Rechazó una resolución impulsada por una coalición de 60 países y se alineó solo con Estados Unidos e Israel frente a 123 votos afirmativos. Para el país de Javier Milei, entonces, la esclavitud no es el crimen más grave de la historia.
Jueves 26 de marzo de 2026. La Argentina votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que declaró a la trata transatlántica de esclavos y a la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad y la decisión la ubicó en una posición de fuerte aislamiento internacional junto a Estados Unidos e Israel frente a 123 países que apoyaron el texto y 52 que se abstuvieron entre ellos Reino Unido y los miembros de la Unión Europea.
El dato define una señal política concreta en un debate de escala global que fue impulsado por una coalición de más de 60 países de África el Caribe y América Latina con liderazgo de Ghana cuyo presidente John Mahama participó en la sesión en Naciones Unidas para respaldar la iniciativa y reforzar una estrategia orientada al reconocimiento histórico y a la apertura de mecanismos de reparación.
La resolución no se limita a una declaración simbólica sino que caracteriza a la esclavitud como un sistema de explotación de escala masiva prolongado durante más de cuatro siglos y señala su magnitud duración brutalidad y carácter sistemático al tiempo que advierte que sus consecuencias siguen presentes en la actualidad a través de la persistencia del racismo la discriminación estructural y formas contemporáneas de neocolonialismo.
El texto establece además que los crímenes vinculados a la esclavitud no prescriben y plantea la necesidad de avanzar en medidas de justicia restaurativa que incluyen disculpas formales indemnizaciones restitución de bienes culturales y políticas activas contra el racismo lo que introduce un componente central de tensión diplomática por el impacto jurídico y económico que podría derivar de su implementación.
Durante el debate el secretario general de la ONU António Guterres sostuvo que la esclavitud “atacó el núcleo mismo de la condición humana destruyó familias y devastó comunidades” y llamó a trabajar por la verdad la justicia y la reparación mientras que el gobierno de Ghana planteó que la adopción de la resolución funciona como una garantía contra el olvido y como un paso necesario hacia procesos de sanación histórica.
La discusión expuso con claridad las diferencias entre los Estados porque mientras el bloque impulsor defendió la necesidad de reconocer responsabilidades y avanzar en reparaciones algunos países rechazaron el enfoque por sus implicancias legales y conceptuales Estados Unidos calificó el texto como problemático y sostuvo que no reconoce un derecho legal a reparaciones por hechos que no eran ilegales bajo el derecho internacional de la época y además cuestionó que la resolución genere una competencia entre tragedias históricas.
Ese argumento también apareció en países europeos que optaron por la abstención al advertir sobre el riesgo de jerarquizar crímenes de lesa humanidad y establecer comparaciones que podrían afectar la memoria de otras víctimas lo que explica el volumen de abstenciones pero deja en evidencia la excepcionalidad del voto negativo donde la Argentina quedó incluida.
En ese escenario la posición argentina adquiere un peso específico porque no responde a una neutralidad sino a una decisión activa de rechazo en un tema que combina memoria derechos humanos y geopolítica y que marca un nuevo alineamiento internacional en contraste con la mayoría de los países de la región.
El trasfondo histórico refuerza la magnitud del debate porque el comercio transatlántico de esclavos implicó el traslado forzado de más de 12 millones de africanos entre los siglos XV y XIX en un sistema que combinó explotación económica deshumanización racial y estructuras de poder que aún proyectan sus efectos.
La votación no cierra la discusión sino que la proyecta con mayor intensidad en la agenda internacional donde África y el Caribe impulsan políticas activas de reconocimiento y reparación y en ese contexto la Argentina redefine su posicionamiento global al integrarse a un bloque minoritario frente a una demanda que suma respaldo político legitimidad histórica y presión creciente dentro del sistema de Naciones Unidas.
Un voto que redefine el perfil internacional argentino
La decisión argentina de rechazar la resolución no aparece como un hecho aislado dentro del sistema internacional sino como parte de una secuencia de posicionamientos recientes que marcan un cambio en la forma en que el país interviene en debates globales sensibles vinculados a derechos humanos y memoria histórica.
El alineamiento con Estados Unidos e Israel en esta votación refuerza esa lectura y consolida un esquema de inserción internacional más selectivo que rompe con la tradición diplomática argentina de acompañar consensos amplios en organismos multilaterales especialmente en temas de alto contenido simbólico.
En ese contexto el voto adquiere un peso que excede el caso puntual porque redefine señales hacia la comunidad internacional y también hacia la región donde la mayoría de los países optó por respaldar o no confrontar la resolución lo que deja a la Argentina en una posición diferenciada con impacto político y diplomático.
