Tras dos años de ajuste, el Congreso frenó el desguace de las universidades públicas, aunque el Poder Ejecutivo liderado por Javier Milei no libera fondos. El impacto de la cruel política libertaria impacta con fuerza en la educación pública y en la salud pública, entre otros sectores. Carlos Posdeley, estudiante universitario, advierte sobre este desfinanciamiento sistemático desde su columna de Plural.

Martes 21 de octubre de 2025. En un hecho calificado como “histórico” por especialistas del sector, el Congreso de la Nación sancionó con amplia mayoría y logró imponer, por encima de un veto presidencial, la Ley de Financiamiento Universitario. Este movimiento legislativo representa el primer freno político contundente a la política de ajuste del presidente Javier Milei en el ámbito de la educación superior pública, tras dos años de recortes presupuestarios, movilizaciones masivas y una creciente crisis en el sistema.
La noticia, destacada como un punto de inflexión luego de un largo período de “lucha y consignas”, fue el eje central de la columna de Carlos Posdeley en el programa Plural. El analista subrayó que, por primera vez en mucho tiempo, se puede dar una “buena noticia” del ámbito universitario, luego de que los representantes del pueblo “tomaran nota” del reclamo social y decidieran “ponerle definitivamente un freno a esta política” que, a su juicio, responde a lineamientos del Fondo Monetario Internacional.
La ley está, pero los fondos no llegan. En ese contexto, Posdeley advirtió que “todavía no se puede festejar”. El gobierno nacional, según explicó, mantiene una postura de “hacer la plancha” frente a la ley sancionada, similar a la que adopta con otras normas que asignan mayor presupuesto a sectores vulnerables. “Lo que ahora estamos esperando es que el gobierno promulgue la ley y que le dé finalmente los fondos que las universidades necesitan para funcionar”, afirmó.
Para dimensionar la “crueldad y necedad” del ajuste, Posdeley aportó datos concretos sobre una de las becas más emblemáticas, la Progresar. Habló de la caída en la cobertura: en 2023, la beca alcanzó un récord de casi 1.800.000 inscriptos. Medio año después del inicio del gobierno de Milei, se recortaron 500.000 beneficiarios. También mencionó la pérdida del poder adquisitivo ya que el valor actual de la beca es de unos 35 mil pesos. Para equiparar su poder de compra al de 2022, debería valer 80 mil pesos. Y si se quisiera recuperar el valor de su creación en 2014, tendría que ser de 127 mil pesos.
“Hoy, con los 35 mil pesos, no te podés comprar ni siquiera un libro nuevo”, lamentó el columnista, quien relató que cuando él accedió a la beca en 2020, con $1.800 sí podía costear el material de estudio.
La crisis presupuestaria se manifiesta también de otras formas graves. Enumeró por ejemplo la situación de los comedores universitarios que en Posadas es dispar. Mientras la Facultad de Humanidades logró mantener su beca de comedor, la de Exactas, Químicas y Naturales no otorgó ninguna beca de acceso al comedor en este cuatrimestre.
Em cuanto a las becas para científicos, el gobierno no transfirió los fondos al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para las becas de incentivo a la educación científica, vedando el acceso a muchos estudiantes a la investigación. La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) absorbió a estos estudiantes con una beca propia de solo 25 mil pesos, un monto que “no sirve para pagar una tarifa de teléfono”.
Por otra parte, Posdeley alertó sobre el preocupante aumento de la deserción estudiantil, impulsada por la necesidad de trabajar y la imposibilidad de sostener los gastos, especialmente para quienes deben alquilar. Sumado a esto, señaló una “estigmatización muy grande” por parte del gobierno hacia la universidad pública, que promueve la idea de que estudiar no garantiza un ascenso social.
“No hay ningún país que pueda salir adelante si no puede resolver sus propios problemas con sus propios conocimientos”, concluyó el columnista, enfatizando que el futuro de los jóvenes y la capacidad científica del país son lo que está en juego. La pelota, ahora, está en el campo del Ejecutivo para promulgar la ley y destinar los recursos que el Congreso y las calles ya reclamaron.

Carlos Posdeley en Plural


–¿Con qué tema viniste hoy, Carlitos?
–Hoy, la verdad es que estuve pensando que hace prácticamente un año que comenzamos esta columna, y que es la primera vez que puedo venir a traer una buena noticia, prácticamente, de lo que es el ámbito universitario acá al programa. Porque después de dos años de gobierno de Javier Milei, después de que se intentó varias veces la ley de financiamiento universitario, al parecer por fin tenemos una ley sancionada con amplia mayoría en ambas cámaras, y también tenemos un veto que fue rechazado, también con amplia mayoría en ambas cámaras. Entonces, la verdad es que después de mucho tiempo, de mucha lucha, muchas consignas, lo que evidentemente sucedió es que muchos representantes del pueblo tomaron nota sobre eso que el pueblo y las movilizaciones habían dicho, y por fin decidieron ponerle definitivamente un freno a esta política de Javier Milei. Una política que, bueno, va en consonancia con las políticas a nivel mundial y con aquellos presupuestos que dicta el Fondo Monetario Internacional, y le pusieron un freno al desguace de la universidad pública y del sistema de ciencia y tecnología.

