualmente desde junio hasta la fecha, en la que estuvimos recabando principalmente cuáles son las problemáticas que enfrentan los estudiantes a la hora de alquilar.

-Cuando hablas de «nosotros», ¿hablas de vos como estudiante?
-Puntualmente, como estudiante de la carrera de Antropología Social, pero ningún trabajo es individual, y tuve el acompañamiento de distintos compañeros y docentes que apostaron a la problemática y aportaron desde su perspectiva. Nosotros creemos que hay tres problemas principales a la hora de alquilar en la ciudad de Posadas. El primero es, obviamente, el precio. Estamos hablando de que un alquiler dentro de las cuatro avenidas es prácticamente imposible para un estudiante.

-No solo para un estudiante me parece, para un trabajador también…
-Justamente, el promedio de un joven que arranca a trabajar en la ciudad de Posadas, su sueldo ronda entre los 350 mil pesos. Un monoambiente cerca de las cuatro avenidas no baja de los 90 mil o 100 mil pesos, y un departamento con un dormitorio no baja de los 150 mil, llegando incluso a los 200 mil pesos, por ejemplo, en Villa Urquiza. Vemos en pantalla un mapa de la ciudad de Posadas, en el que están señalados, según la tipología, un dormitorio o monoambiente, la ubicación y el costo mensual del alquiler. En barrios un poco más alejados del centro, como Villa Urquiza o lo que ya es llegando a la zona del hospital, estamos hablando siempre de valores encima de 150 mil pesos. Si nosotros vamos a hablar de que la mediana de esos valores es cercana a los 200 mil, un joven trabajador que gana 350 mil pesos, o un estudiante, debe destinar aproximadamente el 60 por ciento de su salario para cubrir solo el alquiler. Imagínense lo que significa para los padres que quieren enviar a sus hijos desde el interior de la provincia a estudiar a Posadas. Nosotros, como ciudad universitaria, si realmente ese es el proyecto que queremos tener en Posadas, tenemos que empezar a pensar en políticas públicas que apunten principalmente a un prerrequisito, es decir, pensar en la vivienda como un derecho y no como una mercancía, y apostar a políticas públicas que vengan a suplir el vacío, el absoluto vacío, que dejó la derogación de la Ley Nacional de Alquileres. En ese sentido, nosotros, en Posadas, convivimos con distintas formas de alquilar. Podemos alquilar mediante una inmobiliaria, mediante un dueño directo o los conocidos contratos «en negro». Lo que tenía la Ley de Alquileres era una tipología de contrato que establecía principios mínimos para todos los contratos: duración de tres años, un índice por el cual se aumentaba el valor y un aumento mínimo cada seis meses. Una vez que se derogó la Ley Nacional de Alquileres, todo se comienza a regir por el Código Civil y Comercial, y ahora lo que sucede es que los estudiantes se enfrentan a un mundo que no conocen, o en el cual no tienen el acompañamiento jurídico necesario, y muchas veces incluso no tienen los conocimientos suficientes para saber qué implica su contrato. Eso quiere decir que, por ejemplo, el contrato puede estar ajustado a un valor, pero no es el valor real al cual el dueño del alquiler te lo aumenta, y el estudiante no tiene los conocimientos suficientes como para poder ir a negociar o a “pelear” el valor del aumento que le están aplicando. Los dejaron completamente sueltos, y además se mercantiliza un derecho humano, que es el derecho a la vivienda, y se le imposibilita a un montón de jóvenes que quieren dar el salto en su posición económica. La universidad es la principal herramienta para el ascenso social, y todas estas políticas vienen en detrimento de eso.

-¿Qué dicen los chicos, los estudiantes de este problema?
-Primero, se sienten angustiados y desesperados. La Asociación de Inquilinos hizo una encuesta en el país que publicó en enero, y ahora publicó una nueva en septiembre. De los datos que salen, más del 70 por ciento de las personas que hoy alquilan tienen desesperanza, y además tienen incertidumbre respecto del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes vienen y, durante tres años estuvieron cursando una carrera universitaria, depositando su tiempo, su esperanza, su impronta para poder dar ese paso, y ahora se ven en una situación en la que no saben si el año que viene van a poder continuar estudiando. Porque además el aumento de los salarios no se vio reflejado con el aumento de los alquileres, y nos encontramos en un problema en el que los jóvenes no saben si realmente seguir estudiando o no.

