La presencia activa del Estado en la vida cotidiana de una nación es esencial para salvaguardar los derechos y el bienestar de sus ciudadanos. El peligro de vivir sin un Estado fuerte radica en el riesgo de priorizar el capital sobre la vida humana, lo que puede resultar en una sociedad desigual y desprotegida, donde los intereses económicos prevalezcan sobre la dignidad y los derechos de las personas. La ultraderecha, al defender esta posición, amenaza con socavar los cimientos de una sociedad justa y equitativa.
Viernes 17 de noviembre de 2023. La presencia del Estado en la vida cotidiana de una nación es fundamental para el funcionamiento armónico de una sociedad. Su rol abarca la garantía de derechos, la regulación de actividades, la provisión de servicios esenciales y la protección de los individuos frente a amenazas internas y externas. Vivir sin un Estado sólido y participativo conlleva riesgos significativos, particularmente en un contexto en el que corrientes políticas extremas, como la ultraderecha, priorizan el capital sobre la dignidad humana.
El Estado, en su esencia, representa la estructura que debería velar por el bienestar colectivo, promoviendo la justicia social, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos fundamentales. Su ausencia o debilitamiento abre la puerta a un escenario peligroso, donde el poder económico puede prevalecer sobre las necesidades y la dignidad de las personas. En este sentido, la ultraderecha, en su afán por potenciar el capital y minimizar la intervención estatal, ignora o menosprecia las profundas desigualdades que esto puede generar.
La ultraderecha tiende a abogar por una menor intervención del Estado, argumentando a favor de la libre empresa y el mercado sin restricciones. Sin embargo, esta postura puede conducir a una situación donde los intereses comerciales primen sobre la calidad de vida de la población. En ausencia de regulaciones y políticas sociales adecuadas, se corre el riesgo de desproteger a los sectores más vulnerables, exacerbando la desigualdad, reduciendo el acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad social.
El Estado debe ser un garante de la igualdad de oportunidades, la protección social y la distribución equitativa de recursos para evitar que la brecha entre los más privilegiados y los marginados se ensanche. La ausencia de una presencia estatal efectiva permite que intereses particulares, a menudo ligados a las élites económicas, tomen el control, dejando a gran parte de la sociedad desamparada y marginada.
La pandemia mundial que hemos atravesado subrayó la importancia de un Estado activo y sólido. Los países con sistemas de salud robustos, redes de seguridad social efectivas y liderazgo gubernamental claro y colectivo han logrado gestionar mejor la crisis. Aquellos que priorizaron el capital por sobre la vida humana, como en el caso de algunas ideologías de ultraderecha, enfrentaron consecuencias devastadoras, exponiendo la vulnerabilidad de un enfoque puramente mercantilista.
Es crucial entender que la presencia del Estado no significa la supresión de la libertad individual, sino su protección y promoción en un entorno equitativo para todos. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre el rol regulador del Estado y el desarrollo económico, fomentando un sistema que beneficie a toda la sociedad, no solo a unos pocos privilegiados.
Insistimos: la presencia activa del Estado en la vida cotidiana de una nación es esencial para salvaguardar los derechos y el bienestar de sus ciudadanos. El peligro de vivir sin un Estado fuerte radica en el riesgo de priorizar el capital sobre la vida humana, lo que puede resultar en una sociedad desigual y desprotegida, donde los intereses económicos prevalezcan sobre la dignidad y los derechos de las personas. La ultraderecha, al defender esta posición, amenaza con socavar los cimientos de una sociedad justa y equitativa.
