Los gremios están en alerta. El presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, sostuvo que si la ley de financiamiento vigente no se cumple, existe el riesgo de que las clases durante el 2026 no puedan iniciar con normalidad.

Miércoles 18 de febrero de 2026 (Camila Pace para Página 12). El Gobierno sumó un día extra a las sesiones extraordinarias para tratar de modificar la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en 2025 –y quitarle fondos–. En el boletín oficial, Javier Milei y Manuel Adorni firmaron un decreto que declara la prórroga de las sesiones en el Congreso hasta el 28 de febrero e incluyeron el envío de un nuevo proyecto para la educación superior. Con esto, sortean la norma interna de la Cámara de Diputados que determina que si quedan diez días o menos para el fin de las sesiones, los dictámenes emitidos carecen de efectos prácticos. Desde FEDUBA advirtieron que hay que impedir “la naturalización de una situación que es a todas luces injusta e ilegal”.
En diálogo con Página 12, el presidente de la FUA Joaquín Carvalho sostuvo que si la ley de financiamiento vigente no se cumple, existe el riesgo de que las clases durante el 2026 no puedan iniciar con normalidad. “Porque la situación hoy es crítica y todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para que la universidad siga cumpliendo su función, pero ahora depende del Gobierno”, declaró.
En el decreto 103/2026, la Rosada informó que durante las sesiones se agregará “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional”. Para esto, autorizaron la extensión del plazo previsto para el período extraordinario: “Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″.
No se conocen detalles del proyecto del Gobierno que busca reformar la ley, pero apunta a modificar el esquema de actualización automática de los salarios para no comprometer el equilibrio fiscal. Recientemente, el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez se reunieron con el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, para consensuar una actualización del financiamiento universitario que tenga “previsibilidad y resguardo jurídico”.
En este contexto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) emitió un comunicado que le exige al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, y respetar al Congreso y a la Justicia. Allí sostuvieron que esta ley fue “producto de los debates de la sociedad y en la unidad del sistema universitario fue aprobada en el 2025, sostenida luego del veto en ambas cámaras”.
Desde que inició el debate por el financiamiento universitario en 2024, con los salarios docentes y no docentes abatidos, el Gobierno de Milei hizo énfasis en que el financiamiento debía acomodarse a su política fiscal. Ahora, sus intenciones son lograr un consenso en el Congreso para conseguir una norma que reemplace la anterior.
Carvalho sostuvo que sería importante recordarle a los diputados y senadores que “hay una ley vigente, aprobada en ambas cámaras con mayoría especial, y que más allá de su rol en el Congreso, son funcionarios públicos y tienen que hacer cumplir la ley”.
Según la FUA, la Ley de Financiamiento Universitario ‘’soluciona los problemas que acarrean las Universidades Nacionales desde el 2024’’ y ‘’es una respuesta a la pérdida salarial de docentes y no docentes, mejora e incrementa las becas, fundamental para los estudiantes y los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales’’.
El secretario general del Sindicato de docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, sostuvo que ellos seguirán insistiendo con “el pleno cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, porque así lo dispuso el Parlamento, así lo dispuso el pueblo argentino en las calles, y así lo ratificó además el juez Martín Cormick”. En diciembre del año pasado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Cormick, realizó un fallo que obligaba al Gobierno a cumplir con la actualización de salarios y partidas para las universidades.
Pero hace unos días el Poder Ejecutivo solicitó apelar al fallo, mediante un recurso presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal por la Procuración del Tesoro. Pidieron que la apelación de Cormick quedara suspendida, al argumentar que una discusión presupuestaria del estilo debe discutirse en el Congreso. Aunque así sucedió en agosto pasado, cuando la Ley de Financiamiento se aprobó.
Después de estos acontecimientos legales, surgió la decisión del Gobierno de incluir en las extraordinarias el tratamiento de la ley de financiamiento. Ahora queda esperar que el Poder Ejecutivo Nacional envíe al recinto legislativo su propuesta de modificación, y que los legisladores que la reciban sean razonables con los pedidos del pueblo.
Ante la idea de que el Gobierno logre modificar la Ley de Financiamiento Universitario, que asegura salarios dignos y condiciones mínimas para un buen funcionamiento de las universidades públicas, Perazzi sostuvo que “si eso llega a ocurrir nos encontrarán en las calles nuevamente. Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es a todas luces injusta e ilegal”.
“En el ideario libertario, la idea de reducir universidades, e impedir el acceso masivo a las mismas, está en sus planes, forma parte de una sociedad para pocos, elitista y sin derechos”, declaró Perazzi.