Con la modificación de la Ley Nacional de Turismo y el vaciamiento de los complejos de Chapadmalal y Embalse, el oficialismo avanza en su agenda de desregulación. Eliminaron programas clave, transfirieron responsabilidades a provincias y priorizaron el negocio privado sobre el derecho a las vacaciones. Críticas, resistencias y un silencio cómplice: el fin de un modelo que democratizó el turismo en Argentina.

Jueves 12 de junio de 2025. Para analizar, los cambios en la Ley Nacional de Turismo 25997.
Una Ley Nacional de Turismo determina las políticas públicas que se establezcan para el turismo, justamente. La modificación de una norma puede obedecer a un aspecto formal, donde se procura agilizar, flexibilizar o corregir un trámite, pero que no altera esencialmente el espíritu original de la misma. Por el contrario, podrían incorporarse cambios que son estructurales y, por lo tanto, constituyen transformaciones de carácter político-ideológico. No olvidemos que cada etapa del capitalismo se legitima justamente con el sistema de leyes que es capaz de crear o modificar.
El Decreto 216/2025 modifica y deroga 9 artículos de la Ley Nacional de Turismo 25.997/2004, cambiando totalmente la orientación político-ideológica de la misma. Lo primero, como si fuera una obviedad, es que una ley que ahora se orienta al mercado mediante el protagonismo del sector privado, en detrimento de la eliminación de la inversión pública y la descentralización de responsabilidades hacia provincias y municipios.
Se disolvió el Comité Interministerial de Facilitación Turística, que se encargaría de la coordinación y gestión de aquellos temas inherentes al turismo pero que tengan relación con otras áreas de gobierno. En realidad, nunca ha funcionado como un área ágil y flexible como para encargarse del espíritu con el que fue pensado.
Se disolvió el Programa de Inversiones Turísticas, que en su momento creó el “Programa 50 Destinos”, que permitió financiar inversiones públicas en las provincias. El objetivo es que las inversiones que de ahora en más existan provengan y sean iniciativas del sector privado.
Se modifican los artículos 7° “Deberes” y 8° “Facultades” de la autoridad de aplicación, eliminando todo aquello que esté relacionado con decisiones o acciones del Estado, como controles, revisión, fijar tarifas, fiscalizar, investigar, formar y capacitar, o promover, subvencionar, gestionar créditos, etc. En igual sentido, se elimina el artículo 31, que habilitaba a otorgar estímulos y beneficios para programas de interés turístico. El mercado manda.
La intencionalidad de poner punto final al impulso de políticas de turismo social se materializa al eliminar los artículos 39 y 40, que facultaban a tener un Plan de Turismo Social mediante los complejos de Embalse y Chapadmalal.

