Los senadores de Cambiemos anunciaron que van a cumplir los plazos institucionales para el tratamiento del pedido de desafuero de CFK y el tema no figura en la convocatoria a extraordinarias del Ejecutivo. Quedó así desactivada la acción psicológica del odio y revanchismo. Pero la Nación y Perfil de hoy avalan la información de misionesplural del jueves cuando revelábamos que en el macrismo hay “alarma” por la sobreactuación de los jueces que terminan disputando la toma de decisiones al poder político que se expresa en el Ejecutivo y el Parlamento

Buenos Aires y Posadas (Sábado, 9 de diciembre. Enviado especial y Redacción central) “En el Senado el criterio general es que hace falta una condena en firme para proceder al desafuero», destacó Humberto Schiavoni adelantando ya el jueves la posición que asumiría Cambiemos y que está explícita en la convocatoria del Ejecutivo a extraordinarias que no incluyó el pedido del juez Bonadío.
Este abordaje institucional y no partidista, del pase al Poder Legislativo que hizo el juez al pedir el desafuero, fue sugerido por Schiavoni ni bien se conocieron las detenciones por el curso que le dio Bonadío a la causa por el memorando con Irán. Mientras otras voces incluso al interior de Cambiemos se dejaban ganar por la euforia y -hay que subrayarlo- por el revanchismo, mientras los trolls y los medios generaban un clima de linchamiento adverso a la reflexión, la opinión del senador misionero se hizo valer desde su doble representación en el Senado y como presidente del Consejo Nacional del PRO.
“Nosotros somos extremadamente respetuosos de la división de poderes”, dijo el jueves en el programa Cada Mañana que se emite por Radio Mitre, una de las propaladoras de los mensajes que instala el Grupo Clarín. Pero Schiavoni no se quedó en ese concepto que puede decir mucho y nada a la vez, según el contexto. Para sorpresa del periodista afirmó: “cuando esto quede firme analizaremos todos los elementos. Hay que ser muy cuidadosos con respecto al tratamiento de este tema. Cada Cámara tiene sus leyes no escritas y producto de antecedentes que se tomaron o posiciones que se adoptaron en algún momento en el cuerpo. En el Senado funciona así. En el Senado el criterio general es que hace falta una condena en firme para proceder al desafuero.»
Cuando se le preguntó si la doctrina Irurzun es compartida por Cambiemos, Schiavoni le restó valor de paradigma y sostuvo: “hay que analizar en cada caso los elementos que llevaron eventualmente al juez o a una Cámara a dejar firme el pedido de desafuero. Yo en lo particular no generalizaría. Hay que ver cada caso particular y ver las razones.»

Comunicado de los senadores de Cambiemos
Después de las declaraciones del presidente del PRO, los senadores de Cambiemos difundieron un comunicado concluyente, titulado “Respuesta institucional, no partidista”.
En sus párrafos principales expresa: “Ante el pedido de desafuero de la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner; desde el interbloque Cambiemos y los bloques de las UCR y PRO vamos a cumplir con los pasos y plazos institucionales que están establecidos en la Constitución Nacional, en la ley de Fueros y en el reglamento del Senado de la Nación.”
Lleva las firmas de Humberto Schiavoni, presidente Bloque PRO; Ángel Rozas, presidente bloque UCR y Luis Naidenoff, presidente Interbloque Cambiemos y agrega: “Analizaremos el pedido del juez y bajo ningún aspecto seremos un obstáculo para la justicia”. Por último, expresa: “Nuestro interbloque obrará conforme a derecho, respetando la división de poderes y adoptando decisiones políticas que correspondan de acuerdo a los elementos que surjan de la causa, son este atado a precedentes. Al pedido de desafuero vamos a dar una respuesta institucional, no partidista».

