La designación de Francisco Souza en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura pareciera quedar firme a pesar de que la Comisión de Asuntos Constituciones de la Cámara de Representantes mantiene en estudio cuestionamientos por su falta de antecedentes en la lucha por los derechos humanos y por el procedimiento seguido por la UCR para nominarlo. Inesperado respaldo político de Escalada.

 

Posadas (Martes, 25 de octubre) La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes mantiene en estudio las impugnaciones por la designación de Francisco Souza en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. No lo confirma definitivamente, pero de la reunión de hoy se desprende que primará una decisión política de terminar con la incertidumbre y abrirle créditos para que se gane su propia legitimidad en la actuación.

La presidenta de la Comisión, María Losada, citó para hoy a los presidentes de todos los bloques parlamentarios para poner en consideración las presentaciones de las asociaciones civiles vinculadas a la defensa de los derechos humanos y que cuestionan a Souza, sencillamente por su falta de antecedentes. La designación de Souza también está en cuestión debido al procedimiento, más que desprolijo, seguido por la UCR para nominarlo. Tal como se viene informando en este sitio, la Comisión, creada por iniciativa de la hoy ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini con el respaldo político contundente de Carlo Rovira, debió ser integrada por tres representantes de las asociaciones, uno por el Ejecutivo y dos por el Legislativo. Uno de estos nombramientos le corresponde a las mayoría y le otro a la primera minoría. La cuestión reside precisamente en la composición de los bloques. La UCR sostiene que al momento de ejercer el derecho su bloque estaba integrado por cuatro diputados, pero aparecieron documentos que pueden dar cuenta que Mario Pegoraro ya había sido inhabilitado para ejercer su representación en el bloque UCR. El más contundente en este sentido es una resolución el Tribunal de Conducta del partido, ese órgano cuasi stalinista rémora del pasado, envió una carta documento a la Cámara y al Tribunal Electoral informando sobre la inhabilitación de Pegoraro a quién se le suspendieron todos los derechos de afiliado.  Gustavo González, como presidente del bloque de la UCR, como lo había hecho Germán Bordón el martes pasado, insistió en que Pegoraro integraba el bloque. Un dato que estiman contundente es que su decisión orgánica de constituir Integración data de semanas después de la nominación de Souza.  Bordón subrayó esto como dato objetivo.

Cuando el debate parecía volver a enredarse en la discusión en torno a la fecha concreta en que Pegoraro dejó el bloque, Hugo Escalada, como presidente de Vanguardia por un Radicalismo Popular, inesperadamente tiró un salvavidas a Souza al puntualizar que más allá de los ida y vuelta de la UCR como primera minoría y de la actitud de los integrantes del bloque acostumbrados a tomar decisiones autoritariamente, como la expulsión de Losada sin darle derecho a defensa, y más allá de los cuestionamientos, la designación de Souza fue una decisión política de la Cámara y en ese sentido había que considerarla. Destacó que Souza, si tiene ilegitimidad de origen bien puede ganarse la legitimidad en la práctica como integrante de la Comisión. Todo hace suponer que destrabó así el enredo de la designación.

Otro dato a tener en cuenta, que también se debe computar como político, es la decisión de los otros bloques invitados que no concurrieron a la reunión. Presidentes que no fueron: Ratier Berrondo del PRO, Claudio Wipplinger de Trabajo y Progreso, Héctor Bárbaro del Pays, Ramón Velázquez, Darío Pietroski y Silvia Rojas, los tres de monobloques peronistas.   Roberto Chas, presidente del bloque del Frente Renovador sugirió, sutilmente, que el expediente siga en estudio. Hay que tener cuenta que la de hoy fue la última reunión del año de la Comisión. Se puede considerar entonces que Souza es de hecho un integrante más de la Comisión.