El pequeño productor sigue al borde del abandono. Ricardo Maciel y Sebastián Oriozabala coincidieron en que la desregulación profundizó la desigualdad en la cadena yerbatera: mientras la industria y la comercialización concentran hasta cinco veces más ingresos que la producción primaria, los precios pagados al productor no cubren costos, se extienden los plazos de pago y crecen el abandono de chacras y el riesgo de expulsión del minifundio.

Viernes 10 de abril de 2026. El director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) por el Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel, y el exministro del Agro y la Producción Sebastián Oriozabala coincidieron en que el negocio de la yerba mate no está en crisis como producto, sino en su distribución. Cuestionaron el impacto de la desregulación, advirtieron sobre concentración económica y describieron un escenario crítico para productores y tareferos.
En una entrevista de Alejandro Barrionuevo en Dominio Público, para Canal 4 Posadas, el debate sobre el presente y futuro de la actividad yerbatera volvió a poner en evidencia una grieta conceptual: mientras los indicadores macroeconómicos muestran crecimiento en exportaciones y consumo, en la base productiva se profundiza el deterioro.
Ricardo Maciel, representante de Misiones en el directorio del Inym, planteó con claridad ese desfasaje. “Si uno mira la macro, parece que está todo bien. Pero cuando bajás al sector productivo, no hay derrame. El problema es de distribución”, afirmó. Según explicó, el foco en los últimos eslabones de la cadena -industria y comercialización- oculta la crisis que atraviesan los productores primarios.
Esa desigualdad fue cuantificada por Sebastián Oriozabala, exministro del Agro y la Producción actual consultor privado, quien trazó un mapa económico del sector: con un precio estimado de 250 pesos por kilo de hoja verde en 2025, el segmento primario habría generado unos 160 millones de dólares, mientras que la industrialización y comercialización alcanzaron los 650 millones. “De seis porciones de la torta, cinco se las queda la industria y la comercialización”, sintetizó.
El diagnóstico compartido apunta a una estructura de mercado concentrada, con características oligopsónicas -pocos compradores frente a muchos productores- que, sin regulación, profundiza la desigualdad. En ese sentido, Oriozabala defendió la necesidad de un Estado activo: “No se trata de subsidios, sino de reglas de mercado equitativas. Cuando hay concentración, alguien tiene que mediar”.

Precios por debajo del costo y plazos asfixiantes
Uno de los puntos más críticos expuestos fue la brecha entre costos y precios. Maciel reveló que el costo de producción de un kilo de hoja verde ronda los 430 pesos, sin margen de rentabilidad. Sin embargo, el mercado está pagando entre 230 y 250 pesos. “Hay una baja de casi el 50% respecto a 2024, con costos que no dejaron de subir”, advirtió.
A esto se suma la extensión de los plazos de pago, que en algunos casos alcanzan hasta 180 días. “Detrás de ‘el mercado paga’ se esconden compradores con nombre y apellido”, cuestionó el funcionario, en referencia a las grandes industrias.
Barrionuevo, por su parte, puso el foco en la falta de transparencia: el Inym intentó establecer una matriz de costos como referencia, pero la iniciativa fue rechazada por representantes del Gobierno nacional y del sector industrial, bajo el argumento de no interferir en la libre competencia. “Era una herramienta para monitorear quién paga lo que corresponde”, explicó Maciel.
Ambos entrevistados coincidieron en que el modelo cooperativo demuestra que es posible pagar mejores precios. Oriozabala mencionó casos de cooperativas que abonaron entre 350 y 380 pesos por kilo de hoja verde, muy por encima del promedio. “Eso deja en evidencia que se puede pagar más”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que ese esquema funciona dentro de estructuras cerradas, donde los productores participan de toda la cadena de valor. “Hay un principio de solidaridad que no existe en el resto del mercado”, indicó.

Abandono de chacras y riesgo de concentración
El impacto de esta dinámica ya se traduce en cambios estructurales. Según Oriozabala, hay productores que dejaron de cosechar porque no cubren costos, y otros que directamente abandonan sus chacras. El valor de la hectárea de yerbal cayó de unos 2.500 a 1.500 dólares en los últimos años.
“El pequeño productor está quedando afuera del sistema”, alertó. En esa línea, cuestionó las propuestas que plantean reconvertir la producción hacia cultivos extensivos como la soja: “Es una política de concentración. Que los chicos vendan y se vayan”.
Maciel reforzó esa mirada al defender el modelo de minifundio característico de Misiones. “No defendemos solo la yerba, defendemos al agricultor”, afirmó, y advirtió que replicar esquemas de otras provincias implicaría una transformación social profunda, con pérdida de diversidad productiva y arraigo rural.
El trasfondo del debate es, en definitiva, político. Mientras el Gobierno nacional impulsa una lógica de libre mercado, los actores locales reclaman algún tipo de intervención que equilibre la cadena.
Maciel recordó que históricamente la actividad estuvo regulada y que la desregulación de los años 90 derivó en un proceso de concentración que hoy vuelve a repetirse. “La yerba no está en crisis como producto, tiene potencial. Lo que está en crisis es cómo se distribuye”, insistió.
Oriozabala fue más directo: “Es un modelo económico excluyente, que concentra y deja afuera a los pequeños productores, a las pymes y a los trabajadores”.
En ese contexto, la pregunta sobre el futuro queda abierta. Para el consultor, la salida pasa por combinar crecimiento exportador con políticas públicas que acompañen al sector. Para Maciel, el desafío es sostener un esquema productivo basado en miles de pequeños agricultores.
Mientras tanto, en los yerbales de Misiones, la tensión entre mercado y regulación se traduce en precios, abandono de chacras y una disputa de fondo sobre quién se queda con la renta de uno de los productos emblemáticos de la región.