Aunque sin una ley nacional específica, más de 200 empresas locales ya están certificadas, generan unos 23 mil puestos de trabajo y varias provincias cuentan con marcos de fomento. El sector privado es el principal motor de esta tendencia alineada con los ODS.

Lunes 18 de agosto de 2025. El concepto de empresas que buscan un propósito más allá de la rentabilidad económica gana cada vez más relevancia en el mundo empresarial argentino. Se trata de las “Empresas B” o de triple impacto, un modelo que equilibra de manera formal el desarrollo económico con el impacto social y ambiental positivo, según explicó la especialista Silvia Kloster en su columna de Plural.
A diferencia de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que a menudo consiste en acciones complementarias, la certificación de Empresa B implica un cambio estructural. “Son aquellas que, además del desarrollo económico, contemplan el impacto social y ambiental. Esto se relaciona con el concepto de desarrollo sostenible”, señaló Kloster, destacando que el objetivo es un “equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental”.
En Argentina, al no existir una norma nacional específica, el proceso de validación es internacional y está a cargo de la consultora B Lab. Para obtener el sello, las empresas deben atravesar una exhaustiva “Evaluación de Impacto B”, que verifica que el fin social y ambiental esté incorporado en su estatuto legal. “En muchos casos, es necesario modificarlo. Además, deben presentar pruebas concretas de lo que declaran”, explicó Kloster, subrayando que no es una mera declaración de intenciones, sino un “procedimiento formal” con evaluación legal, social y un puntaje mínimo a alcanzar.
Si bien en el país no hay beneficios fiscales directos por esta certificación, Kloster enumeró ventajas competitivas tangibles. Las empresas B logran un “estatus institucional diferenciado” que facilita el acceso a “créditos verdes” y ofrece ventajas en “licitaciones públicas o compras estatales”. Además, se posicionan mejor en mercados internacionales cada vez más exigentes con los estándares ambientales y sociales.
La columnista destacó que en Argentina operan más de 200 empresas de este tipo, que generan aproximadamente 23.000 puestos de trabajo, “la mayoría vinculados a actividades verdes o con otro tipo de impacto social positivo”. Entre los ejemplos mencionados se encuentran firmas como Inca (zapatillas con materiales reciclados) y emprendimientos ligados a la producción de té.
Dentro de las provincias, el escenario es más alentador. Mendoza, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro ya cuentan con leyes que regulan y fomentan estos emprendimientos. En Misiones, si bien no hay una normativa directa para Empresas B, existen programas como el de Responsabilidad Social y Ambiental Empresarial (Ley XVI Nº 35) y leyes de economía circular que “acercan a las empresas a poder calificar de esta manera”, señaló Kloster. La provincia también ofrece fondos y financiamiento con condiciones accesibles a través de su banca de desarrollo para mejorar procesos.
Respecto al papel del gobierno nacional, Kloster fue clara: “El motor acá es el sector privado, básicamente las cámaras”. Aunque hubo proyectos de ley con interés, ninguno avanzó significativamente. “Sería deseable que los gobiernos estén cada vez más interesados y cuenten con instrumentos para fomentarlo”, afirmó, recordando que Argentina está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que incluyen explícitamente al sector privado.
Kloster concluyó con una advertencia y una oportunidad: el mundo es cada vez más riguroso en sus exigencias ambientales. “Las empresas que exportan necesariamente cuentan con algún tipo de certificación (…) No podemos aislarnos ni ser ciegos ante estas exigencias”. La adaptación a este modelo no solo es una cuestión de prestigio, sino una estrategia crucial para insertarse en las cadenas de valor globales y asegurar la sostenibilidad a largo plazo, tanto del negocio como del planeta.

La nota de Kloster en Plural

—¿Con qué tema venís hoy, Silvia?
—Hoy traje para compartir con ustedes de qué hablamos cuando hablamos de empresa con impacto positivo o “empresas B”. Son aquellas que, además del desarrollo económico, contemplan el impacto social y ambiental. Esto se relaciona con el concepto de desarrollo sostenible que hemos mencionado en otras ocasiones, incorporado en 1992 a través de convenios internacionales. La idea es que el desarrollo de la civilización busque un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental.

