El presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma aprobada en Jujuy. El gobierno argentino busca garantizar el respeto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y poner fin a la violencia estatal que genera repudio tanto en el país como en el ámbito internacional. El diálogo y el respeto mutuo se presentan como vías fundamentales para alcanzar soluciones pacíficas y duraderas en la provincia. Hay rechazo y protestas en Argentina por la represión en Jujuy.

Miércoles 21 de junio de 2023. La reciente represión a organizaciones sociales, pueblos originarios y docentes que se manifestaban en la provincia de Jujuy generó un profundo repudio en todo el país. La violenta represión dejó al menos, 170 heridos y 68 presos tras la sanción y jura de la reforma de la Constitución, cuando efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos, respondiendo al lanzamiento de piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se extendió por más de cuatro horas por diversas arterias.
Los actos de violencia ocurrieron en el marco de la aprobación de una controvertida reforma constitucional impulsada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, quien trató de responsabilizar al gobierno nacional, pero recibió una contundente respuesta por parte del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La Policía bajo el mando de Morales reprimió nuevamente a los manifestantes, quienes se congregaron en las cercanías de la Legislatura provincial en rechazo a la nueva Constitución que busca prohibir la protesta social. Estos hechos dejaron varios heridos graves mientras aumentan las críticas hacia la gestión del Gobernador.
Ante esta grave situación, el presidente Alberto Fernández condenó este miércoles por la tarde, en una conferencia de prensa, los actos de represión y violencia estatal que tuvieron lugar en Jujuy. Fernández calificó estos hechos como «inadmisibles en nuestra vida democrática» y afirmó que el conflicto generado por el gobierno provincial provocó la atención y la condena de organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
En su discurso, el mandatario argentino solicitó al gobernador Morales que convoque al diálogo a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales para buscar una solución pacífica al conflicto. Asimismo, anunció que ha instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y, en caso necesario, promueva acciones de inconstitucionalidad contra los artículos de la reforma que violen la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
En respuesta a estos acontecimientos, el Gobierno Nacional envió funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad a la provincia de Jujuy para tomar conocimiento de cerca de la situación y brindar apoyo a las comunidades afectadas.
El presidente Fernández hizo hincapié en la necesidad de garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional y destacó la importancia de respetar el derecho a la protesta como parte fundamental de la vida democrática. Además, instó al gobernador Morales a no utilizar al pueblo jujeño como un «banco de prueba de la represión y el saqueo» que ciertos sectores políticos pretenden llevar a cabo.
La situación en Jujuy despertó la preocupación no solo en el país sino también en el ámbito internacional. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch expresaron su llamado inmediato al cese de la violencia estatal y a garantizar el respeto a los derechos humanos en la provincia de Jujuy.
Ante este panorama, el gobierno argentino tomará acciones legales para determinar la constitucionalidad de los artículos de la reforma aprobada en Jujuy. El presidente Fernández enfatizó la importancia de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos e instó al gobernador Morales a poner fin a la violencia estatal en esa provincia.
La instrucción del Ministerio de Justicia de la Nación para analizar y, en su caso, promover las acciones de inconstitucionalidad refleja la voluntad del gobierno de garantizar el respeto a la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscritos por Argentina. Se espera que este proceso legal contribuya a restablecer la paz social y fomentar el diálogo constructivo entre las partes involucradas, entienden los analistas, sobre la base de que la defensa de los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales son pilares fundamentales de cualquier democracia, y es responsabilidad de las autoridades garantizar su pleno cumplimiento.
A medida que avance el proceso legal y se tomen medidas para abordar la situación en Jujuy, será fundamental que se promueva un diálogo inclusivo y respetuoso entre el gobierno provincial, las organizaciones sociales y los pueblos originarios. Solo a través del diálogo y el respeto mutuo se podrá avanzar hacia soluciones pacíficas y duraderas, entienden desde distintos sectores.
En ese sentido, es clara la posición de la sociedad argentina que espera que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se sancione a los responsables de los actos de violencia y represión ocurridos en Jujuy, tal como reflejan las redes sociales y los mensajes de las personas que se manifiestan a través de los medios de comunicación. Además, es imperativo que se implementen políticas y medidas concretas para prevenir futuros abusos y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en toda la provincia.

El pronunciamiento del Presidente Fernández

A continuación, se transcribe textual el pronunciamiento que el presidente Alberto Fernández emitió esta tarde.

Quiero decirles mi posición personal y es la posición del gobierno nacional. Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática, a tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la oficina regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human RightsWatch se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal, y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy.

Cito la carta de las Naciones Unidas: “La oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió un trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente, por el uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo”.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “Según la información recibida se plantea que esta reforma (está hablando de la reforma de la constitución) no habría cumplido con la debida consulta de los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales, al respecto el derecho a la consulta y al consentimiento libre previo ha informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”.

Por su parte, Amnistía Internacional admitió: “avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en cede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos”.

Finalmente, la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch expresó: “Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy, llamamos a promover el diálogo y a evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos”.

Por todas estas razones, una vez más insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy.

Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Hemos enviado a Jujuy a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo en Jujuy desde el primer día que el problema empezó, volvió a Buenos Aires a informarme sobre la situación crítica, y por mi instrucción ya ha regresado. Está allí en la provincia para acompañar a las comunidades, conocer de cerca el acontecer de los hechos, y además ver el estado en el que se encuentran las personas detenidas.

Por último, le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los sectores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas. Quiero que sepa el señor gobernador que para ello, cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del Gobierno nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tenernos a su lado.

A 40 años del retorno de la democracia es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra libertad democrática.

Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas. Le pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante.

Hoy en Jujuy defendemos los intereses, las libertades y los derechos de la Argentina en su totalidad. Sepa el pueblo jujeño, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el Gobierno nacional, con todos y cada uno de nosotros, que estamos comprometidos con la libertad, con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra.

Muchas gracias a todos y todas.