A 104 años de los fusilamientos ordenados durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, la historia rescató la memoria de un grupo de mujeres que se negaron a legitimar a los verdugos. Entre diciembre de 1921 y enero de 1922, entre 300 y 1.500 trabajadores rurales fueron ejecutados en Santa Cruz. En ese escenario de silencio impuesto por las armas, cinco trabajadoras sexuales de San Julián marcaron un límite moral que la historia oficial tardó décadas en reconocer.

Martes 17 de febrero de 2026 (Por Revisionismo Historico Argentino). El 17 de febrero de 1922, en Puerto San Julián, cinco mujeres del prostíbulo La Catalana se negaron a recibir a soldados del Ejército Argentino que venían de participar en los fusilamientos masivos de peones rurales en el territorio santacruceño. Los uniformados pertenecían al 10° de Caballería y actuaban bajo el mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela.
Las mujeres Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster los enfrentaron y los echaron al grito de: “¡Con asesinos no nos acostamos!”. No fue una frase suelta ni una exageración: para febrero de 1922 la región ya sabía que centenares de peones habían sido fusilados sin juicio. Aquella fue la única protesta pública registrada en medio del silencio impuesto por el terror. Fueron detenidas, hostigadas y luego liberadas. El gesto quedó como una marca moral frente a la masacre.

LA ANITA Y EL INICIO DEL EXTERMINIO
El punto de quiebre se había producido el 7 de diciembre de 1921 en la Estancia La Anita, cerca de El Calafate. Allí se concentraban cientos de huelguistas rurales organizados en torno a la Federación Obrera Regional Argentina y la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Los peones reclamaban pago en moneda y no en vales, reducción de jornadas extenuantes, mejores condiciones de vivienda y respeto básico en las estancias ovinas. Tras negociaciones tensas, muchos trabajadores depusieron las armas con la expectativa de que se respetara su vida. La promesa no se cumplió. En los días siguientes comenzaron los fusilamientos sistemáticos.
Las ejecuciones continuaron en distintos puntos del territorio, incluyendo zonas cercanas a Jaramillo, Río Gallegos y otras estancias como Bella Vista. Las estimaciones históricas hablan de entre 300 y 1.500 trabajadores fusilados. Muchos fueron enterrados en fosas comunes. No hubo juicios formales ni registros exhaustivos. Santa Cruz era entonces Territorio Nacional, dependiente directamente del gobierno central, lo que facilitó la intervención militar sin contrapesos institucionales locales.

EL FUSILAMIENTO DE FACÓN GRANDE
El 10 de noviembre de 1921, en Jaramillo, fue fusilado el dirigente obrero José Font, conocido como “Facón Grande”. Su ejecución marcó un mensaje claro: la represión no apuntaba sólo a disolver la huelga sino a eliminar su conducción. Para entonces el presidente Hipólito Yrigoyen había ordenado el envío de tropas para “restablecer el orden” en la región. La segunda campaña militar, a fines de 1921, fue abiertamente represiva y culminó con el aniquilamiento del movimiento huelguístico.
Si bien no existe documento público que contenga una orden escrita de fusilamientos firmada por el presidente, la responsabilidad política del gobierno nacional resulta ineludible: el Poder Ejecutivo dispuso la intervención militar, sostuvo la campaña y no impulsó investigación ni sanción posterior frente a las ejecuciones sin juicio. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente era la máxima autoridad política sobre la operación desarrollada en territorio santacruceño.
Durante el conflicto también se registraron episodios de violencia en el marco de la huelga —tomas de estancias, enfrentamientos armados y muertes—, pero la represión posterior fue sistemática y desproporcionada, alcanzando incluso a trabajadores que ya se habían rendido. Allí radica el núcleo de la controversia histórica.

LA CADENA DE VIOLENCIA
El 27 de enero de 1923, en Buenos Aires, el anarquista alemán Kurt Gustav Wilckens asesinó a Varela en represalia por las ejecuciones en Santa Cruz. Meses más tarde, el 15 de junio de 1923, Wilckens fue asesinado en la Penitenciaría Nacional por Jorge Pérez Millán, vinculado a la Liga Patriótica Argentina. A su vez, en 1925, Pérez Millán fue muerto en el Hospicio de las Mercedes por el interno anarquista Boris Wladimirovich, quien según testimonios de la época le habría dicho antes de disparar: “Esto te lo manda Wilckens”. La espiral de represalias mostró que la herida seguía abierta y que la violencia generada en la Patagonia no había concluido con los fusilamientos.
En el Cementerio de la Chacarita, donde fueron sepultados los restos de Varela, circuló durante años la referencia a una placa de homenaje que agradecía los “servicios prestados”. Esa mención generó polémica y versiones sobre su posterior desaparición. Más allá de las controversias en torno a su redacción exacta, el dato ilustra el clima político y social de la época, en el que sectores nacionalistas reivindicaban la represión mientras amplios sectores obreros la denunciaban como masacre.

LA HERIDA ABIERTA
Los hechos serían conocidos como la Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica. Durante décadas quedaron relegados al silencio oficial, hasta que investigaciones históricas los devolvieron al debate público. La discusión sobre el papel del gobierno radical, del presidente Yrigoyen y de los mandos militares forma parte de ese debate pendiente en la memoria argentina.
Por eso el 17 de febrero no es una anécdota marginal. Es la fecha en que, en medio del miedo y la sangre todavía fresca en la memoria colectiva de Santa Cruz, cinco mujeres comunes dijeron en voz alta lo que muchos callaban. Su gesto no detuvo la represión ni reparó la injusticia, pero dejó constancia de que incluso en el momento más oscuro hubo quien señaló a los responsables y se negó a legitimarlos con el silencio.
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