El Gobierno de Tierra del Fuego rechazó la medida y aseguró que judicializará el caso. Denuncian extorsión y «un avasallamiento importante a la autonomía de la provincia» porque, entienden, «no hay razones» para la intervención; el puerto crece y funciona, nada afecta al puerto, existen narrativas preocupantes, hay diálogo con el Gobierno nacional y habrá acciones judicailes», según dice un comunicado oficial de cinco puntos del Gobierno provincial.

Jueves 22 de enero de 2026. La intervención por 12 meses del Puerto de Ushuaia por parte del Estado nacional, oficializada este jueves, desató un conflicto político-institucional de alta intensidad que más allá de lo administrativo, toca fibras sensibles de la autonomía provincial -de Tierra del Fuego-, la gestión de recursos y la geopolítica austral.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a cargo de Iñaki Arreseygor, justificó la medida a través de la Resolución 4/2026. El organismo argumentó la detección de «desvíos de recursos» destinados al puerto hacia otros gastos de la administración provincial, lo que violaría la normativa que exige su reinversión en la terminal. Además, citó deficiencias operativas, riesgos en infraestructura y falta de respuestas a pedidos de regularización. La ANPyN señaló que la intervención responde a denuncias de trabajadores y preocupaciones de empresas navieras, y se tomó tras la falta de soluciones a observaciones previas.
La reacción del gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por el gobernador Gustavo Melella, fue de inmediato rechazo y confrontación jurídica. Melella calificó la intervención como «un avasallamiento importante a la autonomía de la provincia» y anunció que acudirá a la Justicia para revertirla.
En un comunicado oficial de cinco puntos, la provincia sostiene:
-Falta de Razones: Considera que no existe justificación objetiva y critica incongruencias en la resolución nacional, que inhabilita el puerto y luego suspende esa inhabilitación «para no afectar la operatoria».
-Normalidad Operativa: Destaca el crecimiento y funcionamiento exitoso del puerto, con récords de recaladas (más de 525 esperadas esta temporada) y obras de infraestructura recientes, como la extensión del muelle.
-Cuestionamiento Legal: Aunque reconoce que la Legislatura provincial aprobó una ley que permite usar superávit del puerto para la obra social provincial (OSEF), asegura que no se ha efectivizado ningún traspaso de fondos, desmarcándose así del supuesto desvío.
-Narrativas Geopolíticas: Expresa preocupación por «narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas -no explicitadas-» que, a su juicio, podrían estar detrás de la medida.
-Diálogo y Acción Legal: Aunque mantiene canales de diálogo con el gobierno nacional, afirma que avanzará con un reclamo judicial inmediato.

Extorsión institucional
Por su parte, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, fue más allá en su crítica y acusó al gobierno nacional de utilizar un «artilugio legal» y una «extorsión institucional». «Primero se anuncia la inhabilitación para intervenir, y una vez consumada la intervención, se vuelve a permitir la operación. Esto no es más que… disfrazar una medida contra una instalación que funciona con normalidad y excelencia», afirmó.
La intervención se produce en el pico de la temporada de cruceros, un período vital para la economía fueguina. El gobierno provincial insiste en que las operaciones continúan con normalidad, pero la medida genera incertidumbre en un momento de alta demanda. Este timing es visto por las autoridades locales como un agravante.
En lo político, el conflicto se enmarca en la histórica tensión entre el gobierno nacional de Javier Milei y un gran número de gobernadores de provincias, particularmente aquellos de signo político opositor. La acusación de «avasallamiento a la autonomía» resuena en un sistema federal donde la distribución de competencias y recursos es fuente de disputa permanente.

La geopolítica, Trump y su arremetida global
El comunicado provincial alude vagamente a «intencionalidades geopolíticas». Este punto hace eco de versiones no verificadas y de alto voltaje político que circularon en redes y algunos sectores políticos que sugieren un supuesto ofrecimiento del puerto a terceros países con fines estratégicos, como poner el Puerto austral a disposición del gobierno de Dondald Trump, como parte de esta estrategia de redefinir (y dividirse) la geopolítica de acuerdo a los intereses del los Estados Unidos de Norteamérica, un posición que el presidente Javier Milei aboga y defiende. en una actitud servil hacia el mandatario del norte. De todas maneras, esta supuesta entrega no es una posición oficial o que cuente con evidencia concreta. Ni la resolución de la ANPyN ni comunicados oficiales del gobierno nacional mencionan intención alguna de alterar la soberanía o el destino estratégico del puerto. Expertos consultados coinciden en que, si bien el Puerto de Ushuaia tiene un valor logístico y simbólico innegable en el Atlántico Sur, no hay elementos fácticos que sustenten la teoría de una «entrega» o cambio en su status soberano. La inclusión de este rumor en el debate, sin embargo, politiza aún más el conflicto en un escenario internacional que está mutando.
Por ahora, el conflicto parece encaminarse a dos vías paralelas. Por un lado, la Vía Judicial, dondeela provincia sureña ya anunció su intención de presentar una acción para declarar la inconstitucionalidad de la intervención, argumentando la violación de su autonomía. En ese sentido, el Poder Judicial será el árbitro de este conflicto competencial. Y por otro lado, la vía político-administrativa: mientras dure la intervención, la ANPyN asumirá la gestión directa. Su desempeño y la transparencia con la que maneje el puerto serán escrutados. Cualquier falla operativa durante este período será utilizada por la provincia para validar su postura; cualquier mejora o hallazgo de irregularidades, por el gobierno nacional para justificar la medida.
Lo que se disparó ahora, en concreto, es un conflicto con una disputa institucional clásica del federalismo argentino: el alcance de las facultades de intervención del Estado nacional sobre recursos manejados por las provincias, especialmente cuando existen denuncias de irregularidades. La resolución dependerá de la capacidad de la Justicia para dirimir el conflicto de competencias y de la evidencia concreta que pueda presentar la ANPyN sobre las irregularidades que motivaron su decisión. El desenlace sentará un precedente significativo para la relación Nación-Provincias en la gestión de infraestructura crítica.

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RP – Misiones Plural