La lupa en el turismo social


Uno de los discursos más reiterativos de Javier Milei en la campaña, donde expresaba en cuanto medio lo entrevistaba: “Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que ‘donde hay una necesidad nace un derecho’, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar”… “Su máxima expresión es esa aberración llamada justicia social (…)”.
Justamente por ello, vamos a dedicar unos renglones más a este último punto referido al “turismo social”, uno de los temas imprescindibles que está presente en la evolución del desarrollo del turismo en la Argentina, como en las políticas de inclusión que se implementaron a partir de mediados de la década del 40.
Pongamos en contexto normativo: por un lado, se eliminan los artículos mencionados, negando la posibilidad de que desde el Organismo Oficial de Turismo se pueda pensar en tener algún plan de “turismo social”. Simultáneamente, se avanza sobre la materialidad al pretender desligarse de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse mediante la concesión o venta.
El valor de los complejos se incrementa con el especial interés de los espacios sin edificar de Embalse y las 165 hectáreas libres en el predio de Chapadmalal, donde la zona ubicada entre Acantilados y Chapadmalal tiene los primeros barrios privados de cara a la costa, como el caso de los incipientes Olas y La Paloma. La Ruta 11 ya circula junto al mar y opera como barrera para que los barrios no tengan acceso exclusivo a la playa.
Para entender mejor, reconstruyamos algunas de las respuestas y acciones del gobierno en la decisión de desregular el turismo social.
En febrero de 2024, Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, había expresado que no iban a privatizar “…porque son hoteles de uso público” (el DNU 70/2023 fijó su caducidad), pero que “se está trabajando en un proceso de readaptación para hacerlos autosuficientes, con economía circular, generando más trabajo para las familias que viven alrededor de las unidades turísticas”.
En la primera reunión del CFT (Consejo Federal de Turismo) en la ciudad de Córdoba, en marzo de 2024, explicaba que “No vamos a terminar con el turismo social. Eso es mentira”, pero aclaraba que se debía llamar a licitación para los servicios de hotelería y gastronomía, y que no eran privatizaciones sino concesiones.
“Hay que revisar estructuras sin afectar la actividad productiva” y efectuar una reducción del gasto público “con inteligencia”, decía, refiriéndose al futuro de los Complejos.
Al final, en los Complejos fue habilitada la concesión para la temporada de verano 2025, en los hoteles 2 y 7 de Chapadmalal, donde fueron tres los oferentes: Grupo Ares SRL., José Antonio Guerra (ambas de Buenos Aires) y Mifranchu SRL de Miramar. El Dictamen de Evaluación de Ofertas presentado por la Unidad Operativa de Contrataciones del departamento de Compras y Patrimonio aconsejó adjudicar a la propuesta de la firma de Miramar. Así, en enero y febrero se desarrolló la temporada en los complejos, con solicitudes tramitadas vía portal MiArgentina. El 25 de febrero ingresó el último grupo de turistas de turismo social de Embalse y Chapadmalal, ya que a partir de marzo de 2025 se cerraron.
Posteriormente, esos Complejos fueron transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que luego puedan ser privatizados mediante concesión o venta. Esta decisión, en su proceso, tuvo, como es previsible, diferentes voces pronunciándose al respecto:
El 1 de mayo, el ministro Federico Sturzenegger publicó en la red social X: “Celebro la decisión de transferir los complejos de Chapadmalal y Embalse al AABE para su transferencia a un operador idóneo. El Estado no debe proveer servicio de hotelería”. Fin.

El sector empresario
Como una respuesta y apoyo lógico y predecible, desde FEHGRA (Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina) salieron a apoyar la decisión y la definieron como un acto de coherencia ideológica (opinión que es real) y expresaban que “el Estado no debe hacer hotelería” porque “es una competencia desleal”, ya que “el Estado nacional se entromete en una actividad que siempre fue considerada como una acción de los privados”. Desde otras asociaciones y cámaras empresariales, la aceptación y aprobación ante los cambios fue similar.

