La Ley 27.801 entra en vigencia y crea un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. La reforma reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece penas graduadas, con medidas socioeducativas y límites a la privación de libertad.

Lunes 9 de marzo de 2026. El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.801, que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina y fija la edad de imputabilidad en 14 años. La norma fue oficializada mediante el Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial y constituye una de las reformas más significativas del sistema penal juvenil argentino en más de cuatro décadas.
El principal cambio que introduce la legislación es la reducción de la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. A partir de ahora, los adolescentes de entre 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente cuando cometan delitos previstos en el Código Penal u otras leyes especiales. El nuevo régimen se aplicará a personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el delito.
La reforma reemplaza el antiguo régimen de minoridad que regía desde 1980, una normativa ampliamente cuestionada por juristas y especialistas por su desactualización y por no contemplar un sistema integral de justicia juvenil con reglas claras de responsabilidad penal, sanción y reinserción social.
En ese marco, la nueva legislación establece un esquema de sanciones graduadas que deberá contemplar tanto la edad del adolescente como la gravedad del delito y las circunstancias en que ocurrió el hecho. El objetivo declarado del régimen es combinar responsabilidad penal con medidas educativas y de reintegración social, buscando reducir la reincidencia y favorecer la integración del menor en la comunidad.

Una reforma aprobada tras un intenso debate político
La ley fue aprobada por el Senado el 27 de febrero, luego de más de siete horas de debate parlamentario. La votación terminó con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, lo que convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei.
La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y fue tratada durante el período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo. Para lograr su aprobación, el oficialismo debió negociar modificaciones con bloques dialoguistas como el PRO y la UCR.
En su versión original, el proyecto proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años. Sin embargo, durante el proceso legislativo el Gobierno aceptó elevar el límite a 14 años para ampliar el consenso político y asegurar los votos necesarios para su aprobación definitiva.

Cómo funcionará el nuevo sistema penal juvenil
La Ley 27.801 crea un sistema penal específico para adolescentes, con procedimientos diferenciados respecto del sistema penal de adultos y con intervención de tribunales especializados en justicia juvenil.
Entre sus principales lineamientos se encuentran el reconocimiento de garantías procesales completas para los menores, la intervención de fiscalías y juzgados especializados y la obligación de que las sanciones tengan una orientación educativa y de reinserción social.
El régimen también establece el derecho a defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso desde el inicio de las actuaciones judiciales. A su vez, dispone que los adolescentes no podrán compartir espacios de detención con adultos y que la privación de libertad deberá aplicarse únicamente como último recurso y por el tiempo más breve posible.
La ley prevé distintas escalas de sanciones, que pueden ir desde advertencias judiciales y programas socioeducativos hasta restricciones de movilidad o privación de libertad en centros especializados para menores.
En los delitos más graves, las penas pueden alcanzar hasta 15 años de prisión, con un máximo excepcional de 20 años en determinadas circunstancias. La normativa, sin embargo, excluye la posibilidad de aplicar prisión perpetua a menores de edad.

Un debate histórico en la Argentina
La edad de imputabilidad ha sido durante décadas uno de los temas más discutidos en la política criminal argentina. El debate suele reactivarse cada vez que se producen delitos graves cometidos por menores, lo que genera fuertes discusiones entre sectores políticos, especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos.
Desde el oficialismo se sostiene que la reforma apunta a evitar situaciones de impunidad frente a delitos graves y a fortalecer la capacidad del sistema judicial para intervenir en estos casos. En cambio, organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de la infancia y diversos especialistas advierten que la baja de la imputabilidad no necesariamente reduce el delito juvenil y que el problema requiere políticas sociales más amplias.
Pero, cómo se regula la imputabilidad en América Latina. El debate argentino también suele compararse con la legislación vigente en otros países de la región. En América Latina existen sistemas penales juveniles con edades de responsabilidad penal similares o incluso menores.
En Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana la imputabilidad comienza a los 14 años. En otros casos, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, el límite se fija en los 12 años.
En la mayoría de estos sistemas, sin embargo, las respuestas judiciales privilegian medidas socioeducativas y programas de reinserción social, reservando la privación de libertad para los delitos más graves.
Con la promulgación de la Ley 27.801, Argentina se suma a ese conjunto de países que establecen la responsabilidad penal a partir de los 14 años. La implementación efectiva del nuevo régimen dependerá ahora del sistema judicial y de las provincias, que tienen un rol central en la organización de la justicia juvenil y en el funcionamiento de los centros especializados para adolescentes en conflicto con la ley penal.