—En el sector privado…
—Sí, en el sector privado es una forma de hacer negocios con un fuerte compromiso ambiental y social. En Argentina no existe una norma específica, pero sí un proceso de validación internacional. La consultora B Lab es la encargada de certificar este tipo de empresas. El objetivo es que puedan desarrollarse a nivel local generando beneficios sociales en el entorno donde operan y cuidando el ambiente. Estas empresas surgieron inicialmente en Estados Unidos y luego se expandieron a nivel global.

—¿Hay locales, Silvia? ¿Hay empresas en la región?
—Sí, en la región y en Argentina existen empresas con esta certificación. Para obtenerla, deben atravesar un proceso llamado “Evaluación de Impacto Ambiental B”, que verifica que el fin social y ambiental esté contemplado en su estatuto. En muchos casos, es necesario modificarlo. Además, deben presentar pruebas concretas de lo que declaran y de cómo gestionan esos aspectos.

—Eso en lo discursivo…
—Claro, pero no se queda en lo discursivo. Es un procedimiento formal. Hay una evaluación legal y una evaluación social; se otorga un puntaje y, si se cumplen los requisitos, la empresa puede ser certificada a nivel global y obtener la categoría B, que significa “beneficio” o “impacto social”. En Argentina, si bien no hay una norma nacional que fomente este tipo de empresas, muchas ya adoptaron esta visión, priorizando no solo el rédito económico sino también el impacto en el ambiente y en las comunidades.

—¿Tienen algún beneficio impositivo o es solo una cuestión de prestigio?
—Depende de la jurisdicción. Por ejemplo, Argentina no tiene normativa nacional, pero provincias como Mendoza, Entre Ríos, Neuquén o Río Negro cuentan con leyes que regulan estos emprendimientos. A nivel general, aunque no haya beneficios fiscales directos, las empresas certificadas logran un estatus institucional diferenciado. Esto puede facilitarles el acceso a créditos verdes o darles ventaja en licitaciones públicas o compras estatales. Estas son cosas que van acompañando a este tipo de empresas. En Argentina hay más de 200 empresas B, que generan unos 23.000 puestos de trabajo, la mayoría vinculados a actividades verdes o con otro tipo de impacto social positivo.

—¿Estamos hablando siempre de cuestiones verdes o empresas que tienen otro tipo de impacto?
—Sí, empresas con este tipo de impacto, que es el impacto pensado en el triple enfoque: desarrollo social, manejo responsable de los recursos naturales y beneficio económico. Estos tres elementos son indispensables. Este tipo de empresas, como te comentaba, se califican mediante un procedimiento internacional y pueden acceder a la certificación como empresas B. Hay una evaluación llamada “Impacto Ambiental B”. Las empresas que logran esta calificación tienen más facilidades para acceder a financiamiento y mejor posicionamiento frente a aquellas que no realizan acciones vinculadas al ambiente o a lo social. No se trata solo de generar beneficios económicos para socios o accionistas, sino también de aportar al desarrollo sostenible, tanto en lo social como en lo ambiental.

—¿Y que esos beneficios queden en el país?
—Aunque tengan actividades fuera, traen beneficio local…

—Porque Telecom por ejemplo foresta el Amazonas…
—Bueno, esas son medidas que pueden ayudar, como ocurre con las empresas que calculan su huella de carbono y la certifican. Son instancias que mejoran procesos, pero no las convierte automáticamente en empresas B. Para serlo, hay que cumplir con los requisitos que establece la organización internacional B Lab. Por ejemplo, Patagonia, una empresa estadounidense de indumentaria para actividades al aire libre, es una empresa B. En Argentina, hay casos como Inca, que produce zapatillas con materiales reciclados, o emprendimientos vinculados a la producción de té. A nivel local, no tenemos normativa específica para empresas B, pero sí programas como el de Responsabilidad Social y Ambiental Empresarial (Ley XVI Nº 35) o leyes vinculadas a la economía circular. No apuntan directamente a la certificación B, pero tienen mucha relación. En otras provincias sí hay regulación específica, como en Mendoza, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. A nivel nacional hubo proyectos, pero no avanzaron.

