El impacto de la paralización de la obra pública bajo el Gobierno de Javier Milei genera, también, recesión, desempleo y crisis para un sector de desarrollo, crecimiento y generador de mano de obra.

Miércoles 30 de julio de 2025. Desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, la política de ajuste radical en el gasto público tuvo un efecto devastador en la obra pública nacional. Según datos oficiales, 2.308 obras en ejecución quedaron paralizadas, incluyendo proyectos clave de infraestructura en rutas, hospitales, puentes, cloacas, escuelas, universidades y redes de agua potable, entre las principales.
El freno no solo afecta a obras ya iniciadas, sino también a aquellas que estaban en proceso de licitación o evaluación. De las paralizadas, 523 contaban con financiamiento y habían sido aprobadas en el Presupuesto nacional, mientras que otras 615, solicitadas por gobernadores e intendentes, estaban en etapa de factibilidad, es decir, en estudio para ver si eran viables o no.
Algunas provincias sufrieron especialmente este recorte. Misiones perdió 64 obras y Corrientes, 61, proyectos que incluían desde pavimento urbano hasta mejoras en aeropuertos y electrificación rural. La paralización significa postergar el desarrollo por un lado, mientras impacta de manera negativa, también, en la pérdida masiva de puestos de trabajo, ya que el sector de la construcción es uno de los principales generadores de empleo en el país.
A partir de ahí, se genera un efecto dominó que hace crecer el desempleo y deja a la maquinaria inactiva. La obra pública no solo mueve mano de obra directa, sino también a una cadena de proveedores, transportistas y fabricantes de materiales. Con las obras detenidas, miles de trabajadores quedaron fuera del sistema, mientras que maquinaria pesada permanece inutilizada, generando costos adicionales por mantenimiento y depreciación, indican los empresarios.
Esta situación adquiere relevancia ya que el desplome de la obra pública profundiza la recesión económica, ya que el sector construcción es un termómetro histórico de la actividad interna. La falta de inversión en infraestructura básica, como cloacas y agua potable, además, agrava problemas sociales en zonas postergadas, donde estos proyectos eran una esperanza de mejora en la calidad de vida.
Mientras el Gobierno insiste en su ajuste como medida para sanear las cuentas públicas, el costo se traduce en obras abandonadas, empleos destruidos y un país que, literalmente, dejó de construirse.
El reclamo de los gobiernos provinciales y municipales, además de las organizaciones de trabajadores, reclaman por la reactivación de las inversiones y anhelan la reparación del daño causado a una industria que, durante décadas, fue motor del desarrollo argentino.

Mapa de desmantelamiento
El ajuste de Milei paralizó más de 2.300 obras públicas, lo qe permite trazar un mapa del desmantelamiento (según los datos oficiales por provincia). Los números surgen de informes del Ministerio de Obras Públicas (enero 2024) y respuestas oficiales a pedidos de acceso a la información (Expedientes 3456/2024 y 7891/2024).
En ese sentido, los datos indican que en Misiones, son 64 obras afectadas, entre ellas, la electrificación rural en 9 municipios; las mejoras en el Aeropuerto de Posadas (inversión caída: US$ 12 millones), mientras que en Corrientes son 61 los proyectos frenados, entre ellos, inversiones en el puente Corrientes-Resistencia (adjudicado en 2023, sin transferencia de fondos) y represas para pequeños productores (20 proyectos cancelados, INTA).
Buenos Aires tiene 112 obras paralizadas, que incluyen 32 escuelas; la Red de agua potable en La Matanza (etapa final, beneficiaría a 500 mil personas, según ABSA); la pavimentación de la Ruta Provincial 6 (contrato rescindido por falta de fondos), mientras que Córdoba tiene 89 obras frenadas (según la Secretaría de Infraestructura provincial), entre ellas, el hospital de Río Cuarto (70% de avance, requería $2.800 millones para finalizar); un puente sobre el río Suquía (licitación cancelada en marzo 2024). Santa Fe, en tanto, tiene 76 proyectos detenidos, entre ellos, el sistema cloacal en Rosario (obra priorizada por Nación, antes de Milei, en 2022, con financiamiento del BID); la repavimentación de Rutas 34 y 11 (abandonada tras despidos del 60% de la plantilla, según UOCRA).
En Chaco, en tanto, tiene 58 paralizaciones (según el Ministerio de Planificación provincial), entre ellas, quince centros de salud en el Impenetrable (construcción congelada); la red de agua en Resistencia (etapa inicial, financiada por el Banco Mundial) mientras que en Tucumán hay 42 obras detenidas, entre ellas, la ampliación de la Universidad del Norte (70% completada), el plan de viviendas sociales en Banda del Río Salí (1.200 unidades inconclusas).

Impacto laboral ampliado
Esta paralización en el país produjo despidos en el sector construcción. Así, el Gobierno de Milei lleva 48.700 puestos perdidos entre diciembre 2023 y mayo del año pasado, según informes del INDEC. En los primeros meses de Gobierno, la UOCRA Córdoba informó de 8200 despidos en esa provincia y Santa Fe, contabilizó 6.500 trabajadores afectados (según datos del Observatorio Social de la UNL).
Ya el año pasado, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, advirtió que «las obras paralizadas nos obligan a retroceder 10 años en desarrollo. El ajuste es un boomerang que golpeará a todo el país», dijo en esa oportunidad.
El Banco Mundial, en tanto, advirtió el «incumplimiento de metas de inversión en infraestructura crítica» (mayo 2024), citando riesgos para proyectos cofinanciados.
De esta manera, los datos provinciales confirman que el ajuste no es abstracto sino que tiene nombres (obras), apellidos (trabajadores) y geografía (provincias abandonadas), mientras el Gobierno Nacional celebra el «superávit fiscal», con el hambre del pueblo y la deuda social que se multiplica desde rutas truncas, hospitales a medio construir y universidades sin aulas.