El poder político de la provincia no se dejó amedrentar y ante la extorsión perpetrada por Arauco dobló la apuesta adelantando la intención de expropiarle todas las tierras de su propiedad si llegara a cerrar la planta industrial de celulosa de Puerto Esperanza. Por lo pronto todo el arco de representación parlamentaria repudió anoche, jueves 10, la desobediencia civil de la multinacional que no respeta las leyes laborales ni de preservación del medio ambiente.

El escenario político de Misiones vive en su superficie las tensiones fundamentales del proceso democrático argentino: corporaciones vs. soberanía popular. Es lo que puso en escena la multinacional chilena Arauco al resistir en su planta de celulosa de Puerto Esperanza la aplicación de las leyes nacionales y provinciales que regulan las relaciones laborales.  Ante la presión de la policía del Trabajo y la huelga con piquete organizados por el sindicato del sector en reclamo de salarios y mejores condiciones de trabajo, la firma llegó al extremo de extorsionar a los trabajadores y a toda la sociedad misionera con el cierre definitivo la fábrica.  Tampoco se muestran dispuestos a aceptar un fallo del Superior Tribunal de Justicia que rechazó el amparo contra la ley de insalubridad sancionada en 2008 por la Cámara de Representantes a iniciativa del entonces dipu-sindical Erico Álvarez con el más amplio respaldo del conductor de la Renovación, Carlos Rovira. Esta ley determina, entre otras consideraciones, que por las condiciones en que trabaja un obrero de la celulosa, las jornadas de trabajo no pueden extenderse más de 6 horas diarias y 36 semanales, lo que obliga a la empresa a contratar un turno más por día, lo que luego fue ratificado in situ por la Universidad de Misiones.

REPUDIO UNÁNIME: Anoche, los representantes de todo el arco político de la provincia repudiaron enérgicamente “la actitud provocadora de la empresa Auaruco SA (ex Alto Paraná) que tomó la decisión de paralizar sus operaciones desconociendo el fallo del STJ y la ley provincial de Insalubridad laboral en la industria celulosa”. Asimismo se repudiaron, también enérgicamente,  “el incumplimiento de las leyes laborales vigentes y los convenios colectivos de trabajo que no condice con los tiempos democráticos que vivimos ni con el espíritu de respeto a la Constitución Provincial, Nacional, ni los Pactos Internacionales reconocidos por el Estado Argentino”.

El proyecto fue presentado por el diputado Héctor Bárbaro que no se dejó envolver en la trampa retórica, digamos de doble discurso, de un proyecto del diputado Gustavo González, que exhorta al Poder Ejecutivo a involucrarse en el conflicto entre las partes a “fines de generar un espacio de diálogo que coadyuve a su equitativa y pronta superación”. 

 TRAMPA RETÓRICA:  En el desenvolvimiento del debate en el recinto quedó en claro el deslizamiento del proyecto de GG, que ante los enérgicos cargos que los diputados de diferentes bancadas formularon contra Arauco, llegó a clamar que se estaba cambiando el eje de la discusión ya que el responsable de lo que estaba sucediendo, no era Arauco sino el Estado, aunque por supuesto condenó los incumplimientos de las leyes. El arte de birlibirloque.  El que intentó cambiar el eje fue precisamente GG que incluso se aventuró a sostener que en Chile la misma empresa no tiene conflictos, cuando alcanza con googlear para conocer varios juicios que involucran a la firma por contaminación de ríos, usurpación de tierras de los pueblos originarios y de incumplimiento de contratos de trabajo. Pero además de victimizar a la multinacional, entre otras cosas porque Misiones le cobra ingresos brutos a la exportación, la verdadera trampa retórica del proyecto de GG era intentar que el Poder Legislativo se hiciera cargo de la amenaza de cierre perpetrada por los gerentes de Arauco.  Dramatizó lo obvio el diputado y candidato por la UCR cuando observó que la paralización de la planta de Puerto Esperanza tiene “inmediatas repercusiones económicas y sociales en toda el área de influencia habida cuenta que dicha circunstancia incide colateralmente en otras actividades relacionadas, entre otros, a proveedores, motosierristas y contratistas de diversos servicios…” El mensaje que encierra el proyecto de GG es claro: “si Arauco cierra se viene la caos”.

Fue cuando HB dobló la apuesta con un retruco inesperado, amenazando a la vez de expropiarle todas las tierras que se extienden al 10% de la superficie total del territorio provincial. “¡Si quieren irse, que se vayan!”, bramó amenazante para salir del encierro.

Imaginó 300 mil hectáreas distribuidas entre pequeños productores para sostener en cantidad el proyecto de una sustentable soberanía alimentaria.

PUGNA DE MODELOS: Los diputados Hugo Escalada y Claudia Gauto interpretaron que el fondo  del debate por el conflicto de los trabajadores con la papelera, es la opción entre modelos de producción y de provincia. Esto quedó claro en las exposiciones de los diputados incluso de Wipplinger que como nunca sinceró su mirada liberal al sostener que la empresa hace lo que hace porque el mercado se lo permite. A su criterio no son las normas jurídicas las que pueden arreglar este tipo de conflictos, sino el propio mercado cuando pone en juego la oferta y la demanda. Como su par de la UCR, CW sostuvo que la responsabilidad es del Estado por no crear las condiciones para que los trabajadores de la celulosa se vayan a trabajar a otro lado si no les gusta el sueldo. GG que el Estado no controla por eso Arauco trasgrede las leyes, CW que el Estado nunca puede regular lo que sólo puede el Mercado. Fueron las dos posiciones disonantes, pero que no fueron suficientes para animarse a votar en contra del repudio a la extorsión de Arauco. ¿Se puede estar bien con Dios y con el Diablo?