El nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, puso en marcha su anunciado “gobierno de emergencia” con seis decretos que refuerzan el control migratorio en la frontera norte, ordenan una auditoría integral del Estado y buscan liberar inversiones por US$16.000 millones. Las medidas, firmadas horas después del cambio de mando, marcan el tono político y económico de una gestión que promete endurecer la seguridad y acelerar la actividad económica.

Viernes 13 de marzo de 2026. En sus primeras horas en el poder, el presidente chileno José Antonio Kast lanzó una ofensiva política y administrativa destinada a instalar de inmediato su programa de gobierno. Desde el Palacio de La Moneda firmó seis decretos que inauguran lo que definió como un “gobierno de emergencia”, una estrategia enfocada en seguridad pública, control migratorio, eficiencia del Estado y reactivación económica.
El paquete de decisiones busca enviar una señal clara desde el inicio del mandato: recuperar el control de las fronteras, revisar el funcionamiento del aparato estatal y destrabar inversiones que, según el nuevo Ejecutivo, permanecían frenadas por trámites administrativos y regulatorios.
El primer foco del nuevo gobierno está puesto en la migración irregular, uno de los temas dominantes del debate político chileno en los últimos años.
Entre los decretos firmados destaca la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que combina presencia militar, tecnología de vigilancia y barreras físicas en la frontera norte del país, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
El plan contempla medidas concretas, como la construcción de zanjas y cercos de seguridad en sectores críticos de la frontera; el uso de drones, sensores y sistemas de vigilancia para monitorear pasos no habilitados; un mayor despliegue de Fuerzas Armadas y policías en zonas fronterizas e impulsa reformas legales para tipificar como delito el ingreso clandestino al país.
El gobierno proyecta que este sistema podría reducir hasta un 40% el ingreso irregular en tres meses y cerca del 80% en seis, además de disminuir delitos asociados como el narcotráfico y el contrabando.
Para coordinar esta estrategia, el Ejecutivo designó un comisionado presidencial para la macrozona norte, encargado de articular el trabajo entre fuerzas militares, policías y organismos civiles.

Auditoría e inversiones
Otro de los decretos clave ordena una auditoría integral en todos los ministerios y organismos públicos.
El objetivo es revisar contratos, programas y gastos del sector público para detectar irregularidades y establecer una línea de base que permita evaluar la gestión estatal durante la nueva administración.
Según el texto oficial, cualquier anomalía detectada deberá ser denunciada de inmediato dentro de un esquema de “gestión de emergencia y probidad administrativa”, una señal política del nuevo gobierno respecto de la transparencia y el uso de recursos públicos.
El paquete de medidas también incluye decisiones orientadas a la economía. Uno de los decretos instruye resolver decenas de recursos administrativos pendientes en el sistema de evaluación ambiental que mantienen paralizados 51 proyectos de inversión por unos 16.000 millones de dólares.
El gobierno busca reducir lo que denomina “permisología”, es decir, el exceso de trámites regulatorios que, según empresarios y sectores productivos, ralentiza proyectos de infraestructura, energía y minería.
La idea es acelerar las decisiones administrativas sin eliminar los controles ambientales, pero reduciendo los plazos de resolución para dar mayor previsibilidad a las inversiones.
Entre las primeras decisiones también aparece la aceleración del plan de reconstrucción en zonas afectadas por los incendios forestales que golpearon el país durante el verano.
El Ejecutivo ordenó priorizar la reconstrucción de viviendas e infraestructura urbana en áreas devastadas por los siniestros, que dejaron víctimas fatales y amplias zonas destruidas.

Un cambio de rumbo político
La llegada de Kast al poder representa uno de los giros políticos más significativos en Chile desde el retorno a la democracia en 1990.
Su gobierno promete una agenda centrada en seguridad, control migratorio y crecimiento económico, en contraste con el enfoque del mandato anterior de Gabriel Boric.
El propio mandatario definió el momento político del país como una etapa excepcional que exige respuestas rápidas desde el Estado. Bajo esa lógica, el concepto de “gobierno de emergencia” se convirtió en el marco político con el que pretende ordenar su gestión en los primeros meses de mandato.

Un inicio marcado por tensiones
El cambio de mando también estuvo acompañado por protestas y episodios de violencia en el centro de Santiago.
En sectores cercanos al palacio presidencial y en la tradicional Plaza Italia —escenario de las grandes movilizaciones sociales de 2019— se registraron disturbios entre manifestantes y fuerzas policiales, con barricadas, enfrentamientos y uso de gases lacrimógenos.
Los incidentes reflejan el clima de polarización que atraviesa la política chilena tras la llegada al poder del líder del Partido Republicano y anticipan un escenario político intenso para los primeros meses de su administración.