Sectores socioambientales cuestionan el tratamiento en Diputados y advierten sobre la exclusión de más de cien mil inscriptos en la audiencia pública, en medio de un fuerte conflicto por el modelo extractivo en Argentina.

Por Jorge Daneri (*)

Viernes 3 de abril de 2026. La sesión convocada para el próximo miércoles, en la Cámara de Diputados de la Nación, para tratar el proyecto de ley de destrucción de los glaciares y sus áreas periglaciares es, ni más ni menos, una vergüenza, un escándalo.
Proscribir a los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el valor de la palabra —hacer uso de sus sentipensares y su dignidad—, más de cien mil personas convocadas, inscriptas y luego inhabilitadas para expresarse, constituye un escándalo político y una violación de todas las normas éticas y jurídicas que atraviesan la legislación nacional.
Sin lugar a dudas, el oficialismo y las megacorporaciones del extractivismo minero, junto a sus lobistas parlamentarios y aliados políticos coyunturales, niegan los tiempos del ejercicio de la democracia representativa y participativa, del Estado de Derecho y, más aún, de la democracia socioambiental. También vulneran sus herramientas de participación ciudadana, como la audiencia pública, violentada de manera grosera y arbitraria.
La construcción social del derecho representa un obstáculo para los autoritarismos en la implementación de intereses que no son los de la Nación Argentina ni los de la Constitución Nacional ni su espíritu.
Se expone así una lógica que remite a un feudalismo anclado en los sótanos de la corrupción ideológica y material: aquella que convierte glaciares en excavaciones en busca de oro, plata, cobre y litio para unos pocos. Se arrasan instituciones democráticas y la concepción solidaria de la Nación como unidad, así como las unidades de cuenca nacidas en los Andes, eje vital del ciclo del agua que la cordillera sostiene y provee.
Los tiempos de la naturaleza, de los hielos y de sus ecosistemas —madre mayor frente a la crisis civilizatoria que atraviesa este cambio de época— convocan a decir basta. Así, no.
La sesión no puede realizarse sin que se restituya el derecho a la participación de la diversidad de pueblos y culturas representados en las más de cien mil personas inscriptas en una audiencia pública que resultó, en los hechos, fraudulenta.
Difícilmente existan antecedentes de una participación tan amplia, con aportes provenientes de múltiples ámbitos: cultura, educación, ciencia, organizaciones sociales, fiscales ambientales, glaciólogos, representantes religiosos y relatores de Naciones Unidas, entre otros, que fundamentan las razones para no avanzar en lo que consideran un desatino que profundiza un modelo de exclusión y sacrificio territorial.
Varios gobernadores y legisladores enfrentarán el repudio social en sus provincias por lo que distintos sectores califican como una traición.
Mirar a los ojos, con la frente en alto, seguirá siendo la dignidad de quienes entienden que la vida es transitoria y que las generaciones futuras heredarán el territorio. Los derechos del porvenir, como establece la Constitución de Entre Ríos (artículo 83), obligan a garantizar principios como la sustentabilidad, la precaución, la equidad intergeneracional, la prevención y la responsabilidad. Ejercerlos, protegerlos y honrarlos es un deber.
Quienes respaldan el proyecto minero de intervención sobre glaciares impulsado por el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, son señalados por diversos sectores como responsables de vulnerar principios constitucionales y compromisos internacionales, no solo en materia ambiental.
Viva la democracia del agua. Interrumpir la proscripción se vuelve sustantivo, vital para millones de seres humanos y no humanos. Las calles colmadas expresarán, para estos sectores, una forma de celebración democrática y de resistencia social pacífica frente a lo que consideran una exclusión inadmisible.

(*) Daneri es abogado especializado en derecho ambiental e integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. El texto se inspira en intercambios con integrantes de esa organización, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), del Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir (PACHAS) y de Encuentro Verde por Argentina (EVA).