–¿Ya se puede festejar?
–En ese sentido hay que esperar un poco, porque justamente se aprobó la ley, se cayó el veto, y ahora lo que estamos esperando es que el gobierno nacional promulgue la ley y que le dé finalmente los fondos que las universidades necesitan para funcionar. En este momento, el gobierno tiene exactamente la misma postura que tiene con la ley del Garrahan y con otras leyes que asignan mayor presupuesto a los sectores más vulnerables del país: hacer la plancha, esperar, pedirles a los legisladores que expliquen de dónde van a salir esos fondos. Que, bueno, es lo que tratamos en la entrevista anterior. Ahora, por ejemplo, dicen que tienen plata para volver a reimprimir las boletas, pero, bueno, plata para el resto de las políticas no hay. Entonces, lo que ahora estamos esperando es que el gobierno tome nota nuevamente de todas aquellas movilizaciones que hubo y que, de alguna manera, le dé los fondos que las universidades están solicitando, que el pueblo acompañó, que reclamó como justos y que son sumamente necesarios para la continuidad del sistema. Hoy, cuando venía para acá, estaba pensando en que muchas veces hablamos del presente sin realmente tener en la cabeza, o sin tener algún ejemplo gráfico, sobre de dónde venimos. Hablamos del presente, sobre la situación crítica, y muchas veces lo que suele rondar en el sentido común es que “esto siempre fue así” y que “esto siempre funcionó así”.

–¿Esto de no tener plata? ¿Esto de no tener presupuesto? ¿O a qué te referís?
–Me refiero a que muchas veces solemos pensar que el problema de que las universidades no tienen financiamiento, o que el monto de las becas generalmente siempre fue bajo, es simplemente una continuidad de lo que viene sucediendo. Lo cual no es así. Hay que tener algunos datos básicos para poder entender en qué momento nos estamos enfrentando y por qué es que hubo tantas movilizaciones y tanta resistencia hacia el desfinanciamiento actual, y tanto reclamo. Quizás no traje puntualmente las cuestiones del salario docente y no docente porque me parece que están muy explicadas, y uno puede entrar a internet y encontrar muchos representantes hablando de eso. Sin embargo, te traje un ejemplo, Raúl, para que los televidentes puedan entender de qué magnitud fue el ajuste en una de las becas más importantes que tiene el sistema universitario: la beca Progresar. Fue implementada en el año 2014, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para acompañar las trayectorias de los estudiantes. En ese año, la beca Progresar era de 600 pesos. Hoy parece una locura pensar en una beca de 600 pesos. Sin embargo, tuvo su proceso: medio millón de inscriptos en 2014, y la mayor cantidad de inscriptos que tuvo fue en 2023, cuando se llegó a la cifra récord de casi dos millones de inscriptos —1.800.000 y algo—. Medio año después, prácticamente durante el primer gobierno de Javier Milei, ya se habían aplicado políticas que recortaron en medio millón los beneficiarios de las becas Progresar. Quinientos mil pibes y pibas menos cobrando, afuera del sistema, sin tener ese apoyo económico. Y en cuanto a los valores, la beca Progresar de este año actualmente es de alrededor de 35 mil pesos, después de haber estado mucho tiempo congelada. Si nosotros quisiésemos recuperar el poder adquisitivo de la beca Progresar del año 2022, hoy debería estar valiendo 80 mil pesos. Y si quisiésemos recuperar el poder adquisitivo de esa primera beca Progresar del año 2014, hoy debería valer 127 mil pesos. Yo recuerdo que comencé a estudiar en la universidad en el año 2020. Me inscribí en la beca, accedí, y en ese momento era de 1800 pesos, que me alcanzaban para comprarme prácticamente un libro nuevo de los que se solicitaban durante la cursada, y quizás podía llegar a comprar otro o tener prácticamente la misma plata de un libro en apuntes. Hoy, con los 35 mil pesos, no te podés comprar ni siquiera uno nuevo. Entonces, eso nos sirve como parámetro para poder decir que lo que está sucediendo actualmente realmente es de una crueldad y de una necedad absoluta del gobierno nacional. Porque la universidad pública y el futuro de los pibes y las pibas que se quieran dedicar a la ciencia y la tecnología es realmente lo que nos constituye, o nos podría constituir, como una potencia a nivel mundial. No hay ningún país que pueda salir adelante si no puede resolver sus propios problemas con sus propios conocimientos, con sus propias capacidades adquiridas. Esa es una de las aristas que podemos tomar como ejemplo. Otro de los problemas comunes que estuvimos atravesando a partir de que comenzó el gobierno de Javier Milei tiene que ver con la decaída del acceso al comedor. En Posadas tenemos tres unidades académicas que lo han gestionado de formas distintas. La Facultad de Humanidades es la que ha logrado mantener la beca de comedor, tanto para almuerzo como para cena —sin recuperar los almuerzos del sábado aún—, pero es quizás la unidad académica que mejor ha sabido manejar el problema presupuestario. Luego tenemos el comedor Raúl Alfonsín, que corresponde a la Facultad de Económicas en el campus, que atravesó distintas etapas: becas completas, medias becas, hasta que hoy pudo normalizarse nuevamente. Y tenemos el caso de la unidad académica de Exactas, que lo primero que hizo fue tercerizar el sistema. Los estudiantes tenían que ir a recoger la vianda en el Club Tokio y ahora, actualmente, en este segundo cuatrimestre, no dio absolutamente ninguna beca de acceso al comedor. Es decir, los estudiantes de Exactas hoy no pueden acceder al comedor. Otro ejemplo que podemos dar, y que tiene que ver con lo que sucedió puntualmente este año, son las becas para el incentivo a la educación científica del Consejo Interuniversitario Nacional. Es una beca que funciona como el primer paso para todos aquellos que quieran dedicarse a la investigación científica. Era una beca para los iniciales, que otorgaba un rango de puntaje importante. No eran muchas a nivel nacional, pero sí era accesible. Este año, el gobierno nacional no le dio los fondos al CIN para que esa beca se pudiera llevar adelante. Muchas unidades académicas a lo largo del país no pudieron afrontar ese gasto, y muchos estudiantes que querían iniciarse en el camino de la ciencia y la tecnología quedaron ahí, vieron su acceso vedado. La UNaM sí tomó la decisión, con recursos propios, de pasar a los estudiantes de la beca del CIN a una beca DEIT, que es propiamente de la universidad. Pero hoy ese valor tampoco se puede actualizar por los recortes presupuestarios y es de 25 mil pesos. Que tampoco sirve para pagar una tarifa de teléfono, no sirve para pagar apuntes, no sirve para comprarse un libro. Es realmente un valor muy mínimo para un trabajo que sí requiere mucha dedicación, porque la investigación científica requiere no solo tiempo sentado en un escritorio leyendo, sino también mucho trabajo de campo, muchas discusiones, participación en congresos, publicaciones en revistas. Y todo eso hoy está vedado.

