“Algunos abogados son bastante sinvergüenzas” dijo el diputado Héctor Bárbaro al intervenir en un debate por la lentitud del servicio de Justicia en casos de prisión preventiva que a veces se extienden por diez años. Un proyecto de su compañera del Pays, Myriam Duarte solicitando intervención del STJ y que cuestiona el sistema terminó implicando el comportamiento de defensores privados ante la vista gorda del Colegio.
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El diputado Chas propuso incrementar el mínimo de prisión a dos años a los responsables de accidente de tránsito que provoquen muertes. Sugiere que se modifique el Código Penal para establecer, también, 30 días de detención no excarcelables si el conductor estuviere alcoholizado. En un profundo análisis sobre la tensión que existe en toda sociedad entre derechos, obligaciones y las libertades individuales, enfoca el drama de los accidentes de tránsito con víctimas fatales desde las garantías que el Estado debe preservar a todos los ciudadanos. Propone endurecer las penas pero lejos de cercenar el principio de inocencia.
El colegio de Abogado de Misiones dejó expreso hoy que no cuestiona las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo para nominar los candidatos para el Superior Tribunal de Justicia. En una reunión formal en la comisión de Acuerdos de la Cámara de Representantes se limitó a pedir que se den a publicidad los pliegos de los postulantes, pero no se pronunció en favor de reformar el procedimiento para el acuerdo del Poder Legislativo. Aunque algunos de los colegiados cuestionaron las vinculaciones de los nominados con el poder político, admitieron -como buenos abogados que son- que todo argumento tiene la mitad de la biblioteca a favor y la mitad en contra. “No venimos a impugnar a nadie”, subrayó el presidente de la corporación, Martín Ayala, con lo que puso distancia de las operaciones de prensa y de reclamos por audiencias públicas no contempladas en la Constitución.
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La Senadora por Misiones, Sandra Giménez, propone la ampliación de la Corte Suprema a 24 miembros, uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “en un acto de estricta responsabilidad institucional y federalismo concreto en la administración de justicia en la república Argentina” sostuvo.
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