En el cargo formal, se trata del representante del Poder Ejecutivo en el organismo.

Rodrigo Martín Correa y Adrián Núñez, de La Libertad Avanza Misiones.

—

Viernes 12 de diciembre de 2025. Mediante el Decreto 873/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional designó al representante del Poder Ejecutivo en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), cargo que recayó en el contador público Rodrigo Martín Correa.
El organismo, creado por la Ley 25.564 como ente de derecho público no estatal, tiene como función principal la regulación, promoción y control de toda la actividad vinculada a la cadena de producción, industrialización y comercialización de la yerba mate en la Argentina.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, cubre una vacante que debía ser ocupada por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo establece el artículo 6° de la ley de creación del Inym.
Rodrigo Martín Correa fue designado y ejercerá el cargo en forma «ad honorem», ya que desde su creación, esta metodología de no cobrar un sueldo por ejercer ese cargo, está establecido en el decreto regulatorio 1240/02, que manda expresamente que el ejercicio del puesto no genere ninguna erogación adicional para el Estado nacional.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo fundamentó de manera escueta que la elección del nuevo presidente «reúne las condiciones necesarias de idoneidad para el desempeño de dicho cargo».
Rodrigo Martín Correa se integra así al Directorio del INYM, un órgano colegiado que está conformado también por representantes de los productores, los secaderos, los molinos, y las provincia de Misiones (la principal productora de yerba mate del país) y de Corrientes.
La designación ocurre en un contexto de particular atención sobre la cadena yerbatera, uno de los complejos productivos más importantes del noreste argentino, que involucra a miles de pequeños productores, cooperativas y empresas, y que tiene un profundo arraigo cultural y social en la región.
La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, bajo el número 94368/25.