La represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, hace un año, frente al Congreso marcó un punto de inflexión en el debate sobre el derecho a la protesta en Argentina. Informes de organismos de derechos humanos advierten sobre un patrón creciente de uso excesivo de la fuerza, miles de personas heridas y el impacto del llamado “Protocolo Antipiquetes” sobre libertades fundamentales. Esta editorial amplía una reflexión de Amnistía Internacional sobre el tema y el caso argentino.

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Jueves 12 de marzo de 2026. La tarde del 12 de marzo de 2025, frente al Congreso de la Nación, el aire se volvió irrespirable. No fue solo una metáfora: el humo de los gases lacrimógenos cubrió la Plaza Congreso mientras cientos de personas intentaban dispersarse entre corridas, gritos y disparos de balas de goma.
Ese día, como cada miércoles, un grupo de jubilados se había reunido para reclamar por sus ingresos, el acceso a medicamentos y condiciones de vida dignas. Muchos superaban los 70 u 80 años. A la marcha se sumaron organizaciones sociales, sindicatos, hinchas de fútbol y ciudadanos que buscaban acompañar el reclamo de los adultos mayores en medio de un escenario económico cada vez más tenso.
Lo que siguió fue uno de los episodios más controvertidos del ciclo político reciente. Según informes de organismos de derechos humanos, el operativo desplegado por fuerzas federales y porteñas derivó en un uso masivo de gases lacrimógenos, bastones, camiones hidrantes y munición de impacto para dispersar a los manifestantes.
El saldo fue dramático: centenares de personas heridas, decenas de detenidos y varios casos graves que todavía marcan el debate público.
Para muchas organizaciones civiles, aquella jornada quedó registrada como la represión más violenta contra una protesta social desde la crisis de 2001.
Entre las víctimas estuvo el fotógrafo Pablo Grillo, que se había acercado a cubrir la protesta. Mientras tomaba imágenes, un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme impactó directamente en su cabeza.
El golpe le provocó una fractura expuesta de cráneo y lo dejó al borde de la muerte. Grillo permaneció 83 días en terapia intensiva y su recuperación continúa hasta hoy.
El caso se convirtió rápidamente en un símbolo del riesgo creciente que enfrentan los trabajadores de prensa en las coberturas de protestas. De acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos, al menos 184 periodistas resultaron heridos en manifestaciones durante los últimos años.
Las investigaciones judiciales posteriores permitieron identificar al agente que efectuó el disparo gracias a registros audiovisuales y material aportado por observatorios ciudadanos.
Pero el impacto del episodio trascendió el caso individual. Para numerosos analistas, reveló una transformación más profunda: el endurecimiento de la respuesta estatal frente a la protesta social.
Ese mismo día se registraron otras escenas que alimentaron la polémica.
Beatriz Blanco, de 81 años, debió ser hospitalizada tras recibir golpes y gases durante el operativo.
Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo luego de recibir el impacto de un proyectil disparado por un arma disuasiva de Prefectura.
Casos similares comenzaron a acumularse en los meses siguientes. Según registros de organizaciones civiles, al menos cuatro personas sufrieron pérdidas oculares permanentes por el uso de balas de goma en manifestaciones.
Para organismos internacionales, el problema no se limita a episodios aislados. Informes de entidades como Human Rights Watch sostienen que existen evidencias de uso indiscriminado y peligroso de la fuerza durante protestas, algo que contradice los estándares internacionales sobre control de multitudes.
En el centro de la discusión aparece el llamado “Protocolo Antipiquetes”, una normativa impulsada por el Ministerio de Seguridad para impedir cortes de calles y rutas.
El gobierno defendió la medida como una herramienta para garantizar la libre circulación y evitar el caos en el espacio público. Desde la perspectiva oficial, el protocolo busca equilibrar el derecho a protestar con el derecho de terceros a circular.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que su aplicación abrió la puerta a prácticas de represión preventiva y a intervenciones policiales desproporcionadas.
Según datos relevados por entidades civiles, desde la implementación del protocolo se registraron más de 2.500 personas heridas en protestas en todo el país.
En diciembre de 2025, un fallo judicial declaró la nulidad del protocolo tras una acción impulsada por diversas organizaciones de derechos humanos. No obstante, el gobierno apeló la decisión, por lo que la normativa continúa en discusión y su aplicación sigue generando conflictos legales.
Las marchas de jubilados no surgieron en el vacío. Desde el inicio del programa de ajuste económico impulsado por el gobierno, los adultos mayores se convirtieron en uno de los sectores más golpeados por la inflación, el aumento del costo de vida y los cambios en el sistema de asistencia estatal.
Cada miércoles frente al Congreso se repite la misma escena: pequeños grupos de jubilados sosteniendo carteles, reclamando medicamentos gratuitos y una jubilación que les permita sobrevivir.
Con el paso de los meses, esas manifestaciones comenzaron a recibir el apoyo de otros sectores sociales: sindicatos, estudiantes, organizaciones políticas e incluso hinchas de fútbol que se sumaron bajo la consigna “todos seremos jubilados”.
Ese crecimiento también amplificó la tensión política.
El gobierno denunció que algunas movilizaciones fueron utilizadas por grupos violentos para generar disturbios o desestabilizar al poder político. En varios episodios se registraron enfrentamientos, incendios de contenedores y daños urbanos.
Para los organismos de derechos humanos, sin embargo, la existencia de episodios violentos no justifica el uso indiscriminado de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
El debate trasciende el caso argentino. En muchas democracias contemporáneas, el derecho a la protesta se encuentra en tensión con políticas de seguridad cada vez más estrictas frente a manifestaciones masivas.
Los estándares internacionales —incluidos los del sistema interamericano de derechos humanos— establecen que el uso de la fuerza debe ser excepcional, proporcional y progresivo.
Cuando ese principio se rompe, advierten especialistas, no solo se pone en riesgo la integridad física de las personas. También se debilita el derecho a la disidencia, uno de los pilares de cualquier sistema democrático.
Por eso, para organizaciones como Amnistía Internacional, el problema de fondo no es únicamente la represión de una marcha.
Cuando protestar implica el riesgo de ser golpeado, herido o detenido arbitrariamente, algo comienza a resquebrajarse en la vida democrática de un país.
Y la pregunta que queda abierta —un año después de aquella tarde frente al Congreso— sigue siendo incómoda pero inevitable:
¿Dónde está el límite entre garantizar el orden público y restringir el derecho a la protesta?