El transporte público quedará completamente paralizado mientras Diputados debate la ley que no genera empleo y destruye al trabajador; los gremios marítimos ya cumplen 48 horas de huelga y denuncian que la reforma excluye a los trabajadores del mar de la Ley de Contrato de Trabajo. No habrá bancos ni transportes, mientras el comercio decidirá de manera individual.

Miércoles 18 febrero de 2026. La Argentina vivirá este jueves una jornada de parálisis total. La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó esta mañana un paro general de 24 horas que comenzará a la medianoche, en coincidencia con la sesión de la Cámara de Diputados que tratará la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida, que será la cuarta huelga general contra la gestión libertaria, paralizará el transporte público en todo el país, afectará la actividad bancaria, comercial e industrial, y se superpone con un paro de 48 horas de los gremios marítimos que ya mantiene detenidas las exportaciones, la pesca y la operatoria de cruceros desde esta madrugada.
«La Argentina se paralizará de punta a punta», advirtió Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, en conferencia de prensa realizada al mediodía en la sede histórica de la calle Azopardo, en la capital del país. Acompañado por sus pares Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, y ante una multitud de dirigentes sindicales entre los que se encontraban Héctor Daer, José Luis Lingeri y Juan Carlos Schmid, Sola aseguró que el paro «va a ser contundente» y que no habrá movilización callejera, sino un cese total de actividades.
El triunvirato explicó los motivos del rechazo sindical al proyecto oficialista: «Afecta los derechos individuales, debilita los derechos colectivos y hay una gran transferencia de recursos económicos desde el sector de los trabajadores al sector de los empleadores de 6.000 millones de dólares anuales». No obstante, aclaró que «esta CGT no está en contra de una modernización laboral, pero no se tienen que perder derechos».
Sola vinculó la protesta con la crítica situación del empleo en el país. «Estamos en una situación sociolaboral complicada: el empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y FATE es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos», denunció. Y agregó: «Cada día se pierden 400 trabajos formales y en estos dos años quedaron 21 mil pymes en el camino. Al mismo tiempo, el endeudamiento familiar crece porque llegan a fin de mes y no alcanza, tanto por la pérdida del poder adquisitivo como por las paritarias pisadas».

El Congreso, epicentro de la disputa


La sesión en Diputados fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación a las 14. El pedido fue formalizado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y cuenta con las firmas de los jefes de los bloques aliados.
El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto sesionó durante toda la tarde y, cerca de las 18, el oficialismo ya había reunido 44 firmas para el dictamen de mayoría, según confirmó el diputado Lisandro Almirón. El texto mantiene lo votado por el Senado en la madrugada del jueves 12, con una modificación significativa: se eliminó el artículo 44, que establecía el pago del 50% o 75% de los salarios durante las licencias por enfermedad o accidentes no laborales, según si el trabajador tuviera o no familia a cargo.
El PRO y el MID firmaron en disidencia, ya que pretendían autorizar a las billeteras virtuales para el pago de sueldos, un punto que el Senado reservó exclusivamente para los bancos.

Sin colectivos, trenes, subtes ni aviones
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) terminó con el misterio esta tarde y confirmó su adhesión al paro general mediante un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Fernández. «No habrá servicios de colectivos en todo el país para corta, media y larga distancia, combi y subterráneo», precisó el gremio, que fundamentó la medida «no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo».
De ese modo, desde la medianoche no circularán colectivos en ningún punto del territorio nacional. A esto se suma La Fraternidad, que ya había anunciado la paralización de trenes, y los gremios aeronáuticos, que cancelarán la totalidad de los vuelos comerciales. Tampoco funcionarán las líneas de subte en la Ciudad de Buenos Aires.
La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, también confirmó su adhesión, por lo que no habrá atención presencial al público en entidades nacionales o extranjeras, aunque se mantendrá operativo el sistema de homebanking. El gremio ATE convocó al paro en la administración pública, afectando oficinas estatales y hospitales, donde solo funcionarán las guardias de emergencia. La UOM (metalúrgicos), Aceiteros, Gastronómicos y Empleados de Comercio también avalan el cese, aunque la apertura de locales comerciales dependerá de cada dueño y de la posibilidad de los empleados de llegar a sus puestos ante la falta de transporte.

El conflicto marítimo, en paralelo
Mientras la CGT ultimaba los detalles del paro general, desde la medianoche del miércoles rige un cese de actividades por 48 horas de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), que afecta a toda la operatoria portuaria del país. Los gremios marítimos protestan contra un punto específico de la reforma laboral: la modificación del artículo 1 del proyecto, que excluye a la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo.
«Esto representa un retroceso significativo en materia de derechos laborales para el sector marítimo», denunció la organización gremial, que advirtió que la medida afecta actividades como pesca, exportaciones y la llegada y salida de cruceros. El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, capitán Mariano Moreno, fue más contundente: «Al personal embarcado no le dejan ni el 14 bis. Nos excluyen de forma explícita y nos ponen en igualdad de condiciones que las personas privadas de su libertad».
Moreno explicó que el artículo 2 de la reforma «excluye de forma explícita al personal embarcado en su inciso (g)» y alertó sobre una «trampa legal» en el inciso (d), que incorpora los conceptos de «transporte» y «flete» como contratos regulados por el Código Civil y Comercial. «Esto abre una puerta peligrosa para que las empresas argumenten que ciertos servicios no son empleo, sino una relación comercial entre partes independientes. Es el fin del empleo formal en la actividad», reveló.
Por su parte, el titular del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), Mariano Vilar, advirtió que «no descartamos profundizar las medidas, incluyendo por tiempo indeterminado, en caso de no obtener respuestas». Y sostuvo que «pretenden convertir a los trabajadores embarcados en personal con menor tutela jurídica, debilitando garantías esenciales frente al abuso patronal».
El paro marítimo, que se extenderá hasta las 24 del jueves, implica que buques tanques, portacontenedores y de carga no pueden ingresar a puerto y deben fondear en rada; los buques pesqueros no zarpan; y los remolcadores y lanchas de amarre cesan sus tareas, con guardias mínimas de seguridad. A diferencia de la CGT, que no convocó a movilización, los marítimos confirmaron que marcharán al Congreso este jueves.

«La solución es política»
En la conferencia de la CGT, Jorge Sola hizo un llamado a los legisladores: «Hoy llamamos a la reflexión y a la responsabilidad política de los diputados que van a votar, porque es ahí donde se dirime. La solución es política porque el responsable es el Ejecutivo».
El dirigente sindical cuestionó además el discurso oficial de modernización: «El proyecto tiene contradicciones porque vienen a modernizar, pero no hablan de tecnología ni de inteligencia artificial. Dejan afuera a los trabajadores de las aplicaciones y profundizan los monotributistas, sacándolos de poder tener su relación de dependencia».
Sola remarcó que la iniciativa «no genera empleo», ya que para ello se necesitaría «un proyecto de inversión genuina» que ponga el foco en abrir puestos de trabajo y en un sistema tributario que permita a las pymes «ofrecer el trabajo que la Argentina necesita». Y recordó que desde la CGT «pusimos en la mesa un proyecto de un nuevo contrato social y en 2023 se lo entregamos a todos los candidatos a presidente, incluso al actual, con foco en la producción y el desarrollo social. Nunca nos han convocado a discutir».