El sector público
Cuando referimos al sector público, hacemos mención a variopintos actores pertenecientes a diferentes niveles de intervención en el Estado, incluso que se encuentren más directamente relacionados con el turismo o no. Funcionarios de distintos rangos, sindicatos y organizaciones colectivas son los protagonistas de esta categoría.
El gobernador Axel Kicillof se refirió al respecto: “Lo que estamos viendo en Chapadmalal tiene que ver con una historia de Argentina donde los derechos eran amplios y llegaban a todos”, e incluso se especuló con la posibilidad de que se transfiera el complejo a la provincia.
El intendente de Embalse, Mario Rivarola, había sugerido que algunas partes de la Unidad Turística de Embalse puedan funcionar bajo la administración municipal, con colaboración de la Provincia. El plan planteaba la restauración de espacios históricos, la mejora de infraestructuras recreativas y deportivas, y la creación de nuevas oportunidades turísticas en esas playas. Solicitaban la ermita o capilla (para restaurar y recuperar su valor histórico); las piletas para dar continuidad a su uso recreativo; la ex confitería Saturno para desarrollar un camping para motorhomes y un restaurante; y el hotel 1 (que está en mejor estado) para ofrecer servicios turísticos con acceso a zonas de playas. Ese pedido ni siquiera tuvo respuesta hasta ahora.
Matías Lammens, ex ministro de Turismo y Deportes en la gestión anterior y actual legislador porteño, fue uno de los primeros en expresarse, destacando que los complejos son patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y “emocional”, y que cerrarlos es una “enorme burrada”. Además, resaltó que “en el último año de nuestra gestión, después de un ambicioso plan de obras que puso en valor los complejos y reinauguró 9 hoteles y decenas de bungalows, visitaron el mar y las sierras más de 120 mil personas, muchas de ellas de bajos recursos, muchos jubilados, muchas familias que de otra manera no podían tener vacaciones. Cerrarlos es de una insensibilidad que no deja de asombrar”.
La subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, protestó la medida ante “un pedido falso y embustero” de FEHGRA, refiriéndose a una “ruptura de derechos de las clases populares”. También se expresaron abiertamente sobre el tema Nelson Bravo, Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, y José Rosa, Secretario de Turismo de La Rioja. El primero, mediante el envío de una carta al presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, representante de CABA, solicitando que el organismo que reúne a los representantes de turismo de todas las provincias “no debe permanecer inerte ante la situación actual”, enumerando diferentes temas donde estaba el del turismo social. José Rosa criticó con más vehemencia la «insensibilidad» de las decisiones que afectan especialmente a los sectores más vulnerables, refiriéndose específicamente a las medidas que atentan contra el turismo social.
De los representantes de las provincias “más turísticas”, el silencio fue la norma. La primera deducción es que el CFT no hizo las veces de “caja de resonancia” de los problemas del turismo.
Desde el poder legislativo hubo iniciativas al respecto. A fines de febrero de 2024, el Diputado Nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución junto a 30 diputados para frenar el cierre de los complejos. No prosperó esa iniciativa. También la diputada del mismo espacio político Ana María Ianni elaboró dos iniciativas para proteger a las Unidades Turísticas, más precisamente proyectos de ley para evitar la privatización del turismo social a partir de la modificación de la Ley 25.997. Las mismas fueron acompañadas por 36 diputados, que igualmente no prosperaron. Posteriormente a esas presentaciones, los artículos aludidos sobre el turismo social fueron eliminados mediante el Decreto 216/2025 del PEN.
Los trabajadores y las organizaciones sociales también se sumaron al rechazo ante las medidas que entendían estaban dirigidas a la privatización de las unidades turísticas, y el 6 de marzo marcharon bajo el lema “Defender el derecho social al turismo” a la sede de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, pero nadie los recibió porque tanto Daniel Scioli como Yanina Martínez (en ese momento subsecretaria de Turismo de la Nación) se encontraban en Alemania, participando de la ITB Berlín.
El sábado 12 de abril se organizó un “abrazo simbólico en defensa del turismo social y contra las políticas de privatizaciones” en el complejo Chapadmalal, organizada por organizaciones sindicales (ATE y UPCN), sociales, políticas y vecinales. La misma hacía referencia a declaraciones de Daniel Scioli acerca de que “era innecesario el mantenimiento de las unidades turísticas”. Los manifestantes denunciaban que “Detrás del cierre se esconden intereses inmobiliarios y la especulación con tierras de alto valor” y que el objetivo sería concesionar los hoteles del complejo y vender parte de los terrenos, lo que pondría fin a su tradicional función social. También manifestaron el temor a los despidos, ya que fuera de los hoteles no hay otras fuentes laborales; además, mucha gente vive en el predio, son usuarios del centro de salud (el único que hay desde Playa Serena hasta el barrio Copacabana en Miramar) que poseen los complejos y de la escuela con orientación en gastronomía que existe allí. Chapadmalal se encuentra a 35 kilómetros de Mar del Plata y a 16 de Miramar.
Hoy, a inicios de mayo, sólo se sigue esperando la decisión final ante esta disputa entre dos modelos antagónicos: uno que promueve el turismo como derecho y otro, cruel, que lo entiende como un bien de mercado, para aquellos que tengan condiciones para pagarlo.

