Productores yerbateros avanzan con una demanda contra el DNU 70/2023 y piden respaldo político. el abogado del sector, Federico Padolsky sitúa el impacto en la chacra. Por otro lado, la votación del Inym redefine la cadena yerbatera: la mayoría alineada al gobierno de Javier Milei se impone siete a tres, desplaza el precio de referencia y deja la hoja verde bajo lógica de mercado, con industria, secaderos, molineros y parte del cooperativismo concentrando la formación de valor. Misiones aislada en el organismo y con un frente de judicialización abierto por la pérdida de regulación en un sistema atravesado por asimetrías estructurales.

Martes 7 de abril de 2026. Esta “es una crisis autoinfligida”, dijo el abogado de productores yerbateros, Federico Padolsky, al exponer la situación que afecta al sector productivo. La semana pasada se presentaron ante el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, para pedir acompañamiento en la judicialización de la problemática que los afecta.
La definición sintetiza el núcleo del conflicto actual: según explicó en el programa Plural de Canal 4 Posadas, la crisis no responde a una dinámica natural del mercado sino a una decisión política concreta, la implementación del DNU 70/2023, que alteró el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
Al retrotraer la situación, Padolsky sostuvo que el decreto modificó de hecho la naturaleza del organismo que durante dos décadas operó como un espacio de concertación entre todos los actores de la cadena —productores, tareferos, cooperativas e industria— para acordar el precio de la hoja verde. Ese esquema, señaló, fue reemplazado por otro donde el valor de la materia prima queda en manos del sector industrial.
“Se habla de desregulación, pero en realidad lo que ocurrió es que la regulación pasó de un lugar a otro dentro de la cadena”, explicó. En ese nuevo escenario, la industria -como principal compradora- concentra la capacidad de fijar precios en un mercado caracterizado por muchos oferentes y pocos demandantes.
El impacto económico ya se refleja en cifras concretas. De acuerdo con estimaciones trabajadas junto a especialistas, durante 2024 se produjo una transferencia de ingresos de aproximadamente 145.000 millones de pesos desde el sector primario hacia la industria.
Para Padolsky, ese dato describe con precisión el alcance del problema: “Esa plata no desaparece, cambia de manos”. El efecto inmediato es la contracción del circuito económico local. Menos ingresos para productores y tareferos implican menor consumo, caída en la actividad comercial y dificultades para sostener las economías familiares.
Incluso establecimientos con altos niveles de productividad entraron en zona de pérdida. El abogado mencionó el caso de productores con rindes de hasta 11.000 kilos por hectárea que, tras cubrir costos directos e indirectos, registran resultados negativos del orden del 6%.

Retrocesos laborales y alertas sanitarias
La crisis también impacta en las condiciones de trabajo. En los últimos días reaparecieron prácticas de alto riesgo, como el traslado de tareferos en camiones cargados, una modalidad que había sido desplazada por su peligrosidad y antecedentes de accidentes.
A su vez, Padolsky advirtió sobre la calidad del producto en el contexto de apertura de importaciones. Recordó que estudios previos, impulsados en articulación con el sistema científico, habían detectado niveles elevados de metales pesados en yerba proveniente de Brasil, lo que introduce un riesgo adicional para el consumo.
En paralelo a las protestas y reclamos, los productores avanzaron con gestiones políticas. A través de la Confederación General de la Producción, acercaron el planteo al gobernador bonaerense Axel Kicillof, en su rol de dirigente nacional.
Padolsky aclaró que el objetivo fue visibilizar la problemática y el potencial de la actividad yerbatera, no plantear una intervención externa en un conflicto provincial.

Judicialización en marcha
El eje central de la estrategia pasa ahora por la Justicia. El abogado confirmó que trabajan en una demanda declarativa de inconstitucionalidad contra el capítulo yerbatero del DNU 70/2023, impulsada junto a asociaciones de productores.
La iniciativa se suma a una denuncia penal previa vinculada a la falta de acciones administrativas por parte del Estado nacional durante el período en que una medida cautelar había suspendido parcialmente el decreto.
En ese marco, el gobierno de Misiones evalúa acompañar la presentación en calidad de “amicus curiae”, una figura que permitiría respaldar institucionalmente el planteo sin interferir en el proceso judicial.
La crisis yerbatera volvió a instalarse en el centro de la agenda provincial, con movilización en las calles, articulación política y un frente judicial en desarrollo. Para los productores, el escenario actual pone en riesgo la sustentabilidad de la actividad y el entramado económico que depende de ella.
“La afectación es general”, advirtió Padolsky. En esa línea, planteó que el conflicto abre también la posibilidad de una respuesta colectiva en defensa de una de las principales economías regionales del país.