–Destacaste de alguna manera el trabajo de la UNaM, de la Universidad Nacional de Misiones. Pregunto: ¿el alumnado valora eso que estás poniendo en relieve, ese trabajo, esa gestión, ese poder mantener, a pesar de toda esta situación, esa beca de comedor?
–Sí, por supuesto que se valora.

–¿Hay conciencia de ese esfuerzo?
–Hay conciencia, por supuesto. Y sobre todo teniendo en cuenta que los propios estudiantes de distintas unidades académicas están viendo las realidades de otras unidades. Eso lleva a valorar, y también lleva a que los propios estudiantes se comprometan en la defensa de ese tipo de espacios. Cuando fuimos a la última marcha universitaria, yo creo que la consigna de que el comedor debería ser para todos no fue simplemente de una unidad académica, sino que también hay una solidaridad entre los estudiantes para poder reclamar que todas las unidades académicas deberían poder dar las mismas soluciones. Es realmente injusto que algunas unidades privilegien otros presupuestos antes que aquellas becas que tienen que ver con poder sostener a los compañeros y compañeras en su trayectoria académica.

–Para poner en contexto, ya tocaste en columnas anteriores el tema de los alquileres y el tema de la deserción. ¿Cómo está eso en este contexto en que se va agravando lo económico en el ámbito universitario?
–Completamente. La deserción es una realidad que es preocupante en dos sentidos. El primero es la deserción de aquel compañero o compañera que vino a estudiar a Posadas o que fue a estudiar a otra ciudad del interior y que, por cuestiones económicas, quizás comenzó a trabajar para tener un ingreso extra, y luego tuvo que trabajar para sostenerse. Y trabajar y estudiar es realmente complicado, por lo que muchos tuvieron que dejar la carrera. Y, por otro lado, también hay un problema muy grave que tiene que ver con la cantidad de inscriptos que tenemos en la universidad pública. Primero, porque el gobierno nacional tiene un sistema de estigmatización respecto a la universidad pública muy grande, que termina construyendo sujetos que prefieren la timba financiera, que prefieren comprar criptomonedas, que prefieren dedicarse a otras cosas antes que estudiar, porque creen que la universidad no les va a dar el salto económico o el ascenso social que necesitan. Y eso, por un lado, también es cierto, porque el propio gobierno es el que se ocupa de que las carreras académicas y científicas fracasen. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de becas doctorales del Conicet —en las ciencias sociales, que siempre han sido relegadas—, actualmente son prácticamente nulas. Los compañeros y compañeras casi no pueden acceder a una beca doctoral. Entonces, primero necesitamos políticas para sostener a los compañeros que ya están estudiando, y segundo, también necesitamos políticas para incentivar a que más chicos y chicas elijan la universidad.