Comentarios finales sobre la desregulación
La llegada de Javier Milei al gobierno significó, desde la misma campaña electoral, un cambio de modelo abrupto en el rol del Estado y del mercado. Implicaba profundizar el nuevo neoliberalismo: un Estado mínimo y el Mercado “devolviendo la libertad y la autonomía”, en palabras del presidente, convirtiéndose en regulador de la vida social, sin ningún tipo de contemplación para con los sectores más desfavorecidos, y con una cuota de crueldad nunca antes vista. El consumo se transforma en la Biblia para alcanzar a las “fuerzas del cielo”, transformado en Mercado. El negacionismo ante el cambio climático y su consecuencia inmediata, que es considerar a la naturaleza simplemente en su faz extractivista y comercial, complementan el futuro escenario neoliberal.
“El mundo cambió en los 1980, del capitalismo industrial al capitalismo financiero. El neoliberalismo como modelo totalizante y ordenador, en realidad desordenador, social, impuso la mercantilización de todo, incluso de lo más elemental, como los alimentos, la vivienda, la energía. El Estado como asegurador del orden del mercado”, explica Noemí Brenta en su último libro Historia de la deuda externa.
La desregulación en sí, como mecanismo que tiende a reducir la intervención estatal y a facilitar a los agentes económicos aquellos elementos que favorecen el libre mercado y la competencia, puede derivar en diferentes acciones como: reducción de impuestos, simplificación de trámites, eliminación y/o modificación de regulaciones, la modernización tecnológica, entre otras. En Argentina, el proceso de desregulación se fundamentó principalmente en bajar el déficit fiscal y en flexibilizar trámites para así sumar nuevas empresas, aumentar la competitividad e incentivar las inversiones extranjeras, según rezan discursos y documentos. Esto redundaría en mejores precios para los consumidores, mayor calidad en los servicios turísticos y en un mayor dinamismo en la creación de nuevos negocios turísticos.
El DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 70/2023 fue el inicio de la desregulación en el turismo a partir de la derogación de las leyes de hotelería y de agencias de viajes en el gobierno libertario. Le siguió el sector del transporte, la modificación de la Ley Nacional de Turismo 25.997/04, los Parques Nacionales y los guías de turismo, y en proceso de decapitación del turismo social con los complejos de Chapadmalal y de Embalse.
A excepción de la ley de Agencias, que tuvo una resistencia inicial (posiblemente porque implicaba un cambio cultural), después, como fuimos analizando, no existió una protesta colectiva, organizada y coordinada ante los cambios tan estructurales. Por dar un ejemplo, la ley de alojamientos y agencias de viaje tenían más de 40 años, correspondían a una sociedad que ya desapareció. No existió nunca la voluntad política y sectorial para hacerlo.
En cuanto a la desregulación del transporte, favoreció a muchas agencias de viajes, y la flexibilización para la creación de una agencia de viajes benefició, a su vez, a muchas empresas de transporte escolar, que ahora pueden vender viajes.
La falta de una legislación clara, actualizada y eficientemente aplicada genera un panorama de desregulación de facto. Y me parece que esta característica fue el motivo principal de que no haya habido firmeza en los reclamos de los actores involucrados en cada una de las desregulaciones.
Históricamente, el sector corporativo de “la industria de la felicidad” nunca fue crítico hacia las distintas políticas de los gobiernos; tal vez estaban acostumbrados. Lo mismo cabe para los representantes provinciales respecto al sector empresarial. La parte siempre importó más que el todo.
La modificación estructural de la Ley 25.997 tuvo su caja de resonancia en la eliminación de la responsabilidad estatal en cuanto a planificar y organizar el “turismo social”, y a la decisión actual de privatizar las dos unidades turísticas propiedad del Estado nacional: Chapadmalal y Embalse Río Tercero. La oposición a la medida se centró casi exclusivamente en torno al complejo turístico ubicado en la provincia de Buenos Aires, y más allá de la batalla mediática entre los diferentes actores políticos del gobierno y de la provincia de Buenos Aires, el reclamo no fue acompañado por los principales funcionarios de las provincias más turísticas del país, y menos por los sectores empresarios. El silencio y el equilibrio discursivo y político es la norma.
En los Parques Nacionales, la desregulación se llevó adelante con el discurso de acabar con los monopolios, que es cierto que existen: sólo una empresa por parque presta el servicio de la experiencia más significativa (paseo náutico bajo las cataratas, trekking sobre los glaciares, etcétera).
Liberar el servicio de guías de turismo a voluntad del empresario —entre paréntesis, un gesto similar al de eliminar el pago a SADAIC por la reproducción de música en eventos privados y hoteles— obtuvo algunas medidas de resistencia y protesta en el colectivo de los guías afectados, pero tampoco constituyeron un bloque compacto, ya que, en realidad, como analizamos, ocupaban una posición diferencial y estratégica respecto a los otros guías, también universitarios, pero impedidos de poder desempeñarse en los Parques Nacionales. Y tampoco hubo una acción de coordinación entre todos los guías de los parques nacionales para protestar el día denominado “marcha Federal” (los guías de P.N. Iguazú no participaron). No obstante, las medidas de la desregulación hicieron un aporte positivo y de sentido común respecto a las gestiones anteriores: eliminaron el examen obligatorio para los profesionales universitarios.
El escenario actual que surge a partir de la modificación de la Ley 25.997 tiene algunas aristas particulares. Por un lado, las provincias y municipios adquieren nuevos roles a partir de la transferencia implícita de responsabilidades por parte del gobierno nacional, como:
a) las capacitaciones,
b) la categorización hotelera,
c) la ejecución de obras públicas turísticas, y
d) la posibilidad de subsidiar el turismo social.

