Diálogo político en Misiones con una ausencia que resuena. La Legislatura busca soluciones a la crisis yerbatera mientras los partidarios de oficialismo nacional no asisten: el vicepresidente del cuerpo ningunea al Poder Legislativo que también preside: Adrián Núñez y los suyos, ausentes.

La Argentina ya no toma mate

Lunes 26 de enero de 2026. La Legislatura misionera intentó este lunes articular una respuesta política unificada ante la crisis más profunda que atraviesa el sector yerbatero en décadas. La reunión extraordinaria convocada por el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, logró congregar a un amplio arco opositor y al oficialismo provincial, pero quedó marcada por la ausencia total del bloque de La Libertad Avanza, el espacio que responde al Gobierno nacional y a Adrián Núñez, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones.
El encuentro, desarrollado este lunes 26 de enero en el edificio anexo de la Legislatura, buscó evaluar y consensuar herramientas legislativas y políticas para contener el colapso del sector, agravado por la desregulación nacional, la caída estrepitosa de los precios en chacra y la parálisis del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
“El sector yerbatero está afectado por la desregulación. Desde la Legislatura abordamos esta agenda para abrir espacios de diálogo, que amplíen la propuesta para ser parte de las soluciones, con todos en la mesa”, afirmó Macias al abrir la sesión, en una clara alusión a la falta de los libertarios.
La urgencia legislativa no es abstracta. Un par de días antes de la reunión, unas 12 mil familias productoras, reunidas en una asamblea masiva en Campo Viera, decretaron la detención total de la cosecha y emitieron un plazo perentorio, de dos semanas, al Inym. Sus exigencias son concretas: la restitución de las funciones regulatorias del organismo y la fijación de un precio de referencia justo. Pero esto no va a suceder.
Los números explican la desesperación. Según cálculos técnicos del propio Inym, el kilo de hoja verde no debería pagarse por debajo de los $436 para garantizar una rentabilidad mínima. Sin embargo, en el mercado desregulado, los valores actuales están muy por debajo de ese piso, llevando a la ruina a pequeños y medianos productores. Esta es, según sus dirigentes, la “tercera temporada de lucha” desde que asumió la actual administración nacional, a la que acusan de desinterés hacia la principal economía regional.

Presencias y omisiones


A la convocatoria de Macias respondieron representantes de todo el espectro político con arraigo provincial, mostrando la gravedad que atribuyen al tema. Por el Frente Renovador de la Concordia (el oficialismo provincial),participaron Alejandro Arnold, Arabela Soler y Juan José Szychowski; por el Pays, Héctor “Cacho” Bárbaro, Cristian Castro y Elvani Göring. Por la Vida y los Valores estuvo Walter Ríos; por el PRO, Analía Labandoczka y por la UCR, Santiago Koch. Por el espacio Ex Activar / Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores: Juan Ahumada y Ramón Amarrilla.
El intercambio permitió un diagnóstico compartido sobre el deterioro del mercado y la necesidad de acciones urgentes. Sin embargo, la silla vacía del vicepresidente de la Legislatura, el libertario Adrián Núñez, y de sus pares de bloque, funcionó como un símbolo elocuente de la fractura entre la agenda de la provincia y la del Gobierno nacional. Su ausencia debilita, de entrada, cualquier iniciativa que requiera consenso amplio o gestión frente a la Nación.
Los legisladores acordaron reunirse nuevamente a la brevedad para definir una agenda concreta. Mientras tanto, el reloj de los 14 días de plazo dado por los productores ya comenzó a correr.
La crisis yerbatera dejó de ser un tema sectorial para convertirse en la cuestión de gobernabilidad más urgente en Misiones. La reunión de este lunes demostró la voluntad del poder legislativo local de actuar, pero también expuso, en la ausencia libertaria, el principal y más complejo escollo político para encontrar una salida: la falta de sintonía con un Gobierno nacional cuyas políticas desreguladoras son el origen mismo del conflicto.