—¿Y en Misiones hay alguna firma interesada en ir por ese camino?
—Yo creo que hay empresas que cada vez más tienen esta intención. Por lo menos, la idea del programa que tiene la provincia —como te mencionaba— es fomentar la responsabilidad social vinculada también a la cuestión ambiental, al manejo de los recursos naturales, al impacto social en la comunidad. Este programa específicamente tiene esa mirada. Es muy parecido tal vez al enfoque internacional, pero no tiene un procedimiento como el que se usa afuera. De alguna manera, se vincula y es el primer paso, seguramente, para después poder acceder a este tipo de calificación, que en general es un procedimiento online, gratuito, con una serie de documentación que hay que presentar. Cuando pasás esta verificación, ya entrás en un proceso un poco más complicado, que lo hace la propia organización internacional B Lab. Ahí, de alguna manera, formás parte de este grupo, un grupo “señero”, si querés, vinculado a estos tres niveles de impacto. Impacto positivo le llaman, precisamente por esto: porque la empresa tiene otra mirada, no solamente reconociendo el desarrollo económico y el beneficio económico, sino también el impacto social y ambiental. Así que, si bien Misiones no tiene algo directamente vinculado, tiene programas que acercan a las empresas a poder calificar de esta manera. También se piensa en el desarrollo sostenible, en todo lo que es el manejo de residuos. Cada vez más, Misiones tiene normativas vinculadas a la economía circular, a reconocer los residuos como materia prima, y también a los emprendedores y a la gente que de alguna manera genera estos residuos y los vuelve a insertar en el mercado. Siempre hay un interesado: aquel que genera el residuo y alguien que lo utiliza como insumo, como materia prima. Este acercamiento de partes también es importante y todo va encaminado a que alguna de estas empresas pueda llegar a ser una empresa B.

—Silvia, ¿el gobierno nacional —este o los anteriores— incentiva esto, marca ese camino, trata de reunirse con estas empresas para hacerles conocer y pedirles que vayan en esa dirección? ¿O es pura y exclusivamente responsabilidad de las firmas?
—Mirá, yo creo que el motor acá es el sector privado, básicamente las cámaras. El gobierno, en su momento, tuvo la idea; había un proyecto de ley, por lo cual hubo interés, pero no avanzó mucho más a nivel nacional. En este momento no te podría decir si hay una impronta concreta, porque es muy diferente a etapas anteriores. Pero creo que todos los gobiernos, como mínimo, deberían fomentar este tipo de empresas en lo que respecta a lo ambiental y lo social. ¿A quién no le interesa buscar un desarrollo armónico con estas tres grandes áreas o fases que tienen que ver con el desarrollo sostenible? Argentina se ha comprometido en este sentido, y todas las provincias trabajan en temas vinculados a los ODS —Objetivos de Desarrollo Sostenible—. Claramente, los 17 objetivos contemplan esta parte y tienen un área destinada al sector privado o a las alianzas público-privadas. Todo esto está relacionado, no es algo desvinculado. Por eso, sería deseable que los gobiernos estén cada vez más interesados y cuenten con instrumentos para fomentarlo. Misiones, por ejemplo, tiene herramientas que de alguna manera asisten a la empresa o al sector privado con fondos, pequeños fondos provinciales, para mejorar sus procesos.

—¿Fondos provinciales?
—Sí, fondos provinciales, y también hay fondos internacionales, pero sobre todo provinciales. Hay una banca provincial que genera este tipo de iniciativas, asiste y pone a disposición de las empresas financiamiento con condiciones de devolución muy accesibles, con un buen nivel de cumplimiento, y que forma parte de esta gran movida. Creo que los bancos privados tienen una gran deuda en este sentido. El financiamiento verde debería ser un área donde todos los bancos locales estén golpeando la puerta del Estado para ofrecer propuestas. Porque, en realidad, el mundo pasa por ahí. No tenemos que pensar solo en el Banco Mundial o en el Fondo Verde para el Clima. Hoy tenemos que bajar a las patas locales, porque esto tiene un rédito. Si miramos hacia afuera —y Argentina es un caso muy particular—, vemos que en América y, sobre todo, en Europa, las empresas que exportan necesariamente cuentan con algún tipo de certificación y procedimientos vinculados a la mejora de los procesos y al uso responsable de los recursos naturales. Esto es lo que está pasando en el mundo. No podemos aislarnos ni ser ciegos ante estas exigencias. El mundo, en cuanto a las exigencias ambientales para los procesos y productos, es cada vez más riguroso. El empresario tiene la posibilidad de adaptarse, y el Estado debe poner a disposición los instrumentos para que el sector privado pueda no solo mejorar su producto, sino también aportar a la comunidad y al ambiente.