Lo que para terceros es una instancia más, para los protagonistas de esta historia es “la historia” de sus vidas, y tiene que ver con el hogar, la pertenencia, el barrio y el acceso al terruño, es decir, con la identidad. No es una noticia más y al impacto que produce un desalojo, sólo lo supera el impacto que produce la resolución del problema. Por eso las lágrimas, la emoción y el agradecimiento. Los motores de esta solución, los diputados Rovira y Sereno y la ministra Marchesini, no pudieron esconder la alegría que también emocionó a los vecinos.
Posadas (martes 17 de mayo). El jueves 12 de mayo no fue un jueves más en la sesión de la Legislatura Provincial: la acción del Estado motorizada por el Poder Legislativo y un ministro del Ejecutivo llevó la solución a un grupo de vecinos de Posadas que fueron desalojados de las tierras que ocupan desde hace casi medio siglo.
La situación parecía de muy difícil resolución, pero sin embargo, el compromiso y la suma de voluntades, permitió que esas intensas horas de angustia se conviertan en la euforia que vimos en la Cámara de Diputados, donde la sonrisa igualó y la emoción alcanzó a todos: diputados, funcionarios, vecinos e invitados, por igual.
La Ley de Expropiación de Carlos Rovira y Martín Sereno, más el involucramiento de la Ministra de Derechos Humanos, “Ticki Marchesini”, llevó la solución a las familias que por años lucharon por comprar y pagar los terrenos que habitan desde la década del 60.
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Crónica de un compromiso
Desde el Ministerio de Derechos Humanos (DDHH) de Misiones, a cargo de Lilia “Tiki” Marchesini, detallaron los pasos y las acciones que realizaron en la resolución del conflicto que afectó a los vecinos de la Chacra 187 de Posadas, cuando a mediados de abril, el equipo jurídico de ese organismo tomó conocimiento del inminente desalojo previsto para los ocupantes de terrenos de esa Chacra, alertados por el titular de la Secretaría de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos del Poder Judicial, Fabián Oudín, quien alertó a la ministra y abogados de Derechos Humanos del trámite de desalojo que se llevaba a cabo desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3.
Como respuesta inmediata, los abogados del Ministerio de DDHH, Maximiliano Haene y Joaquín Cabral, solicitaron la inclusión en el expediente tramitado para tramitar la suspensión del desalojo, de acuerdo a la Ley Número 12-29 que establece la suspensión de desalojos hasta el 31 de agosto de 2016. La reglamentación establece que para estar encuadrados en este beneficio, los afectados deben figurar en un padrón del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha): para este caso, 57 familias del total de 95 hogares estaban empadronados, es decir, unas 350 personas, tal como consta en el oficio enviado al Ministerio. En términos provinciales, en el empadronamiento total de 2015, hubo 150 casos registrados de los cuales, más de un tercio corresponde a estas familias.
La historia arrancó hace medio siglo
Las familias que fueron desalojadas viven en el lugar desde hace casi medio siglo. En más de 45 años, cuatro generaciones se arraigaron en su barrio. Cuando se instalaron, en la década del 60, esta zona era monte cerrado, cuentan. No había líneas de colectivos y de apoco se fueron acercando, pero por años no traspusieron tampoco la avenida San Martín. Recién después del año 2000, ya en el Siglo 21, el Estado llegó con mejoras en calles, avenidas y servicios públicos: la reforma de la ciudad con la avenida Costanera y el mejoramiento urbano en la zona, volvió a despertar el interés de pagar por la tierra que estaban ocupando.
Los intentos anteriores del Estado por regularizar la situación nunca prosperó ya que los propietarios de las tierras pedían valores millonarios, muy por encima de la oferta Estatal. En 1999 comenzaron los problemas para los vecinos, con las amenazas de desalojo y reclamo de las tierras. Desde entonces, tres tasaciones fueron rechazadas, incrementando la angustia y la incertidumbre de las familias ocupantes que no podían adquirir sus viviendas.
En abril de este año intervino el Ministerio de Derechos Humanos, aunque el juzgado no aceptó el pedido del organismo de suspender el desalojo, argumentando que no tenían participación en el expediente y desconociendo que se trataba de la intervención directa del Estado, a través de uno de sus Ministerios, con la plena habilitación y poder de participar en todos los actos que impliquen la vulneración de los derechos de las personas.
