Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales. «Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, habilita a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas», sostiene la denuncia.

Domingo 22 de junio de 2025 (Anred). Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis económica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases.
Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.
Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.
La semana pasada, organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado por el CELS:
«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.
Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.
La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.
Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.
El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.
Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.
El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.
El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.
Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas».

La SIDE habilitó el espionaje interno
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) oficializó, en mayo, un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), documento reservado que establece los lineamientos estratégicos que guiarán la labor del organismo en los próximos años. Si bien retoma prioridades históricas como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida, también incorpora conceptos ambiguos que podrían abrir la puerta a tareas de inteligencia sobre ciudadanos, periodistas y analistas críticos del gobierno de Javier Milei. Por Tribuna de Periodistas.
El plan fue elaborado bajo la conducción de Sergio Neiffert, jefe de la SIDE, y detalla en 170 páginas los intereses estratégicos del país, los objetivos generales de inteligencia y posibles acciones concretas. Aunque el documento está plagado de formulaciones generales, zonas grises y definiciones abiertas, incluye pasajes que podrían interpretarse como habilitaciones para vigilar a actores internos, sin establecer límites claros.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de recolectar información sobre quienes “erosionen la confianza pública” en los funcionarios responsables de la seguridad nacional. No se aclara si este concepto aplica únicamente a actores extranjeros o si también podría abarcar a ciudadanos, periodistas, académicos o especialistas que cuestionen, por ejemplo, los operativos de seguridad liderados por la ministra Patricia Bullrich frente al Congreso.
Otra sección del PIN identifica como sujetos de interés a quienes generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno. El texto no especifica si esto alude a actores externos —como fue en su momento la American Task Force Argentina (ATFA), que presionaba a favor de los fondos buitre— o si incluye a economistas críticos, analistas o incluso a quienes el propio presidente Milei califica de “econochantas”.
Además, según publica diario La Nación, el documento menciona como prioridad de la SIDE el monitoreo de quienes busquen “manipular” a la opinión pública durante procesos electorales o promuevan “desinformación”. Esta categoría, nuevamente poco precisa, podría referirse tanto a operaciones extranjeras como las de Rusia en elecciones de países occidentales, como a periodistas y comunicadores acusados desde el oficialismo de divulgar noticias falsas.
En línea con esto, se menciona el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, para influir en la “percepción” y afectar los procesos “cognitivos” de la sociedad. Queda en el aire si esto permitiría vigilar incluso a influencers afines al oficialismo o funcionarios del propio gobierno que intervienen en redes sociales durante períodos de veda electoral.
El vocero presidencial Manuel Adorni solicitó que se le enviaran preguntas por escrito sobre este tema, pero no respondió antes del cierre de esta edición. La SIDE, cabe recordar, responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres más cercanos al presidente.
El plan señala además que los agentes de inteligencia deberán poner atención a fenómenos asociados con la pobreza, la desigualdad y las migraciones internas, en tanto pudieran representar un riesgo para el “desarrollo integral” del país. Esta formulación, sin mayores precisiones, deja abierta la posibilidad de vigilancia sobre organizaciones sociales o movimientos territoriales.
También se plantea como prioridad el seguimiento de actores que incurran en prácticas monopólicas o de cartelización. No se especifica cómo se compatibiliza esa función con el rol que desempeña la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, actualmente dirigida por Eduardo Montamat.
Hay que recordar que, a nivel presupuestario, la SIDE recibió en mayo una ampliación de $25.250 millones, alcanzando un total anual de $80.872 millones, de los cuales $13.436 millones corresponden a gastos reservados.