El informe de la Asamblea Legislativa regional, que fue ignorado, advertía sobre la posibilidad de un desastre ambiental sin precedentes. La falta de medidas preventivas, a pesar de las advertencias, revela una alarmante desconexión entre el deber de proteger a los ciudadanos y la acción política. Las consecuencias son devastadoras: más de 150 vidas perdidas, cientos de desaparecidos y comunidades enteras sumergidas bajo el agua.

Lunes 13 de mayo de 2024. Brasil enfrenta una tragedia anunciada en Río Grande del Sur. Las inundaciones catastróficas que por estas horas todavía devastan la región surgen como un trágico recordatorio de las consecuencias desastrosas de la negligencia gubernamental y la falta de acción en la prevención de desastres naturales. La situación, lejos de ser un evento inesperado, es el resultado de una serie de decisiones irresponsables que dejaron a comunidades enteras sumergidas en el dolor y la desesperación.
El informe de la Asamblea Legislativa regional, que fue ignorado, advertía sobre la posibilidad de un desastre ambiental sin precedentes. La falta de medidas preventivas, a pesar de las advertencias, revela una alarmante desconexión entre el deber de proteger a los ciudadanos y la acción política. Las consecuencias son devastadoras: más de 150 vidas perdidas, cientos de desaparecidos y comunidades enteras sumergidas bajo el agua.
La falta de inversión en infraestructura y medidas de prevención exacerbaron la magnitud del desastre. La reducción de personal en departamentos cruciales y la falta de mantenimiento de sistemas de contención de agua dejaron vulnerables a las ciudades ante la furia de la naturaleza. La flexibilización de las normas ambientales y los permisos para la explotación de recursos naturales contribuyeron, contribuyen, al deterioro del ambiente, exacerbando los efectos de eventos climáticos extremos como este.
El cambio climático, alimentado por la deforestación y el debilitamiento de normativas ambientales, intensificaron la crisis. Las políticas cortoplacistas y orientadas al lucro dejaron al país expuesto a un peligro creciente, con consecuencias desastrosas para las generaciones presentes y futuras.
El mundo reclama un cambio de enfoque urgente, que priorice la protección del ambiente y la seguridad de los ciudadanos por encima de los intereses económicos a corto plazo.
La declaración de estado de calamidad por parte del Gobierno federal es un primer paso necesario, pero no es suficiente. Los especialistas advierten que se requiere un compromiso real con la prevención de desastres, la inversión en infraestructura y la adopción de políticas ambientales sostenibles.
La solidaridad y el apoyo a las comunidades afectadas son fundamentales, pero no pueden reemplazar la responsabilidad del Estado en proteger a sus ciudadanos.
Brasil enfrenta una encrucijada: seguir el camino de la inacción y el desastre recurrente, o tomar medidas audaces para enfrentar la crisis climática y proteger a sus ciudadanos. La elección es clara, y el tiempo para actuar es ahora.
Esta catástrofe ya dejó unas 150 personas muertas, decenas de personas desaparecidas y un número aún no dimensionado de animales afectados, entre la fauna silvestre, el ganado comercial y las mascotas.
La enorme acción desesperada por llevar ayuda a los afectados se enfrenta, además, a informaciones falsas y campañas de desaliento, provenientes de la estupidez humana.