Frente a ese panorama, Derechos Humanos asistió a los desalojados que se apostaron en la avenida como forma de reclamo e informaron a las familias sobre sus derechos para poder exigir la suspensión de desalojo tanto como la necesidad de recurrir a la ley de Expropiación y así adquirir las tierras a un precio justo. Los responsables del poder político avanzaron con el relevamiento de datos de las familias, con sus partidas de nacimiento, sus condiciones de salud, de trabajo y demás datos sociales y redactaron la nota que los vecinos llevaron, puerta por puerta, a cada uno de los cuarenta diputados de la Cámara de Representantes de Misiones.
De todas maneras, la angustia del desalojo pesaba sobre su cotidianeidad, mientras se acercaban al 27 de abril, fecha límite establecida por el Juzgado para que abandonen “sus casas”.
La ministra Marchesini dispuso que su equipo estuviera a disposición permanente para la defensa de los derechos de las familias y estuvieron junto a los vecinos cuando llegó la Policía a cumplir con el desalojo. Exigieron el cumplimiento de la Ley 12-29 de suspensión de desalojo vigente hasta agosto de 2016. “Eso y las inclemencias del tiempo lograron que la policía se retirara”, aseguran desde DDHH.
A partir de esta instancia, alertados por la cobertura mediática, se acercó primero el diputado del Partido Agrario y Social (Pays) de Misiones, Martín Sereno, y otros representantes de organizaciones políticas y sociales, que se involucraron en la resolución de este problema.
En medio del conflicto llegó el frío y las lluvias, con el consecuente empeoramiento de las condiciones para los vecinos que estaban bajo una carpa. Ante este panorama, el Ministerio llegó con colchones, frazadas, abrigos, mercadería y artículos de primera necesidad.
Mientras tanto, los abogados del Ministerio presentaron un nuevo escrito ante el Juzgado 3, los primeros días de mayo, donde consignaron que “DDHH no solo tiene pleno poder de intervenir en toda causa que ponga en riesgo los derechos de las personas –según lo establece la Constitución-, sino que la Ley 12-29 tiene aplicación per se, lo que significa que todos los desalojos que se encuadran dentro de la misma deben ser suspendidos hasta agosto de 2016, sin que los afectados deban reclamar su aplicación”. Mencionaron también que la ley apela al sentido social que debe primar en las causas que tienen que ver con el uso de la vivienda única y familiar.
Alegrías compartidas
De todas maneras, la nota firmada por todas las familias afectadas, con sus datos y condiciones de vida, que fuera enviada a los 40 diputados, tuvo la mejor de las resoluciones cuando el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, redactó el proyecto para expropiar los terrenos y facilitar que los vecinos de hace casi 50 años pudieran, finalmente, adquirirlos a un precio justo. Como el diputado Martín Sereno había presentado un proyecto similar, Rovira consensuó su iniciativa con la de Sereno y ambos diputados firmaron el proyecto que tuvo la aprobación unánime de los 40 diputados de Misiones.
Así, la expropiación de los terrenos que ocupan las familias de la Chacra 187, fue el punto emotivo de la sesión del jueves 12 de mayo. Los vecinos estaban presentes y participaron del debate que llevó a la aprobación de la Ley.
El diputado de Vanguardia Radical, Hugo Escalada, puso el acento en el hecho de que fue el Poder político, es decir el Legislativo, y no el Estado en su conjunto, que está conformado por tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) el que llevó adelante la solución que reclamaban los vecinos mediante la gestión del Ministerio de Derechos Humanos como parte del Ejecutivo Provincial. Con igual énfasis señaló que el Poder Judicial, con los jueces que no aplicaron la ley, no estuvo a la altura de sus funciones.
En los balcones del recinto de la Casa del Pueblo, abuelos, adolescentes, madres con bebés, hombres duros y sufridos, mujeres fuertes como Vilma Acosta y Lidia Ibarra, se emocionaron por igual. El cerrado aplauso, los reconocimientos en el mismo lugar de los vecinos, que entre risas, llantos y gritos celebraron esta ley, arrancó más de una sonrisa a los tres motores de esta solución: los diputados Rovira y Sereno y la ministra Marchesini.
Misiones Plural 