Pablo Daviña, referente del sector, advirtió que el proyecto de ley para eliminar requisitos a los corredores inmobiliarios está «mal asesorado» y podría desatar un caos de fraudes como el que vivió España en 2008. «No es libertad, es libertinaje», afirmó, y reveló que los ejemplos citados por el diputado del PRO son falsos: EEUU y Nueva Zelanda tienen regulaciones estrictas. «Si hay un caso para mirar, es el fracaso español», sentenció.

Miércoles 13 de agosto de 2025. El empresario inmobiliario Pablo Daviña criticó con dureza un proyecto de ley impulsado por un diputado del PRO, Alejandro Bongiovanni, que busca eliminar requisitos para ejercer como corredor inmobiliario. en ese sentido sostuvo que la iniciativa está «muy mal asesorada» y podría generar un caos similar al que vivió España tras la desregulación del sector en el año 2000.
Daviña aseguró que el legislador rosarino citó ejemplos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y España para justificar la desregulación, pero que en dos de esos países sí existen normativas estrictas para operar en el mercado inmobiliario. «En Estados Unidos, estados como California o Miami exigen formación, seguros de caución y reválidas periódicas. En Nueva Zelanda, hay un registro nacional con requisitos claros. El único caso que aplica es el de España, donde en el 2000 eliminaron las exigencias y terminaron en una crisis de fraudes y quiebras», explicó.
Desde el rubro inmobiliario aseguran que en Argentina nadie está obligado a operar a través de una inmobiliaria, ya que cualquier persona puede comprar, vender o alquilar de manera directa. Sin embargo, si se contrata un servicio profesional, el corredor debe cumplir con requisitos éticos y legales, como formación, antecedentes penales limpios y seguros de responsabilidad.
La iniciativa elaborada por el diputado Alejandro Bongiovanni modificaría la Ley 20.266, sancionada en 1973. «Lo que se busca con este proyecto no es libertad, sino libertinaje. El mercado inmobiliario ya es libre, pero cuando alguien contrata un servicio, tiene derecho a ciertas garantías», afirmó el empresario misionero.
Daviña también recordó que, tras la desregulación en España, el número de operadores creció un 100%, pero muchos incurrieron en malas prácticas, lo que derivó en fraudes y la posterior crisis hipotecaria del 2008. Ante esto, comunidades como Valencia y Cataluña reinstauraron las exigencias, incluyendo seguros de caución de 600.000 euros y formación obligatoria. «Si hay un caso para estudiar, es el de España, donde fracasó rotundamente», sentenció.

El papel del Estado y los desafíos del sector
Consultado sobre si el Congreso debería convocar a las cámaras inmobiliarias para debatir el tema, Daviña respondió: «Ojalá. El asesoramiento que recibió el diputado fue pésimo. Hay mucho desconocimiento, y legislar desde el desconocimiento es un error garrafal».
En cuanto a mejoras necesarias para el sector, el empresario celebró la reciente normativa sobre hipotecas divisibles pero pidió al Gobierno controlar la inflación, facilitar el crédito y reducir la presión impositiva sobre los profesionales. «El mercado se regula solo, pero necesita condiciones macroeconómicas estables», concluyó.
Mientras el proyecto de ley genera rechazo en el sector, Pablo Daviña fue contundente al señalar que la desregulación no soluciona nada y que, por el contrario, podría empeorar la situación. «No hay monopolio, ya hay libertad. Lo que falta es educación, no menos reglas», sentenció.

Libertad Inmobiliaria
El diputado Alejandro Bongiovanni señala que el proyecto de ley de Libertad Inmobiliaria está basado en la evidencia de mercados más abiertos, como los de España, Estados Unidos o Nueva Zelanda, que demuestran que la eliminación de las mencionadas barreras “mejoran la calidad del servicio y reducen los costos para los consumidores”. Además, agrega que se trata de “avances fundamentales hacia un mercado inmobiliario más libre, eficiente y equitativo, alineados con los principios de una sociedad abierta y con la defensa de los derechos individuales y la autonomía contractual”.
El proyecto de Bongiovanni para modificar la Ley 20.266, propone eliminar cinco restricciones a la actividad inmobiliaria establecidas en esa norma:
-Se eximiría de contar con una matrícula obligatoria o título universitario para intermediar en el sector inmobiliario. Se eliminaría la obligatoriedad de la inscripción en los colegios profesionales, permitiendo el desarrollo de la actividad a toda persona “idónea”, según detallan fuentes cercanas al diputado. A este respecto, uno de los artículos del proyecto asegura: “Cualquier inscripción en registros o sistemas de certificación será de carácter voluntario y podrá ser llevada adelante por entidades privadas o cámaras sectoriales. El Estado Nacional no intervendrá en su fiscalización ni gestión, respetando la libertad de asociación entre las partes.”
-Los Colegios profesionales dejarían de ser los únicos que ejercen como reguladores y jueces de la actividad inmobiliaria. Habrá competencia entre las entidades privadas que ofrezcan certificaciones voluntarias. Por su parte, los afectados por el incumplimiento de las obligaciones comerciales, en caso que lo deseen, podrán recurrir a la justicia ordinaria para la resolución de los conflictos.
-Se permitiría el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional, eliminando la restricción geográfica que existía para ejercer (la condición de que un colegio de cierta localidad autorice a ejercer).
-Se eliminarían los aranceles mínimos y los honorarios fijos que establecen los Colegios. En su lugar, las partes podrán acordar libremente los términos y costos del servicio.
-Se eliminarían las sanciones por ejercicio sin matrícula.

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