La Justicia federal confirmó la identidad de víctimas de la dictadura halladas en 2025 en “Loma del Torito”. El trabajo del EAAF, basado en ciencia forense, testimonios y análisis histórico, abre una nueva etapa en la búsqueda de verdad y justicia en uno de los principales centros clandestinos del país.

Jueves 19 de marzo de 2026. A casi medio siglo del terrorismo de Estado en la Argentina, la Justicia federal logró poner nombre a víctimas que durante décadas permanecieron en la oscuridad. La identificación de restos óseos en el predio donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de Córdoba confirma prácticas sistemáticas de desaparición y ocultamiento, y vuelve a poner en el centro el valor de la ciencia forense, la memoria y la persistencia de los organismos de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal 3 de Córdoba, dio a conocer la identidad de 12 personas cuyos restos fueron recuperados en excavaciones realizadas en el sector denominado “Loma del Torito”, dentro del predio de La Perla. El trabajo estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en articulación con el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una de las familias solicitó preservar la identidad de su familiar, por lo que oficialmente se difundieron 11 nombres.
Los desaparecidos identificados son Carlos Alberto D’Ambra Villares; José Nicolás Brizuela; Raúl Oscar Ceballos Cantón; Alejandro Jorge Monjeau López; Ramiro Sergio Bustillo Rubio; Adriana María o Cecilia María Carranza Gamberale —sin poder determinar cuál de las hermanas mellizas—; Oscar Omar Reyes; Eduardo Jorge Valverde Suárez; Sergio Julio Tissera Pizzi; Elsa Mónica O’Kelly Pardo y Mario Alberto Nívoli Gauchat.
Los restos se hallaron en septiembre de 2025 durante tareas de prospección y excavación arqueológica ordenadas por la Justicia en un área señalada por testimonios de sobrevivientes como zona de enterramientos clandestinos. En el lugar se recuperaron fragmentos óseos humanos —entre ellos un fémur, partes de cráneos y otros huesos— que, tras un riguroso proceso científico, permitieron establecer su pertenencia a víctimas del circuito represivo de la última dictadura.
La investigación es el resultado de más de dos décadas de trabajo sistemático del EAAF en la zona. La metodología combinó testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) y el análisis de fotografías aéreas históricas, en especial registros de 1979 aportados por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba. Ese cruce permitió delimitar áreas de interés y reconstruir movimientos de suelo compatibles con enterramientos y posteriores exhumaciones clandestinas realizadas con maquinaria, en un intento por borrar evidencias.
En 2024 se identificaron 23 puntos relevantes y se excavó una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados. Además, se incorporó un segundo terreno de diez hectáreas con alteraciones del suelo compatibles con la hipótesis de enterramientos. Los estudios confirmaron una intensa actividad antrópica —modificaciones del terreno atribuibles a la acción humana—, lo que refuerza la reconstrucción de los hechos.
La Perla funcionó entre mediados de 1976 y fines de 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo del Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Según el Archivo Provincial de la Memoria, por ese centro clandestino pasaron entre 2.200 y 2.500 personas, en su mayoría aún desaparecidas. Fue uno de los principales nodos del sistema represivo ilegal en la Argentina.


Las historias individuales permiten dimensionar el alcance social del terrorismo de Estado. Sergio Julio Tissera Pizzi, trabajador aeronáutico, casado y padre de dos hijos, fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su domicilio del barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, cuando tenía 32 años. Ramiro Sergio Bustillo Rubio, oriundo de San Rafael, Mendoza, obrero y estudiante de Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba, fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública. Eduardo Jorge Valverde Suárez, abogado mendocino, casado y padre de dos hijos, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 a los 36 años.
Las hermanas mellizas Adriana María y Cecilia María Carranza Gamberale, de 18 años, estudiantes de Ciencias de la Comunicación y de la Educación, fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión del barrio General Paz. El análisis forense determinó que uno de los restos pertenece a una de ellas, aunque no es posible precisar a cuál debido a su identidad genética compartida.
José Nicolás Brizuela, abogado y obrero, nacido en Deán Funes, fue secuestrado el 25 de octubre de 1977 en su domicilio del barrio Residencial América. Alejandro Jorge Monjeau López, oriundo de Mar del Plata y estudiante de Arquitectura en La Plata, fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la vía pública en el barrio Alberdi. Existen testimonios que lo ubican en La Perla.
Raúl Oscar Ceballos Cantón fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su casa del barrio Altamira, a los 23 años. Carlos Alberto D’Ambra Villares, profesor de educación física, fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de Córdoba y visto en los centros clandestinos Campo de la Ribera y La Perla. Mario Alberto Nívoli Gauchat, ingeniero químico, casado y padre de dos hijos, fue secuestrado en la madrugada del 14 de febrero de 1977 en su domicilio, a los 28 años, y también hay testimonios de su paso por La Ribera y La Perla.
Elsa Mónica O’Kelly Pardo, de 18 años y estudiante de Arquitectura, fue secuestrada el 21 de abril de 1976 en su casa del barrio San Vicente. Oscar Omar Reyes, nacido en Banfield, obrero metalúrgico, casado y padre de cinco hijos, fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba, a los 45 años.
Durante la conferencia de prensa, Vaca Narvaja subrayó que “dentro de las 12 campañas realizadas en Córdoba, esta es la segunda con resultado positivo” y remarcó que se trata de una política de Estado sostenida en el tiempo, con participación activa de los familiares a través de querellas. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con el fiscal Facundo Trotta y la participación de la auxiliar fiscal María Laura Bazo Queirolo.


Los testimonios de los familiares reflejaron el impacto del hallazgo. Elena, hija de Bustillo Rubio, afirmó: “Volvimos a un lugar amoroso. Estoy agradecida con cada uno de los que hicieron esto posible durante 50 años de lucha; al EAAF por su trabajo impresionante, por poner ciencia de calidad al servicio de la justicia, con suma calidad humana”. Por su parte, María Soledad Nívoli destacó que el secretario del juzgado, Miguel Ceballos, pidió disculpas “en nombre del Estado argentino y de la Justicia porque la restitución haya tardado tantos años”.
El hallazgo, confirmado el 26 de septiembre de 2025, constituye la primera evidencia material de restos humanos encontrada en La Perla desde el fin de la dictadura, pese a casi cinco décadas de búsqueda. Las tareas contaron con colaboración logística del Ejército, que facilitó el acceso sin interferencias.
Las autoridades judiciales confirmaron que el proceso de identificación continuará con nuevos análisis y que las excavaciones se ampliarán en la zona, con la expectativa de hallar más restos y avanzar en la reconstrucción completa de lo ocurrido. En paralelo, se reiteró el llamado a quienes aún no aportaron muestras genéticas para contribuir a futuras identificaciones.
El caso de La Perla vuelve a evidenciar que los intentos de ocultamiento de los cuerpos formaron parte de una estrategia sistemática para garantizar la impunidad. A casi 50 años, sin embargo, la combinación de memoria, ciencia y justicia continúa desarmando ese entramado y restituyendo identidades.