En el pintoresco paraje en el municipio de Santo Pipó, 40 familias enfrentan una situación crítica debido a la falta de electricidad, agua potable y caminos transitables. A pesar de los repetidos reclamos, las autoridades no acercan soluciones, denuncian, dejando a esta comunidad sin los servicios básicos necesarios para su desarrollo y bienestar.

Viernes 29 de noviembre de 2024 (Prensa de TTT). El Cerro Romero de Santo Pipó es un rincón con historia y belleza natural con más de 80 años de antigüedad. En él viven 40 familias que construyeron una comunidad marcada por la fraternidad y la solidaridad y que también reclaman servicios esenciales. Enfrentan también una precariedad alarmante sin energía eléctrica, agua potable, centro de salud, caminos transitables, condiciones básicas para garantizar una vida digna y oportunidades de desarrollo.
El dirigente provincial, presidente del partido Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno, estuvo en el paraje rural junto al militante Eduardo Silveyra y compartió una reunión con las familias, quienes le manifestaron su enorme preocupación por estas carencias.
«Estas familias enfrentan una precariedad alarmante: sin luz, agua potable, caminos en condiciones y sin una sala de salud, que permitan una vida digna y oportunidades de desarrollo. Acompañamos sus reclamos que se suman a la deuda del Estado con las comunidades rurales en general», dijo.
Consideró que este «abandono estatal y municipal pone en riesgo no sólo el bienestar de las familias, sino también su capacidad de crecer y producir. El acceso a derechos fundamentales no es una dádiva o un favor, es un deber que el Estado debe cumplir y es un compromiso con la lucha de Cerro Romero».
Agregó que es importante que sus voces no queden en el silencio. «Vamos a luchar junto a ellos para construir un presente y un futuro más digno para todos y todas, y un presente en mejores condiciones», expresó el secretario provincial del Movimiento Evita.

Problemas acuciantes de escolaridad


Durante la reunión, Juan Suaque, quien vive desde hace diez años en el lugar, explicó que nunca llegó el tendido eléctrico de Emsa, y hacerlo de forma particular es muy costoso. La comunidad realizó gestiones ante el municipio, pero no obtuvo respuestas.
Al no haber alumbrado público, tampoco pueden tramitar una bajada para las viviendas. La línea llega hasta el camino principal y viven solo a 400 metros de la ruta provincial 6. «No estamos monte adentro, así que tampoco es tan difícil que el Estado se ocupe si tuviera voluntad de hacer algo por su pueblo», cuestionó Juan.
La falta de electricidad afecta a este psicólogo y docente universitario laboral y familiarmente. «Trabajo con la modalidad de visitas domiciliarias o telefónicas, atiendo a gente de la colonia en sus casas, y a muchos que no pueden pagar la terapia los atiendo gratis, o hacemos trueque, porque creo que la economía no puede ser una variable para la salud mental. En la comunidad ayudamos en todo lo que podemos. Ahora estamos esperando que nos autoricen a usar el salón del paraje para dar apoyo escolar a los chicos y chicas, porque somos conscientes de cómo está la educación en la provincia, donde el 94% de los alumnos no alcanza los objetivos en tiempo y forma, y muchos no están alfabetizados», señaló.
Sobre el suministro de agua, en el paraje se manejan con una perforación y un tanque de 5.000 litros que no da abasto. «La provisión no es constante e influye la sequía y la falta de lluvia. La capacidad del tanque es insuficiente por la cantidad de vecinos que se radicaron en este cerro, sumado a que en la zona el municipio entregó viviendas sin prever la red de agua y al utilizar la poca que hay en Cerro Romero resulta insuficiente para todos», relató.
También reclaman que mejoren el camino porque el municipio puso toscas, «pero el trabajo está mal hecho, con tierra sin apisonar y cuando llueve se lava todo, y entrar con vehículo es muy complicado. Por estas carencias, es evidente el incumplimiento de los gobernantes con nosotros como ciudadanos, sin garantizarnos derechos fundamentales», remarcó.

La intendenta que no cumple sus promesas


Ángela Correa es una productora que trabaja en su chacra del Cerro Romero, y como el resto de las familias del lugar, padece la falta de servicios fundamentales. «Para los agricultores, el agua y la luz son muy necesarias. Hace más de tres años vivo acá y desde el primer día estoy peleando detrás de esa causa. La intendenta de Pipó, Claudia Acuña (FR), sabe del problema porque lo hablamos varias veces, y nunca propuso una solución. También le pedimos que tramite la creación de un Centro de Atención Primaria de la Salud, porque acá viven muchos chicos, y cuando hay una urgencia no tenemos adónde recurrir. Lo más cercano es el hospital de Roca que está a 30 kilómetros. Ella siempre responde que se está ocupando, pero los resultados de su gestión no aparecen en el paraje», lamentó la mujer.
Detalló que sus hijos tuvieron que emigrar a la ciudad para seguir estudiando, debido a que por todo lo que falta en Cerro Romero, no podían hacerlo allí. «Estamos abandonados por las autoridades municipales y provinciales. Los funcionarios no se dan cuenta de que deben ocuparse porque somos los agricultores los que producimos gran parte de la riqueza de esta provincia; somos los que plantamos y cuidamos los alimentos», afirmó Ángela.
Se quejó de que muchas veces por el mal estado del camino no pudieron trasladar los productos, con el consecuente daño económico que esto causa. Además, por la infrecuencia del agua, muchas veces se les estropean los alimentos y tienen que dárselos a los animales. Reclaman a la intendenta de Santo Pipó que recorra la colonia y vea cómo sufren las familias por la falta de servicios en el paraje, y lo resuelva. «Es su responsabilidad como autoridad del municipio y debe hacerse cargo», cuestionó la productora, junto a Roque Moreira, uno de los pioneros del lugar.

Por las carencias, el riesgo del desarraigo es permanente


Los vecinos lamentan que la falta de acceso a los servicios esenciales siempre presenta la posibilidad del desarraigo. En ese sentido, Flavia Fernández, que vive en el cerro hace diez años junto a su familia, se resiste a emigrar. Al principio, cuando recién llegaron, con su esposo creyeron que contar con los servicios de luz y agua sería menos complicado. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que no hay voluntad por parte de la empresa de energía del Estado. Aun así, no dejan de batallar para transformar esa realidad adversa.
«Hicimos reuniones con los vecinos para apoyar el reclamo, pero no tuvimos respuestas de los funcionarios que incumplen con nuestros derechos humanos. Hace cinco años desde el municipio nos prometieron que se iban a ocupar de colocar un transformador, pero quedó en promesas. En este caso en particular, y en Misiones en general, es insólito que los funcionarios públicos, en vez de involucrarse y ocuparse de saber qué necesitan los ciudadanos, están invertidos los roles y somos nosotros los que insistimos», lamentó.
Esa situación les genera tristeza, pero no bajan los brazos. «Confiamos en que a partir de esta reunión las autoridades del municipio nos escuchen y resuelvan las carencias. Las autoridades deben saber que en este paraje viven muchos niños y niñas, y sus derechos también están siendo vulnerados», manifestó Florencia.