Al Estado nacional le corresponderá la responsabilidad de organizar “(…) los recursos que vinculan a su desarrollo (del turismo) con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos y desafíos que se planteen”.
Entonces, los potenciales beneficios pueden incluir una mayor competencia, precios más competitivos para los turistas, un mayor dinamismo en la creación de nuevos negocios turísticos, la atracción de inversión extranjera y el fomento de la innovación.
Hasta aquí hemos analizado, individualmente, cada una de las acciones con fines de desregular la actividad turística en cada uno de los sectores, y algunos efectos de las medidas son realmente positivos, como la flexibilización y simplificación de trámites para crear una agencia de turismo, o para explotar alguna ruta como transporte turístico, la posibilidad de que otras empresas puedan ofrecer servicios turísticos y la eliminación de los exámenes para que los profesionales puedan guiar en los Parques Nacionales.
La “desregulación” no es un conjunto de medidas aleatorias, sino que constituye un instrumento ideológico y político del neoliberalismo y de los imaginarios de las nuevas “derechas” en los escenarios globales. Los derechos sociales ya no representan símbolos de equidad y protección de las clases más postergadas, sino más bien costos y cargas que “alguien tiene que pagar”, según rezan los discursos dominantes.
Visto desde esta otra cara, la desregulación presenta riesgos y pérdidas de derechos ante la nueva interpretación del rol del turismo como simplemente generador de divisas.
La ausencia de controles abre el camino a una proliferación de agencias y establecimientos informales que operan al margen de la ley, ofreciendo servicios de baja calidad o incluso fraudulentos, y generando una verdadera competencia desleal con aquellos que actúan acorde a la ley. El turista, por su parte, se encuentra expuesto a riesgos como la pérdida de dinero mediante estafas, la cancelación de viajes o la falta de asistencia en caso de imprevistos, situaciones que empiezan a hacerse más cotidianas.
En la misma dirección, la liberalización de la actividad puede llevar a una menor protección del medio ambiente y a la precarización laboral y/o pérdida de los derechos de los trabajadores. Y además, el ingreso de grandes inversores internacionales puede generar una gran concentración de poder económico y afectar a las pequeñas empresas locales.
De cara al futuro, se necesitará una legislación moderna, clara y eficaz, acompañada de mecanismos de control y fiscalización eficientes para proteger a los consumidores y fomentar la competencia entre las empresas del sector turístico, asegurando el desarrollo sostenible de este sector de la economía. Ya tenemos claro que una legislación obsoleta dificulta a todo el sistema.
En el caso del turismo social, no podemos desligarlo de los posicionamientos ideológicos ni del clima de época propio de las “extremas derechas”, al considerarlo un gasto público que sólo acrecienta el déficit fiscal, y un rol que no debe asumir el Estado, sino el sector privado. En este contexto, las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, con sus tierras de varias hectáreas, se transforman en un verdadero tesoro para los desarrolladores inmobiliarios y para las grandes empresas hoteleras.
El proceso de desregulación del turismo en los Parques Nacionales y las acciones que se vienen desarrollando en temas de biodiversidad y ambiente dejan al descubierto una serie de contradicciones:
Por un lado, según explicaba el ministro Sturzenegger: “(…) que una persona disfrute de un Parque Nacional no tiene prácticamente ningún costo para la sociedad”, “(…) Porque abrir los parques a más argentinos no va en contra de su cuidado; por el contrario, es la mejor forma de que la sociedad comprenda su valor, y que ese vínculo se transforme en conciencia, respeto y un compromiso real con su preservación para las generaciones futuras”, y remataba diciendo que “Nunca desde su creación se había hecho tanto para acercar nuestros Parques a todos los argentinos”, y que ello no implica renunciar al control de las actividades ni abandonar los principios de conservación ambiental.
Incluso, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, expuso en una de las reuniones del CFT, explicando que buscan potenciar la conservación de estas áreas y la fomentación del turismo de naturaleza; y que trabajarían, entre otros objetivos, en:
Fortalecer la asociación público-privada, atrayendo ideas, proyectos e inversiones en los parques.
Mejorar la infraestructura de las áreas para proteger los impactos en el ambiente.
Contribuir al incremento de la calidad de la experiencia del visitante.
Pero, por otro lado, desde la asunción del nuevo gobierno, la motosierra avanzó sobre los Parques Nacionales: sólo en 2024 hubo 100 despidos, 30 más en 2025, donde para cubrir 18 millones de hectáreas hay sólo 2.000 trabajadores. También hubo una reducción en el presupuesto para la Ley de Bosques como para los incendios forestales (según FARN, de 5.100 horas estimadas se redujo a 3.100, cuando los incendios en 2024 aumentaron un 115% respecto a 2023).
El 22 de agosto de 2024 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 749/2024, que reglamenta el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), en el cual se incluye al turismo (aeropuertos y emprendimientos hoteleros y gastronómicos) entre las actividades que comprende la ley, dejando así abierta la posibilidad al ingreso de grandes inversores con el foco en las áreas naturales protegidas, y con la particularidad de que este régimen no establece ningún tipo de regulación o condicionamiento ambiental para los proyectos que se adhieran.

