La Comisión de Poderes de la Cámara de Diputados no dio acuerdo hoy al pliego de la jueza Carmen Liliana Bertolotti para el cargo de Vocal de Cámara de Apelaciones. Lo anunció su presidenta Tiki Marchesini en una conferencia de prensa en la que no estuvo acompañada de los demás miembros de la comisión. La diputada reveló que presenta antecedentes que no corresponden con la perspectiva sobre derechos humanos que caracteriza al Poder Legislativo mientras desde la oposición celebraron la independencia de poderes.
El hecho puntual fue una causa en la que falló en el año 2000. Recordó Marchesini que «intervinieron varias acciones judiciales y que la causa llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque «hay una apropiación de identidad en niños, referida a aquel tema, delicadísimo. Entonces -continuó – requiere de una profundidad y de una coherencia que nosotros no la vamos a perder, como bloque mayoritario lo digo y también como vice presidente de bloque (del Frente Renovador de la Concordia) y no solamente como presidente de la Comisión», expresó. Sostuvo que «más allá de que en lo académico le haya ido bien en el Consejo de la Magistratura, una persona que está siendo cuestionada en sus valores, en sus fallos como Jueza desde el carácter de lo que estamos teniendo de la doctora Bertolotti requiere mayor atención de la Comisión, justamente para no caer en un dictamen errado, en un disvalor con estos criterios y lineamientos tan claros que tenemos respecto a la memoria». Asimismo señaló que como base de datos que están recopilando «son denuncias graves de su actitud en sus fallos como Jueza. Por lo tanto, más allá de la Audiencia Pública que tuvimos, fue extensa y se le preguntó intensamente referido a varias cuestiones, nosotros tenemos que revisar todo aquel accionar que tengamos en forma comprobable, seria, con lo que tiene que ver con lo hacemos siempre, la seriedad en el trabajo».
El antecedente en cuestión se refiere a una denuncia de “apropiación en democracia”. Cabe recordar el caso: Una pareja de Lomas de Zamora en Buenos Aires, tuvo un bebé. La madre de nacionalidad paraguaya quiso presentar la niña a su familia en Paraguay, pero complicaciones en la documentación motivó que fuera revisada y detenida por gendarmes del Puente Posadas – Encarnación. Le sacaron el bebé, lo internaron en el hospital de Pediatría y a la joven la internaron en un neuropsiquiátrico y posteriormente fue detenida en el Penal de Mujeres, sospechada de tráfico de personas. Cinco meses después fue encontrada por su marido, pero su hija no fue restituida. En el expediente se afirma que en ese momento el bebé ya estaba en proceso de adopción en una familia de un alto mando de la Policía de Misiones. La causa llegó a la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de la restitución de la menor.
DUARTE CELEBRA INDEPENDENCIA DE PODERES: En la reunión de la Comisión de Poderes de este miércoles 26; además de sus integrantes: Marchesini, Juan Carlos Agulla, Lidia Batista, Claudia Gauto, Marta Ferreira, Darío Pietrowski, Víctor Kreimer, y Noelia Leyría y Raúl Revisnki -Germán Bordón estuvo ausente- participaron y cuestionaron duramente el accionar de la jueza Bertolotti, los legisladores Héctor Bárbaro (PAyS), María Losada y Hugo Escalada (bloque Vanguardia Radical).
Un comunicado de la diputada Duarte revela que “celebró la revisión que hizo la Cámara de Representantes en la persona de la presidenta de la Comisión de Poderes, «en relación a los acuerdos casi automáticos que se votan habitualmente sin mayores cuestionamientos en la designación de autoridades del Poder Judicial». Destacó que claramente la independencia de Poderes «no obedece a la visión liberal que quiere disfrazarse de republicana, en la que cada Poder «hace lo que quiere». Justamente en la idea de la independencia de Poderes, subyace la necesidad institucional de control de uno sobre otro, garantizando así que cada uno de ellos, cumpla cabalmente el rol para el que fue designado», indicó la legisladora. Definió como de trascendental importancia, en el caso de las autoridades del Poder Judicial, «ya que por lo general acceden a cargos vitalicios y por ello es insoslayable la responsabilidad de los demás poderes del Estado, que con cargos electivos que se evalúan cada dos o cuatro años, tenemos la responsabilidad en ese lapso, de garantizar la mayor y mejor institucionalidad posible al pueblo que nos elige, porque nosotros nos vamos; pero los jueces perduran, y los ciudadanos quedan en sus manos». Celebró asimismo que “en buena hora se produzca una verdadera discusión política en el interior del Poder Legislativo que integro, poniendo sobre la mesa las distintas visiones en relación a la Justicia, al rol de los jueces, a las relaciones de dependencia entre políticos y jueces. Y a la responsabilidad con la que cada uno decidió cumplir con el mandato encomendado por el pueblo misionero». Finalmente, remarcó que no se trata solo de un cuestionamiento, sino de un aporte a la Justicia, promoviendo un sistema de «mejor calidad que nos merecemos todos, el pueblo en primera instancia; pero también el propio Poder Judicial ya que los ascensos no pueden ser materia de negociación política, deben volver a ser premios a la idoneidad, al estudio, a la coherencia, la investigación y el esfuerzo por construir una mejor sociedad para todos y todas».
POLÍTICA INTEGRAL DE DDHH: En ese sentido, la diputada Marchesini señaló que «más allá de que a la doctora Bertolotti, en lo académico haya tenido buen puntaje en el Consejo de la Magistratura, se trata de una persona cuestionada en sus valores y en sus fallos como Jueza de Familia». La decisión de la Comisión de Poderes no fue una sorpresa si se tienen en cuenta los antecedentes de su presidenta en largas luchas por la Memoria, Verdad y Justicia. Hija de un abogado que fue encarcelado por la dictadura por defender presos políticos, su compromiso por institucionalizar un enfoque de los derechos humanos en políticas que apliquen la nueva mirada que los concibe de manera integral, interdependiente y complementaria, se corresponde con la matriz definida por el movimiento de la Renovación. Esta visión, supera la tradicional de generaciones de derechos y la asimilación de los derechos fundamentales únicamente con los derechos humanos de primera generación

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