Precio libre de la hoja verde

La discusión por el precio de la hoja verde volvió a tensar esta semana al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y concluyó con una señal política nítida. En una votación de siete contra tres, el bloque alineado al gobierno de Javier Milei rechazó la fijación de un valor de referencia para la materia prima que sostiene toda la economía yerbatera. Misiones y los representantes del sector productivo quedaron en minoría dentro de un organismo que consolida una nueva correlación de fuerzas.
Rodrigo Correa, presidente del INYM y representante del Ejecutivo nacional, encabezó el bloque que votó en contra junto a María Gabur por Corrientes, Gustavo Barreiro por la industria (Las Marías), Gerardo López por los molineros, Luis Konopacki por los secaderos, Carlo Czajkowski y Orlando Bien en representación de un sector del cooperativismo. A favor se pronunciaron Ricardo Maciel por Misiones, acompañado por Marisol Fracalossi y Roberto Ferreyra, ambos vinculados al universo productivo.
La sesión dejó definido un mapa de intereses que atraviesa toda la cadena. Industria, molineros y secaderos sostuvieron una posición alineada con la desregulación que impulsa la política económica nacional. La novedad se ubica en el cooperativismo: una parte de ese sector se integró a la mayoría, lo que modifica su papel histórico dentro del Inym.
Ese corrimiento reordena el equilibrio interno. Actores con capacidad de acopio, financiamiento y logística consolidan su peso en la toma de decisiones. La dinámica institucional se desplaza hacia un esquema donde la referencia de precios pierde centralidad frente a la lógica de mercado.
La ausencia de un valor orientativo redefine la dinámica comercial de la hoja verde. El precio queda sujeto a acuerdos entre privados en un contexto de fuerte asimetría estructural. Los productores primarios operan con menor capacidad de retención y con necesidades de liquidez inmediata, mientras que secaderos e industria cuentan con herramientas para administrar tiempos y stock.
En ese escenario, la formación de precios tiende a concentrarse en los eslabones con mayor espalda financiera. La referencia institucional funcionaba como señal para ordenar expectativas y negociaciones; su eliminación desplaza ese rol hacia el mercado, con efectos directos sobre la rentabilidad en origen.
La representación misionera volvió a expresar una posición orientada a sostener herramientas de equilibrio dentro de la cadena. El voto de Ricardo Maciel sintetizó ese enfoque, acompañado por referentes del sector productivo. La provincia, principal productora de yerba mate del país, quedó aislada frente a una mayoría consolidada.

¿Y las cooperativas, qué?
Misiones quedó aislada. Esa escena refleja una tensión de fondo entre el interés de la producción primaria y la orientación de la política económica nacional. El Inym aparece como espacio donde esa disputa se materializa con claridad.
Desde el gobierno de Misiones empiezan a cuestionar el papel de las cooperativas. El posicionamiento de entidades vinculadas a Cooperativa Playadito, en particular, y otros referentes dentro del bloque mayoritario abre una discusión sobre representación. El cooperativismo, históricamente asociado a la defensa de los productores, participa ahora de una decisión que fortalece la autorregulación del mercado.
Esa redefinición anticipa tensiones internas. Conviven modelos productivos, escalas y estrategias que atraviesan al propio sector y condicionan su posicionamiento institucional.
La votación en el Inym describe la desregulación que atraviesa a toda la economía y la decisión de excluir una referencia de precios establece un criterio de intervención estatal más acotado en economías regionales.
El impacto se proyecta sobre toda la cadena yerbatera. La hoja verde se mantiene como eje de una disputa que combina estructura productiva, política pública y distribución del ingreso. El nuevo equilibrio dentro del INYM marca un punto de inflexión cuyo efecto se medirá en el precio que finalmente llega a la chacra.