Seguro continuará…
Con estos artículos, el primer objetivo consistió en caracterizar y describir el proceso de desregulación que hubo en el sector turístico a partir del gobierno de Carlos Menem, período que coincide con la llegada de la globalización y el neoliberalismo, con lo que ello significa: liberalización del comercio, desregulación de la economía, privatizaciones de los bienes estatales, concentración de capitales, etc., ante un Estado de bienestar que se disuelve globalmente.
Hemos observado que la “desregulación” en sí es simplemente una herramienta que puede traer beneficios, como en varios aspectos de nuestro análisis, ya sea para aumentar la competitividad o facilitar trámites engorrosos, entre otros, pero también puede constituir parte de una estrategia política e ideológica que prioriza la rentabilidad, la precarización de los trabajadores, la mercantilización del ambiente y la cultura, la liberalización del comercio, y la concepción del turismo como una actividad puramente extractiva, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social, cultural o ambiental.
Los que estamos a favor de una sociedad más equitativa y participativa, donde el Estado garantice la equidad y no que el consumo y el mercado sean el termómetro que estratifica la sociedad, nos encontramos inmersos en una verdadera batalla ideológica y cultural, incluso en el turismo, que es uno de los vectores del actual capitalismo global.

Un turismo con reglas claras que:
-Cuide al turista y fomente la competitividad.

-Mire a las comunidades que constituyen el escenario de la actividad.

-Asegure que las empresas sean responsables ante el cambio climático y los impactos sobre la cultura y la economía.

-Garantice el acceso al turismo social para los sectores menos favorecidos.

-Incorpore a los guías profesionales en el producto turístico de las empresas nacionales, etcétera.

Ahora, las batallas se disputan en la arena política mediante los discursos y las acciones en los espacios e instancias en que se mueven y posicionan los distintos actores del turismo: gobierno, empresarios, sindicatos, representantes de los estados provinciales y municipales, como de ONG involucradas. Ya describimos las acciones, reacciones, resistencias y silencios que hasta el momento hubo en distintos componentes del “producto turístico”, como agencias de viaje, hotelería, transporte, guías de turismo, Parques Nacionales, turismo social, leyes. Ya lo decía Nietzsche: “El que controla el discurso controla la verdad”.
En definitiva, la desregulación del turismo en Argentina, si bien puede estimular el crecimiento económico a corto plazo, nos presenta importantes desafíos relacionados con:

-La falta de alguna regulación, como la sostenibilidad ambiental.

-La protección del patrimonio cultural.

-La seguridad y protección del turista y la actividad.

-La competencia justa.

-La precarización laboral.

-La sensibilidad de sostener el turismo social, entre otros desafíos.

-Las cartas están echadas: el neoliberalismo y la crueldad propia que lo caracteriza por un lado; y por el otro… Nada terminó aún…