Perú entra en una nueva era de incertidumbre con José Jerí como presidente interino tras la destitución de Dina Boluarte. El ascenso de Jerí a la primera magistratura está marcado por serias acusaciones. Pesa sobre él una denuncia por violación sexual presentada en enero de 2025, donde una mujer alega que el político la agredió junto a otro hombre durante la noche del 29 al 30 de diciembre de 2024 en la municipalidad de Canta.

Sábado 11 de octubre de 2025. En una decisión unánime que encapsula la profunda crisis política peruana, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente», allanando el camino para que José Jerí Oré, el hasta entonces presidente del Legislativo, jure como el séptimo mandatario del país en siete años. La salida de Boluarte, con un rechazo ciudadano superior al 90%, fue precipitada por una coalición de derecha que durante casi tres años fue su sustento y que, ante la insostenibilidad de su gobierno, le retiró abruptamente su apoyo en medio de un desborde de la delincuencia y protestas callejeras.
Jerí, un abogado de 38 años del partido Somos Perú, asumió el cargo en una ceremonia en el hemiciclo legislativo, rodeado de la cúpula castrense en su primera acción de gobierno. Su discurso, breve y cargado de generalidades, contrastó con la amarga salida de Boluarte de Palacio de Gobierno, quien en un mensaje televisado omitió toda referencia a la crisis que causó su caída. La fiscalía ya solicitó su impedimento de salida del país, y su destino parece apuntar a la cárcel por su presunta responsabilidad en la muerte de decenas de manifestantes y en varios casos de corrupción.
El ascenso de Jerí a la primera magistratura está marcado por serias acusaciones. Pesa sobre él una denuncia por violación sexual presentada en enero de 2025, donde una mujer alega que el político la agredió junto a otro hombre durante la noche del 29 al 30 de diciembre de 2024 en la municipalidad de Canta. Aunque la Fiscalía archivó el caso en agosto por «falta de pruebas», el proceso por desobediencia a la autoridad, relacionado con su presunto incumplimiento de una orden de recibir tratamiento psicológico tras la denuncia, sigue en investigación.
Además, el nuevo mandatario enfrenta señalamientos de corrupción, incluyendo una denuncia por enriquecimiento ilícito que lo acusa de haberse beneficiado de pagos irregulares en un proyecto regional para favorecer a una compañía. Jerí, quien se defiende invocando la presunción de inocencia, logró la presidencia del Congreso en julio pasado tras un acuerdo de las fuerzas de derecha y extrema derecha que optaron por no exponer a figuras más prominentes al desgaste del cargo.

Futuro incierto


La destitución de Boluarte no calmó los ánimos en las calles. Manifestantes que celebraban la caída de la expresidenta con consignas como «Dina asesina» mostraron inmediatamente su rechazo a Jerí, coreando «que se vayan todos» y «la mafia congresal no la sacó, el pueblo la botó». Esta transición deja al descubierto que, aunque cayó Boluarte, la coalición autoritaria que la sostuvo permanece en el poder, ahora operando desde la presidencia de Jerí y con el fujimorista Fernando Rospigliosi, un rostro visible del autoritarismo, tomando las riendas del Congreso.
El nuevo presidente hereda un país al borde del abismo, con elecciones previstas para abril de 2026 y una ciudadanía exhausta por la inestabilidad. Como lo resumió el parlamentario izquierdista José Quito en un intento fallido por censurar a Jerí: «No se va a sostener una semana en el cargo, porque serán las calles los que lo saquen». Perú enciende otro capítulo de su crisis crónica, donde la única certeza es la profunda desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones.