Misiones Plural

Gustavo González presentó un proyecto de ley para que el Tribunal de Cuentas de la Provincia extienda sus controles a las empresas y sociedad del Estado. Inspirado en los reclamos a Emsa y denuncias mediáticas contra el Iplyc, el diputado ucerreísta propone modificar la ley orgánica del organismo de control. El proyecto propone también la descentralización del Tribunal y la creación de delegaciones en el interior para controlar las municipalidades. Logró el acompañamiento de otros once diputados de las oposiciones que firmaron el proyecto.

Posadas (Martes 3 de mayo). Gustavo González (UCR), acompañado de otros once legisladores de las oposiciones, presentó un proyecto de ley para extender los controles del Tribunal de Cuentas sobre las empresas y sociedades del Estado que, por ley orgánica del organismo tienen otros mecanismos de controles.
El proyecto de Ley se plantea que el Tribunal de Cuentas ejerza “el control externo de legalidad, gestión y auditoría, de las Empresas y Sociedades del Estado Provincial y Municipal, que comprende a las Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras entidades empresariales donde el Estado Provincial o Municipal tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
Se hace mención en los fundamentos del proyecto presentando, que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas fue sancionada en los años 60, y desde esa fecha hasta la actualidad prácticamente no ha tenido reformas sustanciales. Por ello, en tiempos donde vivimos un fuerte reclamo social de mayor transparencia en el accionar de sus representantes y en la administración de recursos públicos en general, a casi sesenta años de su sanción, la legislación vigente que regula la actividad del Tribunal de Cuentas de la Provincia, necesita una urgente actualización, para hacer frente a esa demanda de la ciudadanía.
González mencionó que pretenden que la iniciativa sea debatida y enriquecida durante su análisis, y que el proyecto surge debido a que resulta esencial fortalecer los mecanismos de control para mejorar la calidad institucional en nuestra Provincia.

Las propuestas concretas
Son cuatro las propuestas concretas que plantea la iniciativa:
1.- Avance en la Descentralización del Tribunal. Se plantea el fortalecimiento de la presencia del control público en las Municipalidades como además en el seguimiento de las obras y programas provinciales que se desarrollan en los Municipios.
Para ello, la creación de Delegaciones Regionales del Tribunal implica un avance en la política de descentralización de la Administración, persiguiendo no solamente la mejora en el control, sino además brindar asesoramiento específico y accesible para la correcta gestión de los recursos públicos.
Asegura que el funcionamiento de las Delegaciones permitirá ampliar el control in situ -que actualmente se practica únicamente en las Municipalidades de Primera Categoría- extendiéndolo a todos los Municipios.

2.- Designaciones y ascensos por concursos de antecedentes y oposición. Sin excepciones, promoviendo una continua jerarquización profesional de los equipos de trabajo, limitando la discrecionalidad y generando estímulos en los integrantes del plantel en la búsqueda de perfeccionamiento y capacitación permanente.
Subraya el proyecto que “el mérito, como fundamento de acceso y ascensos dentro de las estructuras estatales, permite la incorporación de operadores con cualidades sobresalientes y capacidades superiores a las que demanda el cargo específico concursado, lo que permite el desarrollo de tareas complejas y mejoras sustanciales en sus espacios de trabajo. Por ello resulta importante la implementación del sistema propuesto”.

3.- Control de Gestión. Se avanza en la implementación de un sistema de control público integral, dejándose de lado el mero análisis de legalidad de toda percepción y aplicación de recursos públicos, para pasar a evaluar también la economía, eficiencia y eficacia, que definen al control de Gestión.
Se explica que “este es el criterio seguido por Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y otros órganos de control provinciales.
De ser aprobada la iniciativa, el Tribunal se deberá avocar, además de verificar los aspectos de legalidad, a analizar el efectivo cumplimiento de los objetivos previstos, cómo se utiliza los recursos para cumplir con ellos y cuál es su costo”.

4.- Controlar a las Empresas del Estado. Se propone la incorporación bajo la órbita del control del Tribunal de Cuentas a las Empresas y Sociedades del Estado, como por ejemplo lo son EMSA, IPLyC S.E., Multimedios SAPEM, Aguas de las Misiones S.E., Marandú Comunicaciones S.E. y otras tantas. En la actualidad, los recursos públicos administrados por estas empresas, escapan al control del Tribunal. Se consigna que “el presupuesto aprobado para el año 2016, prevé que más de 1.200 millones de pesos sean administrados por empresas con participación estatal y según la Ley vigente, ésta suma millonaria escapa del control del Tribunal de Cuentas”.