La escena ocurrió en el recinto del Congreso de la Nación Argentina, durante la apertura de sesiones ordinarias. El presidente Javier Milei eligió referirse a una diputada con un apodo despectivo: “Chilindrina”. La destinataria fue Myriam Bregman. El tono fue burlón. El contexto, asimétrico. Él, único orador, jefe del Poder Ejecutivo, hablando por cadena nacional. Ella, legisladora opositora, sin micrófono. Esto no se trata de simpatías ideológicas ni de afinidades partidarias sino del decoro institucional. Y cuando el decoro se pierde en la cúspide del poder, el daño no es privado sino público.

Martes 3 de marzo de 2026. La apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina es, según la Constitución, un acto solemne que simboliza la convivencia republicana, la separación de poderes y el respeto mutuo entre quienes representan al pueblo y el jefe del Estado. En ese ámbito se espera que el Presidente exponga su visión gubernamental y agenda legislativa con respeto institucional y con un comportamiento a la altura de la investidura que ocupa y de la tradición democrática que custodia la Carta Magna. También con el decoro que dicta el sentido común y las reglas de urbanidad, aquellas que se refieren a las buenas maneras, la cortesía, el respeto en el trato, es decir, de acuerdo a las normas de la convivencia social.
Sin embargo, en la reciente apertura del período legislativo 144, el presidente Javier Milei eligió un camino diferente. En medio de su discurso, interrumpió su propia alocución para dirigir una frase despectiva a la diputada Myriam Bregman —“¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”— apelativo que mezcla una referencia burlesca a un personaje popular con un término ideológico peyorativo.
Este episodio, aparentemente menor para muchos, se debe leer (si, apelo al “deber” ser) dentro de su verdadera dimensión: no se trata de un intercambio entre militantes en redes sociales ni en una cancha de fútbol (deporte al que se le permite casi todo y no se le pide casi nada) sino de la máxima autoridad de una Nación (en este caso, la República Argentina) dirigiéndose a una legisladora dentro de la sede institucional del Poder Legislativo, con apoyo de la cadena nacional de radio y televisión y frente a las cámaras del país. Ese contexto transforma esta anécdota en un problema de protocolo, de ética institucional y de comportamiento presidencial.