-¿Dejaron de estudiar algunos compañeros de la facultad por el costo de los alquileres, más allá del costo de la vida en sí?
-Sí, muchos estudiantes dejaron sus carreras. Nosotros tenemos el caso de compañeros que tuvieron que volver a su lugar de origen. Hay un autor que se llama Pierre Bourdieu, que habla es de interpretar subjetivamente las regularidades estadísticas. Para poder transformar la realidad, lo que primero necesitamos como sociedad posadeña es contar con la información necesaria. Necesitamos que haya algún organismo de la Provincia o de la Municipalidad que esté controle y genere información sobre en qué situación se encuentran los estudiantes universitarios. Porque nosotros podemos hablar de casos puntuales que nos duelen un montón, porque son compañeros muy valiosos, pero por ahí no es un muestreo. Necesitamos cuantificar cuál ha sido el impacto de la derogación de la Ley Nacional de Alquileres y de los aumentos de los alquileres que tuvimos en la ciudad de Posadas.

-¿Y qué están haciendo? ¿Cuál es la idea, la intención?
-Estamos conformando un grupo justamente que se dedique a generar esta información en vistas de que no hay algún organismo que lo esté haciendo. En eso contamos con el apoyo de ciertos docentes, de los estudiantes, y nos parece que lo principal es conformar una comunidad que vele por estos intereses.

-Tenías un documento que me habías pasado antes de la charla. ¿Qué plantean en ese documento?
-Lo que planteamos es un diagnóstico antropológico sobre cuáles son las formas de acceder. eso quiere decir mediante qué tipo de contratos, de negociaciones, de medios nosotros llegamos a la oferta del alquiler y las formas de permanecer en ese alquiler. Eso qué quiere decir, que hay muchas estrategias en las cuales, por ejemplo, para poder permanecer en el alquiler, los estudiantes tienen que tener un alquiler compartido, tienen que acceder a un contrato “en negro”, que eso les da una inseguridad jurídica, tienen que acceder a compartir muchas veces el alquiler con gente que no conocen, tienen que salir a buscar o tienen que ir a otro tipo de residencias compartidas, y también las formas en las cuales ellos pueden negociar su permanencia dentro de esos lugares.

-Vos me contás eso y me remonto a la época de estudiantes y me surge decirte: «Esto siempre fue así».
-Pero no porque siempre haya sido así significa que tenga que seguir siéndolo. La idea es cambiar, y ante el corrimiento del Estado nacional, poder pensar en alguna respuesta provincial o en alguna respuesta autóctona.

-¿Respuesta en formato de ley o qué tipo de respuesta decís?
-Desde la antropología es muy problemático pensar la ley, porque generalmente las leyes se construyen de arriba hacia abajo, y la antropología tiene la cualidad de poder pensar las políticas de abajo hacia arriba. Eso significa un proceso mucho más largo y participativo con la comunidad. El diagnóstico que nosotros preparamos tiene una segunda parte que son las formas en las cuales podríamos solucionar ese problema. Pero eso no significa un Estado que vea la problemática desde arriba, que piense una solución y que después se encuentre con un millón de problemas ocasionados por esa legislación que propuso, sino que el Estado pueda construir una zona de consensos en las cuales están involucrados todos los actores que participan, y que la ley, la legislación, la reglamentación, o la ordenanza posterior a ese trabajo se encuentre sin las dificultades que muchas veces acarrea esa otra forma de escribir las leyes. Nosotros creemos que es necesario que el Estado tome esta problemática, que invite a los actores a participar, y que en la legislación que se produzca estén contemplados los intereses de los estudiantes, de los dueños, la perspectiva de las inmobiliarias y, por supuesto, también los intereses del Estado.

-En Posadas hay alquileres típicamente de estudiantes, como los monoambientes, los edificios completos, ¿Ahí también cayeron los alquileres? ¿Hay mucha oferta, están todos ocupados, tienen problemas para alquilar porque no pueden pagar, son muy caros?
-A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, nosotros no tenemos un seguimiento de la oferta de los alquileres, eso complica mucho… Además, también tenemos esta particularidad de la cantidad de alquileres irregulares que se ofrecen, que tampoco nos permite tener un seguimiento de cuál es el número real de la oferta.