Un claro ejemplo de lo que está en juego en las elecciones de Octubre es lo que subyace en el conflicto de la multinacional Arauco con los trabajadores de la papelera de Puerto Esperanza. La empresa se resiste a las paritarias y a las regulaciones laborales, al tiempo de ignorar la competencia provincial en la materia asumida específicamente por ley patrocinada por Carlos Rovira en la lógica política de la Renovación.

La multinacional chilena Arauco SA a través de uno de sus gerentes, Pablo Ruival, anunció el martes pasado que la empresa tomó la decisión de paralizar las operaciones en la planta de celulosa de Puerto Esperanza. La medida dobla la apuesta ante la huelga del sindicato de obreros en reclamo de mejores condiciones laborales, salariales y de restablecimiento de la comisión paritaria. El conflicto que fue creciendo en el trascurso de la semana y se agravó por el apoyo del gremio de camioneros que formaron piquetes en la puerta de la fábrica lo que inevitablemente, bloquea el acceso a los operarios que no se suman a la medida de fuerza.  

Así, el conflicto pone varios derechos en tensión como sucede cuando se ejerce un derecho afectando el de los demás. Cortar un puente, cortar la ruta y hasta la instalación de una carpa en un paseo público tiene una arista antidemocrática.

PUGNA DE MODELOS: Es cierto que los reclamos de los trabajadores son justos y además tienen el respaldo de las leyes. Hay dos derechos consagrados en los últimos años que la empresa se niega a reconocer como instituciones que regulan las relaciones de trabajo. La confrontación al interior de la fábrica es el reflejo en la superficie del contraste de modelos de Estado y políticos que, precisamente, están en juego el 25 de Octubre.

El Capital, es lógico que así sea, pretende siempre reproducirse en las mejores condiciones. Ni el país ni la provincia están en condiciones de prescindir de los capitales de las multinacionales que se forman en la tendencia capitalista a la monopolización y centralización. Estas corporaciones se instalan, como Arauco en el alto Paraná, en busca de materias primas y mano de obra barata, además del acceso a la tierra. Ninguna política de desarrollo está en condiciones de rechazar esas inversiones en magnitudes a las que no llegan las pymes. La corporación, en síntesis, conociendo las necesidades de la provincia buscará incrementar sus ganancias. Es tarea del Estado, como expresión política de sectores y clases sociales de la provincia el que debe intervenir para establecer un equilibrio. En este caso, defender el precio del raleo y el salario y las condiciones laborales de los obreros de la planta. En síntesis, que vengan, que hagan negocios, pero no a costa de usurpar las riquezas de Misiones sino generando también negocios para los pequeños empresarios.

PODER POLÍTICO PROVINCIAL: Es en este contexto en que Arauco, desde Chile, o vaya uno a saber desde dónde hablan sus accionistas, ordena al gerente de aquí a instalar la amenaza del cierre definitivo de la planta. Es una consigna netamente neoliberal y pinochetista. Entienden que primero está el Capital, después lo humano. Añoran el crecimiento desmesurado de los 90 en base a la exclusión de los trabajadores para poder explotar a los pocos que tenían empleo.  Las comisiones paritarias, que sienten en la misma mesa y en las mismas condiciones a representantes del capital y del trabajo, los altera. Están acostumbrados a imponer y no a negociar. Desde la prepotencia de la riqueza desconocen las instituciones que democratizan las relaciones entre empresas y trabajadores. Las paritarias constituyen la recuperación de la voz de empleados y obreros que siempre se muestran comprometidos con el futuro de sus lugares de trabajo.

La corporación también resiste la presencia de un Estado social, comprometido con los derechos de los más débiles. Por eso no es casual que la amenaza extemporánea de cerrar la planta y mandarse a mudar se haya producido después del fallo del Superior Tribuanl de Justicia de la provincia que rechazó el pedido de nulidad, por inconstitucionalidad, de la ley que Carlos Rovira en alianza con el sector a través del entonces diputado Erico Álvarez haya sancionado en 2008 estableciendo como insalubre el trabajo en la pastera. La ley limita la jornada laboral a 6 horas y otorga el derecho a la jubilación a los 55 años. Aunque el gerente de la empresa sostenga en público que esto no cambia la situación actual, es el fondo de la cuestión. El poder económico siempre rechaza las regulaciones del Estado. Reiteramos, es lo que está en juego el 27 de Octubre.