El 24 de marzo de 1976 puso en marcha un plan sistemático que combinó represión ilegal, transformación económica y disciplinamiento social. A 50 años, la evidencia judicial, la investigación histórica y la memoria colectiva explican cómo ese proceso modificó de manera profunda la sociedad argentina y sigue marcando su presente.

Martes 24 de marzo de 2026 (Esta editorial se publica a las 3.10 AM, la misma hora estimada que 50 años atrás se emitió el «Comunicado N.º 1 de la Junta Militar», que anunció el derrocamiento del gobierno constitucional e instauró el régimen de facto en Argentina, aquella madrugada del 24 de marzo de 1976). El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de un proceso que combinó represión ilegal, transformación económica y control social. A medio siglo, la Argentina revisa ese período con evidencia acumulada, memoria activa y una disputa abierta sobre su sentido y sus consecuencias.
El golpe de Estado que derrocó al gobierno de Isabel Perón instauró un régimen que actuó con objetivos definidos y métodos sistemáticos. La conducción militar que encabezó Jorge Rafael Videla organizó un esquema de poder que operó dentro y fuera de las estructuras formales del Estado. Las decisiones se ejecutaron con planificación, jerarquías claras y coordinación entre fuerzas armadas, de seguridad y sectores civiles y religiosos.
La desaparición forzada se constituyó en el eje de ese sistema. El mecanismo eliminó personas y suprimió toda información sobre su destino. Esa práctica extendió la incertidumbre y fijó un mensaje disciplinador sobre el conjunto social. El impacto no se limitó a las víctimas directas. Alcanzó a familias, entornos laborales, espacios educativos y comunidades enteras. El miedo adquirió una dimensión pública y reguló conductas.
Las investigaciones reunidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (-Conadep-, un organismo creado en Argentina en 1983 tras el fin de la última dictadura militar) y publicadas en el libro / informe Nunca Más documentaron la existencia de una red de centros clandestinos de detención en todo el país. Los testimonios y las pruebas reconstruyeron procedimientos, circuitos de traslado y responsabilidades. Los juicios desarrollados en democracia confirmaron esa estructura y establecieron condenas por delitos de lesa humanidad.
El análisis del período incorpora un elemento decisivo: la relación entre represión y programa económico. La dictadura avanzó sobre sindicatos, organizaciones sociales y espacios de participación política para eliminar resistencias. Esa intervención abrió paso a reformas que modificaron la estructura productiva, consolidaron la apertura financiera y ampliaron el endeudamiento externo. La violencia estatal aseguró las condiciones necesarias para ese proceso.
El periodista Rodolfo Walsh dejó planteada esa relación en su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. Su texto describió con precisión el vínculo entre la política económica y la represión. Esa lectura se sostuvo con el paso del tiempo y se integró a la interpretación histórica del período.
A cincuenta años, distintos análisis periodísticos, entre ellos los publicados por El País (diario español), coinciden en una idea que ordena la lectura del proceso: la dictadura interrumpió un horizonte colectivo. La Argentina previa al golpe mantenía niveles altos de organización social, participación política y expectativas de movilidad. El régimen militar desarticuló ese entramado y redefinió las condiciones en las que la sociedad podía proyectarse.
El impacto social se expresó en cambios duraderos. El silencio se instaló como forma de resguardo. La desconfianza se incorporó a los vínculos cotidianos. La participación política perdió presencia en la vida pública. Esas transformaciones no desaparecieron con el fin del régimen. Forman parte de una herencia que atraviesa generaciones.
El retorno democrático abrió un proceso singular. El Juicio a las Juntas estableció un antecedente internacional en materia de justicia. Las etapas posteriores incluyeron retrocesos y reaperturas, pero consolidaron un camino que permitió investigar, juzgar y condenar a responsables del terrorismo de Estado. La acción sostenida de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo mantuvo vigente esa agenda en el tiempo y aportó pruebas fundamentales.
Cada conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia confirma la presencia de ese pasado en la vida pública. La memoria se expresa en movilizaciones, en debates y en la producción cultural. Las discusiones actuales sobre ese período reflejan tensiones que exceden el plano histórico y se proyectan sobre el presente.
La evidencia reunida a lo largo de décadas permite establecer una definición precisa. El proceso iniciado en 1976 respondió a un plan que utilizó el terror como instrumento para reorganizar la sociedad. La represión, la transformación económica y el disciplinamiento social integraron una misma lógica de poder.
A medio siglo, la Argentina sostiene una construcción basada en memoria, verdad y justicia. Esa base no responde solo a la necesidad de reconstruir lo ocurrido. Establece un límite concreto en el ejercicio del poder estatal y define una condición central de la democracia. La comprensión de ese período fija una referencia que permanece vigente: el Estado no puede ejercer violencia ilegal sobre la sociedad ni imponer transformaciones a partir del terror.

Los brazos ejecutores del poder

La dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 en Argentina tuvo una conducción colegiada: la Junta Militar, integrada por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas. Esa conducción fue cambiando a lo largo del período 1976–1983.
Los jefes que encabezaron el golpe y conformaron la primera Junta Militar, en 1976, fueron Jorge Rafael Videla (Ejército); Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea). Videla, además, asumió como presidente de facto.
A medida que se produjeron relevos en las Fuerzas Armadas, la Junta fue cambiando sus miembros. Estos fueron todos los que la integraron:

Segunda etapa (1978–1981)
Roberto Eduardo Viola (Ejército)
Armando Lambruschini (Armada)
Omar Domingo Graffigna (Fuerza Aérea)
Viola sucedió luego a Videla como presidente.

Tercera etapa (1981)
Leopoldo Fortunato Galtieri (Ejército)
Jorge Isaac Anaya (Armada)
Basilio Arturo Lami Dozo (Fuerza Aérea)
Galtieri asumió la presidencia durante esta etapa.

Cuarta etapa (1982–1983)
Cristino Nicolaides (Ejército)
Rubén Oscar Franco (Armada)
Augusto Jorge Hughes (Fuerza Aérea)
El presidente fue Reynaldo Benito Bignone

Presidentes de facto durante la dictadura: aunque la Junta era el órgano de poder, hubo presidentes designados, como se señala en el texto anterior. Estos fueron Jorge Rafael Videla (1976–1981); Roberto Eduardo Viola (1981); Leopoldo Fortunato Galtieri (1981–1982) y Reynaldo Benito Bignone (1982–1983).
Pero para entender la estructura de poder de la dictadura, hay que comprender que la Junta Militar no fue solo una formalidad sino que concentró las decisiones estratégicas, designó a los presidentes y definió la política represiva y económica.
Ese esquema colegiado explica cómo funcionó el poder durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” hasta el retorno democrático en diciembre de 1983.