El respeto

La Constitución establece claramente que los poderes del Estado son independientes, pero deben coexistir bajo reglas básicas de respeto y dignidad. El acto de apertura de sesiones es el momento en que los poderes Ejecutivo y Legislativo se encuentran en sede parlamentaria para dar inicio al ciclo de trabajo anual. Un presidente que recurre a motes para dirigirse a una legisladora incumple –no solo con la educación básica que cualquier ciudadano espera en una discusión pública—con el decoro que exige la función que ejerce.
La conversación parlamentaria tiene reglas, incluso en debates acalorados: el Reglamento de la Cámara de Diputados y el del Senado contemplan sanciones por agravios dirigidos a legisladores o a la propia institución. Un jefe de Estado, precisamente porque encarna la representación máxima, debería (otra vez el deber) ser el primero en respetarlas, sin concesiones. La figura presidencial, lejos de ser un simple orador, está llamada a elevar el nivel del debate —no a degradarlo.
Cualquier persona, aún más un Presidente, no debe ignorar el hecho de que la destinataria de la frase fue una mujer legisladora. Aunque Myriam Bregman es una figura polémica y activa en su rol, la utilización de un apodo infantilizante en un entorno donde no se produce un intercambio entre pares contribuye a perpetuar dinámicas de violencia simbólica y, en este caso, explícitas. Las normas de convivencia democrática suponen que quienes detentan poder no instrumentalicen su posición para descalificar o infantilizar a quienes, como representantes del pueblo, están allí para ejercer su mandato. Este acto, incluso si se defiende como una chicana política, trasciende esa dimensión y cae en el terreno del desprecio y la trivialización de la función legislativa de una persona, que además es una mujer. Reconocer la dimensión de género no es sobredimensionar el hecho sino asumir que el comportamiento institucional tiene impactos reales en la percepción pública de la igualdad entre hombres y mujeres en la política.
Pero la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento argentino no fue un hecho aislado de confrontación: el discurso presidencial incluyó una seguidilla de términos agresivos y descalificativos hacia distintos sectores de la oposición, no siempre circunscritos al intercambio argumental. Un hombre a las vistas desquiciado en el papel de Presidente de un país calificó a grupos parlamentarios con términos como “chorros” (ladrones, en términos callejeros), “asesinos” o “kukas” —un argot insultante que se replica en redes pero no debería ocupar un discurso institucional— y defendió posiciones políticas con un tono más propio de un mitin que de una ceremonia constitucional. El término de “kukas”, también callejero y coloquial, referencia a las “cucarachas kirchneristas”.
Todo esto, sin ser ni apelar al purismo de las formas y los comportamientos, abre una reflexión más amplia: cuando la máxima autoridad política normaliza el uso de agravios en contextos formalmente republicanos, se corre el riesgo de erosionar los mínimos de convivencia democrática que sostienen una sociedad plural. No se trata solo de palabras sino de señales.
El ejercicio del poder Ejecutivo no solo implica proponer leyes o políticas públicas sino representar el Estado de Derecho y garantizar que las instituciones funcionen bajo reglas claras de respeto y civilidad. Nadie cuestiona la confrontación política —es inherente a la democracia y sobre todo a la política—, pero hay un margen entre la crítica legítima y la burla y la falta de respeto desde el atril institucional en un acto solemne.
Un Presidente (como cualquier persona en la función pública, en realidad) que no puede controlar sus palabras y que, desde una posición de poder, recurre a descalificaciones personales en un acto que la Constitución nacional marca como solemne –y que debería ser un ejemplo de civilidad política– no cumple con el mínimo de comportamiento esperable de quien ejerce el mando del Poder Ejecutivo. Y esto es muy grave.
El equilibrio republicano exige que las diferencias políticas se manifiesten en discusiones de fondo sobre ideas, proyectos de ley, políticas públicas, y no en comportamientos que erosionan la dignidad de los actores políticos y de la propia institución. El respeto no es una concesión sino una clara exigencia constitucional y ética que sostiene la legitimidad de la política misma.
Una democracia más sólida no se construye con discursos que exacerban tensiones, sino con liderazgos que, aun manteniendo firmeza en sus posiciones, respetan el núcleo civilizatorio que permite que todas las voces —incluso las disidentes— sean escuchadas y debatidas con seriedad y humanidad.
Desde esta Editorial marcamos posición porque este episodio en el recinto del Congreso nos alarma porque entendemos que la política argentina está en un momento de confrontación intensa (que es positivo cuando se canaliza a través de debates respetuosos y argumentados) pero en este caso, cuando la máxima autoridad recurre a descalificaciones y motes infantiles en un acto constitucional, solo muestra un deterioro del espacio público que todos compartimos.
En este contexto descrito y sufrido el domingo por todo un país, mos preguntamos ¿hasta qué punto están dispuestos los actores institucionales -que nos representan- a defender la dignidad del sistema, las normas escritas y las no escritas del decoro y la convivencia democrática? Bueno, el Poder Legislativo en particular como los gobernadores y la política en general optó por el silencio institucional frente a la falta de respeto público del jefe del Ejecutivo, contribuyendo a normalizar un estándar que deteriora la república (nombrada así, en minúscula).
Es probable que las leyes argentinas no castiguen con rapidez este tipo de conductas. Pero la democracia también se sostiene en prácticas, en cultura cívica, en acuerdos básicos de convivencia. Cuando el Presidente degrada el lenguaje institucional y el sistema político calla, el daño recae fuerte sobre la persona aludida, pero más fuerte recae sobre la Argentina.
Acá, el silencio no es neutral sino pedagógico. Y lo que enseña es peligroso.

Posdata:

Esta Editorial no inválida otra mirada: la destrucción del debate de ideas y proyectos y también de intereses para imponer ruido y apelaciones emocionales y reduccionistas. Pero aunque su discurso haya sido planificado así, y haya logrado degradar la política como estrategia ya en tono electoral, la reflexión es oportuna.
«Muy bizarro tu Presidente. Pero astutos los del poder real que lo manejan como un títere».