El gobierno argentino impidió el ingreso de Thiago Ávila, coordinador internacional de la Global Sumud Flotilla, que prepara una nueva misión humanitaria hacia Gaza para el 12 de abril. Lo separaron de su esposa y su hija en el Aeroparque, lo interrogaron durante horas y lo expulsaron del país. Las autoridades reconocieron que fue una decisión política. Nunca explicaron cuál fue.

Miércoles 1 de abril de 2026. Thiago Ávila bajó de un vuelo proveniente de Montevideo en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires este martes 31 de marzo de 2026 a las 10.30. Venía con su esposa, Lara Souza, y su hija de menos de dos años. Tenía agenda para ese día y para el siguiente: una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), reuniones con legisladores nacionales y el lanzamiento formal del capítulo argentino de la Global Sumud Flotilla en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Al día siguiente tenía pasaje a Barcelona, donde se prepara la próxima misión humanitaria hacia Gaza. No llegó a ninguno de esos lugares.
La Policía Aeroportuaria lo detuvo en la sala de migraciones, lo separó de su familia y lo sometió a interrogatorio. A su esposa y a su hija las dejaron pasar. A él, no. El motivo oficial nunca fue confirmado por escrito ni en declaración pública. La única explicación técnica que trascendió vino de una legisladora opositora al gobierno de Javier Milei, Mónica Schlotthauer, del FIT Unidad, quien dijo a la agencia EFE que las autoridades hablaban técnicamente de falso turismo. Ni la Dirección Nacional de Migraciones ni el Ministerio de Seguridad Nacional dieron detalles a ningún medio sobre los motivos reales de la prohibición. El gobierno de Javier Milei no emitió comunicado alguno.
Lo que sí dijeron las propias autoridades migratorias —según relataron la esposa de Ávila, los legisladores presentes y el comunicado de Global Sumud Argentina— es que la decisión no respondía a ningún impedimento administrativo. Era política. Y venía, según les informaron en el aeropuerto, del más alto nivel del país.
Thiago Ávila es brasileño, tiene 35 años y es el coordinador internacional de la Global Sumud Flotilla, la coalición civil que en septiembre de 2025 movilizó más de cincuenta embarcaciones de cuarenta países en el Mediterráneo para intentar romper el bloqueo israelí sobre Gaza. Aquella misión fue interceptada por fuerzas israelíes entre el 2 y el 3 de octubre: más de cuarenta barcos fueron abordados y 473 tripulantes, detenidos. Entre ellos, el propio Ávila. La próxima misión está programada para el 12 de abril de 2026, con más de cien embarcaciones y cerca de tres mil participantes: médicos, educadores, bioconstructores y activistas partiendo desde distintos puertos del Mediterráneo.
Ávila había llegado a Buenos Aires desde Montevideo, donde el lunes anterior había presentado la delegación uruguaya de la flotilla en la sede de la central obrera PIT-CNT. Antes de Uruguay, había participado del Convoy Nuestra América a Cuba, una iniciativa que transportó desde México 14 toneladas de ayuda humanitaria y paneles solares hacia la isla. En ese regreso, el 25 de marzo, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. Seis días después, lo detuvieron en Buenos Aires. No es un patrón casual: según informó su entorno en redes sociales, agentes de inmigración de varios países le han comunicado que detectan alertas en su nombre vinculadas a presunto apoyo al terrorismo y extravío de pasaporte, con instrucciones de contactar a Interpol. No hay confirmación oficial sobre el origen de esas alertas ni sobre qué Estado o institución las generó.
Ávila había sido invitado a la Argentina por organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y movimientos estudiantiles. Tenía previsto, además de la conferencia en ATE y el lanzamiento en la UBA, brindar entrevistas a medios y reunirse con representantes parlamentarios. Nada de eso ocurrió. Desde el Comité Argentina de la Global Sumud Flotilla suspendieron la conferencia de prensa convocada para ese martes a las 15.00 en ATE Capital y anunciaron una nueva actividad para el miércoles siguiente.
Mientras Ávila permanecía incomunicado en el aeropuerto, una delegación de diputados nacionales intentó acceder a él. La policía no les dio autorización. Myriam Bregman, del FIT Unidad, sostuvo que las propias autoridades habían reconocido que no existía impedimento administrativo alguno y que se trataba de una decisión política que violaba la legislación vigente y vulneraba garantías constitucionales básicas: la libertad de expresión, la de circulación y la de reunión. Calificó el uso del control migratorio para impedir la actividad política de un extranjero como un precedente antidemocrático. Nicolás del Caño y Romina del Plá hicieron declaraciones en el mismo sentido desde la terminal aérea. Juan Grabois, diputado de Fuerza Patria, escribió en la red X que Ávila había venido a difundir sus ideas en un país que se supone libre, pero que el gobierno no acepta a quienes tocan los intereses de sus aliados internacionales. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, denunció una decisión arbitraria, sin precedentes, que ataca directamente a las misiones humanitarias.
Ávila rechazó la deportación inmediata de regreso a Uruguay. Tras horas de tensión y negociaciones, las autoridades lo trasladaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El miércoles 1 de abril partió hacia Barcelona, conforme a su itinerario original. No habló públicamente en la Argentina.
El episodio tiene un contexto político que no puede leerse de manera aislada. El gobierno de Javier Milei se ha autodefinido públicamente como el más sionista de la historia en el escenario internacional. El mismo 31 de marzo, en simultáneo con la detención de Ávila, la administración nacional anunció la clasificación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní como organización terrorista, en línea con las posiciones de Washington y Tel Aviv. Argentina fue, además, uno de los tres únicos países del mundo —junto a Estados Unidos e Israel— que votaron contra una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que declaró la trata transatlántica de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia moderna.
El Comité Argentina de la Global Sumud Flotilla fue taxativo en su comunicado: «Las autoridades aeroportuarias y migratorias dejaron en claro que la prohibición no se debe a motivos administrativos, sino que se trata de una decisión política que emana de las más altas esferas gubernamentales, tomada por los responsables ejecutivos del autodenominado gobierno más sionista de la historia, decidido a estigmatizar y criminalizar a la militancia organizada, tanto nacional como internacional». La organización calificó el hecho como inédito en la Argentina y afirmó que «confirma el carácter antinacional del gobierno liberal-libertario y su alineamiento con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y el Estado de Israel».
Lo que el gobierno no explicó es, en sí mismo, una respuesta. La Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Seguridad Nacional fueron consultados por la agencia EFE y no brindaron ningún detalle sobre los motivos de la prohibición. No hubo conferencia de prensa, no hubo resolución publicada, no hubo funcionario que defendiera la medida con argumentos legales. Una decisión que sus propios ejecutores describieron como emanada del más alto nivel fue ejecutada en silencio absoluto.
La flotilla sale el 12 de abril. Ávila estará en Barcelona para conducirla.