El poder de los jueces y la democracia
En sintonía con nuestra nota publicada el mismo jueves para hacer referencia a la cuestión de fondo en la actuación de Bonadío, bajo el título: “El PRO entre el festejo y la alarma por la “sobreactuación” de los jueces”, en la misma sintonía decíamos, se pronuncian hoy el diario La Nación y Perfil, donde no casualmente se utiliza la misma adjetivación: “alarma”.
Con información precisa, pero de fuente reservada, tal como lo respalda nuestra Constitución, interpretábamos que la movida de Bonadío -si bien puede ser analizada como una conspiración y persecución de los jueces aliados a Macri -tal como lo denunció después CFK- había encendido una “alarma” en la mesa política de Macri por “la sobreactuación de los jueces” que llevan las relaciones institucionales al límite de las fronteras de la convivencia democrática. Y deslizamos la existencia de una reunión con el supremo Rosenkrantz. Más allá de los gobiernos, sean de derechas, de centro o de izquierdas, hay una tendencia en la región que también preocupa en las repúblicas europeas del avance de los jueces sobre la competencia de los otros dos poderes, en la toma de decisiones que son propias del poder político como expresión de la soberanía del pueblo,
Dice la Nación hoy que “luego del conflicto político por el pedido de desafuero y detención a la ex presidenta Cristina Kirchner , el gobierno de Mauricio Macri impulsará en febrero de 2018 un proyecto de ley demorado que limitaría la facultad de los jueces para dictar prisión preventiva, con pautas objetivas para determinar el peligro de fuga y de obstrucción de Justicia. La iniciativa se había presentado en septiembre de 2016 en el Senado y el peronismo no la trató. Según pudo saber LA NACION, la primera decisión de Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano, tras el pedido de detención a Cristina Kirchner, fue reflotar la iniciativa. La modificación es parte de la reforma del Código Procesal Penal, que se tratará con la del Código Penal. El Gobierno reaccionó así porque el fallo del juez federal Claudio Bonadio, que anteayer pidió el desafuero y la prisión preventiva de Cristina Kirchner, causó sorpresa y desagrado, porque Macri lo consideró, en privado, un exceso y abuso de la ley.
Nuestra información, con fuente  aquí en Posadas, lleva la propuesta de reflotar proyectos a la reforma conocida como la 2020 que es resistida por los jueces federales con el eterno argumento de la inconstitucionalidad –que resuelven ellos, que son doce y nos los senadores y diputados- pero que, es cierto, les resta poder y más que nada proyección política.
El Perfil de hoy es más incisivo y en lugar de las especulaciones filosóficas sobre las tensiones entre el sistema republicano de división de poderes y la democracia como sustento de la soberanía popular, hace especulaciones más concretas. Titula una nota: «Preocupación en el Gobierno ante un efecto boomerang». Y desataca que “el pedido de desafuero y prisión preventiva de Cristina Kirchner generó una fuerte alerta dentro del Gobierno. En particular, en la Casa Rosada apuntan al efecto boomerang que pueda tener la decisión de poner preso a un ex funcionario sin siquiera estar confirmado su procesamiento. Este fue uno de los temas que debatieron en la “mesa jurídica” que animan los principales asesores letrados del presidente Mauricio Macri. La evaluación que realizaron, en este marco, es que no sólo la ex presidenta no debería ir presa tras la decisión del juez Claudio Bonadio, sino que, incluso, varios se animaron a cuestionar la legitimidad de la prisión para Amado Boudou.
“Es una locura, esto puede volver contra nosotros como un boomerang. Si la preventiva es por entorpecer una causa, la mitad de los funcionarios actuales imputados por Comodoro Py podrían estar presos con el mismo criterio”, le dice a PERFIL uno de los juristas que asesora al jefe de Estado. En ese marco, la llamada “doctrina Irurzun”, por el camarista que avaló la detención de Julio De Vido en la causa por irregularidades en Río Turbio, parece haber sido leída de una manera extensiva a cualquier causa, según la lectura que realizan en el poder macrista.