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Comisión de Legislación General, Justicia y comunicaciones (Foto Raúl Echagüe)

“Algunos abogados son bastante sinvergüenzas” dijo el diputado Héctor Bárbaro al intervenir en un debate por la lentitud del servicio de Justicia en casos de prisión preventiva que a veces se extienden por diez años. Un proyecto de su compañera del Pays, Myriam Duarte solicitando intervención del STJ y que cuestiona el sistema terminó implicando el comportamiento de defensores privados ante la vista gorda del Colegio.

Posadas (Miércoles, 6 de junio) El funcionamiento del Poder Judicial y el rol de los abogados fue centro de un debate en el parlamento. Fue disparado por un proyecto de comunicación presentado por la diputada Myriam Duarte, para que el Superior Tribunal de Justicia intervenga por la extensión en el tiempo de prisiones preventivas, que llegan hasta diez años.
La iniciativa de la diputada del Pays, que tuvo dictamen favorable, se fundamenta en el hecho concreto de que en el último lustro sólo el 42% de las personas privadas de su libertad, que pasaron por algunos de los complejos penitenciarios fueron sentenciadas a prisión por robo, asalto u homicidio y delitos contra la integridad sexual. “Es decir –deduce Duarte- hubo un 58% de presos cuya situación jurídica, en la mayoría de los casos, no avalaba la detención”. Aunque inocentes quedan estigmatizados, destacó para cuestionar en consecuencia el lento funcionamiento del servicio de Justicia. Al mismo tiempo responsabilizó al accionar de algunos abogados, que denunció andan detrás de las familias desesperadas para abandonarlas después. La presidenta de la comisión parlamentaria que trata estos temas, Claudia Gauto aportó datos concretos. Dijo que los defensores privados muchas veces acompañan a los acusados sólo hasta que ponen un pie adentro del Penal, por eso el 90% quedan en manos de defensores oficiales.
Mientras Duarte reclamaba la falta de compromiso del Colegio de Abogados, que tiene un código de ética pero pasa por alto esos comportamientos, Héctor Bárbaro, siempre sin pelos en la lengua afirmó que “algunos abogados son bastante sinvergüenzas”. Reveló que no hace mucho, un joven fue acusado de violación y llevado a la cárcel dónde estuvo tres años antes de recuperar su libertad cuando se comprobó que era inocente. Pero en ese tiempo, dijo que los abogados se quedaron con la chacra del padre que tuvo que vender hasta la yunta de bueyes para atender a su hijo que terminó defendido por los defensores oficiales.
María Losada aprovechó para reiterar la prédica por una Justicia más Justa que lleva desde el bloque Vanguardia Radical y que ya había instalado en un debate previo con Chas y González por el endurecimiento de las penas a los que protagonicen accidentes de tránsito estando alcoholizados (ver nota aparte).
Utilizó el dato que Gauto puso sobre la mesa para señalar que es necesario equiparar el sueldo de los defensores con el de los fiscales. Afirmó que tienen menos ingresos pero más trabajo ya que, mientas los fiscales van cambiando, los defensores acompañan a los imputados desde el inicio del proceso hasta el final aunque lleguen a la Corte Interamericana. “Es necesario –enfatizó- valorizar el rol del Defensor Público”.
En los fundamentos del proyecto la diputada Duarte hace mención a varios casos con nombre y apellido.
El caso Victoria Aguirre
Pero especialmente destaca como “detonante de nuestra presentación, el caso de Victoria Aguirre, joven de 22 años, víctima de violencia de género doblemente victimizada y estigmatizada por estar recibiendo una pena previa a la determinación de la sanción, si correspondiera…está acusada del homicidio calificado por el vínculo de su hija Selene de dos años. Imputación por la que lleva presa un año y medio y que constituye una de las peores de las violencias de género, el abuso institucional. Ella que perdió a su hija en manos de su ex pareja femicida, luego de haber estado secuestrada, drogada, abusada, amenazada, torturada, es revictimizada por el sistema que debería defenderla y ante el que está totalmente inerme”.
Considera que “la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. La finalidad propia del instituto es “asegurar que el acusado no se evadirá o interferirá de otra manera la investigación judicial”. La detención preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia. Por supuesto que Victoria Aguirre no encuadra en ninguna de estas sospechas, no existe peligro de fuga, ni de que obstaculice la investigación, menos aún de que intimide testigos con su poco más de un metro cincuenta, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Por qué sigue presa entonces sin condena, sino para llevarla a juicio con presunción de culpabilidad, propia de un poder judicial machista y misógino que justifica todas las violencias en la responsabilidad de la mujer?
Estigmatización o reinserción social
El debate en la comisión derivó también en el funcionamiento del sistema carcelario. Duarte destacó que a fines del año 2015, 1278 personas se encontraban privadas de su libertad en los diferentes complejos del Sistema Penal Provincial, lo que amplió el debate al funcionamiento del sistema carcelario.
En ese sentido, la diputada observa que “lo central es tener presente siempre la concepción actual del sistema penitenciario: no se trata de castigo, sino de rehabilitación y reinserción social.” Y agrega que sería fundamental tener estadísticas de reinserción en la sociedad de aquellos que purgaron condena.
Afirmó que una de cada diez personas detenidas es analfabeta y reclamó por el derecho. Gauto le recordó que hace dos años se hizo obligatorio para los detenidos cursar estudios primarios y hasta se abolió el nombre de Escuela Carcelaria para insertar el sistema dentro del Consejo General de Educación.
La teoría y la práctica
Reclamó también Duarte por el cumplimiento de una norma que establece que en las municipalidades se debe dar un cupo de 5% en el staff de empleados públicos para personas que cumplieron sus condenas.
Inesperadamente, el diputado Ignacio Nemeth, para hablar desde su larga trayectoria de intendente. Objetó esos nombramientos consecuencia de teorías que desconocen en la práctica el funcionamiento de los Estados municipales. “Los contratados siempre ponen el hombro –reflexionó- pero pasarlos a planta…?” Se pronunció en cambio, a favor de que en el sistema penal se les enseñe oficios. Insólita y también inesperadamente, la diputada Duarte terminó elogiando la preparación en oficios que ya existe y narró la historia de un ex convicto que encontró su lugar en la sociedad como operario y se mostraba muy agradecido. Esto despertó por la bajo un comentario irónico de Jorge Ratier Berrondo contrastando la ponderación que hizo Duarte con las críticas que también había formulado. ¿En qué quedamos? Se preguntó.

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