Este reclamo escala contra el Gobierno de Javier Milei y expone tensión en el área de Seguridad de la Nación. Sin aumentos desde 2025, con sueldos deteriorados y una obra social colapsada, efectivos de las cinco fuerzas federales convocan a una protesta inédita que refleja el impacto del ajuste económico del gobierno nacional sobre el sistema de seguridad.

Lunes 30 de marzo de 2026. La convocatoria a una protesta conjunta de las fuerzas federales el próximo 2 de abril no irrumpe en el vacío ni puede leerse como un hecho aislado o meramente sectorial sino que se presenta como la síntesis de un proceso de deterioro acumulado desde el inicio de la gestión de Javier Milei, donde confluyen pérdida salarial, crisis sanitaria y un creciente desgaste en la relación entre el Gobierno y quienes integran el sistema de seguridad federal.
La participación articulada de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal en una misma convocatoria marca un dato político de peso: el malestar dejó de ser fragmentado y pasó a ser sistémico. En distintas provincias —con focos visibles en el NEA— ya se venían registrando reclamos de suboficiales y retirados por salarios y cobertura médica, anticipando un escenario que ahora escala a nivel nacional.
El núcleo del conflicto es económico, pero no en abstracto. Desde noviembre de 2025 no hay actualizaciones salariales para las fuerzas federales, pese a la continuidad del proceso inflacionario. Esto genera un desfasaje creciente entre ingresos y costo de vida. En las escalas más bajas, los haberes básicos quedan muy por debajo de lo necesario para sostener un hogar, lo que explica la proliferación de trabajos paralelos entre efectivos en actividad.
Este deterioro impacta en lo social pero también mpieza a afectar la estructura misma de las fuerzas, donde se perciben aumento de bajas voluntarias, menor incentivo para el ingreso y una erosión progresiva del profesionalismo. Distintos relevamientos periodísticos señalan que, desde diciembre de 2023, las condiciones materiales de los uniformados se deterioraron en paralelo al ajuste general del gasto público.

Las cinco fuerzas federales llevarán a cabo una inédita protesta el próximo 2 de abril en reclamo a los bajos salarios. Es la primera vez en la historia que miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una protesta, que en este caso consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.


A la cuestión salarial se suma un factor aún más sensible, como es la crisis del sistema de salud.
La situación de la IOSFA —en proceso de transformación hacia nuevos esquemas como OSFA— aparece de manera recurrente en los reclamos. Los efectivos denuncian demoras en prestaciones, falta de cobertura y dificultades concretas para sostener tratamientos médicos, incluso en casos de enfermedades crónicas.
Este punto introduce un elemento cualitativo distinto ya que mientras el salario deteriorado puede ser parcialmente compensado con ingresos adicionales, la crisis sanitaria impacta directamente en la vida cotidiana de los efectivos y sus familias, lo que genera un nivel de tensión más profundo y transversal.

Un conflicto alineado con el clima social del país
Lo que ocurre en las fuerzas federales no está aislado del contexto general. Desde el inicio del gobierno de Milei, distintos sectores —docentes, universitarios, trabajadores estatales— protagonizaron conflictos vinculados al ajuste fiscal, la pérdida del poder adquisitivo y la reconfiguración del Estado.
En ese marco, el reclamo de las fuerzas de seguridad adquiere una particularidad porque proviene de un sector que históricamente no se moviliza de manera abierta y que, además, fue parte del núcleo discursivo del actual oficialismo bajo la consigna de “orden” y respaldo institucional.
Esa tensión —entre discurso político y condiciones materiales— se vuelve cada vez más visible. Incluso dentro del propio Gobierno, informes periodísticos indican que existe preocupación por el impacto que tuvo el conflicto salarial en policías provinciales, como ocurrió en Santa Fe, donde una recomposición fue necesaria para desactivar protestas.
Es que el gobierno nacional tiene un temor bien claro: que los reclamos provinciales como efecto contagio alcance a las fuerzas federales. Y al revés también: que vuelvas las protestas de las fuerzas provinciales cuando las federales salgan a reclamar.

Más que una protesta, una señal
La convocatoria del 2 de abril busca evitar una confrontación directa. No hay llamados a medidas disruptivas ni a acciones fuera del marco legal. Sin embargo, el dato relevante no es la forma sino el fondo ya que por primera vez en mucho tiempo, las cinco fuerzas federales convergen en un reclamo común dirigido explícitamente al Estado nacional.
Eso redefine el escenario. Ya no se trata de demandas sectoriales o reclamos aislados, sino de un problema estructural que interpela directamente a la política económica y a la gestión del área de Seguridad.
El Gobierno nacional enfrenta así un dilema clásico pero incómodo al tener que sostener el ajuste fiscal o recomponer ingresos en un sector clave para la gobernabilidad. La resolución de esa tensión no será técnica sino política.
En realidad, en la Argentina de hoy lo que está en juego no es sólo el salario de los uniformados sino la estabilidad de un sistema que, cuando empieza a mostrar fisuras, deja de ser un tema sectorial y pasa a convertirse en un problema de Estado.