La abogada ambientalista Silvia Kloster cuestionó la flexibilización de las áreas protegidas y advirtió sobre el impacto en las reservas hídricas, las cuencas y el control ambiental en Argentina. Sostuvo que la nueva normativa representa “un retroceso” frente al consenso científico, jurídico y social que había construido la ley original.

Viernes 8 de mayo de 2026. La reciente modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares ya desembocó en una batalla judicial y volvió a instalar una discusión que atraviesa a la Argentina desde hace más de una década: hasta dónde puede avanzar la actividad minera sobre territorios considerados estratégicos para el agua y el equilibrio ambiental.
La abogada ambientalista y columnista de Plural, Silvia Kloster, sostuvo que la nueva norma implica “un retroceso” porque flexibiliza las restricciones sobre áreas glaciares y periglaciares, espacios que funcionan como reservorios naturales de agua dulce y que hasta ahora tenían una protección especial.
Kloster remarcó que las zonas glaciares y periglaciares ocupan menos del 0,4% del territorio continental, aunque concentran entre el 35% y el 85% de la capacidad de reserva hídrica de la región andina. En ese contexto, recordó que Argentina posee cerca del 18% de los glaciares de América, sólo por detrás de Chile.
“La ley original tuvo consenso académico, social y político. Se hizo un inventario nacional de glaciares con participación científica y se definieron áreas de protección específicas. Ahora se flexibilizó el control sobre explotaciones mineras en esos sectores”, señaló.
La especialista explicó que el área periglaciar no es un espacio marginal ni accesorio dentro del ecosistema de montaña. Describió que se trata de zonas donde el hielo permanece debajo de capas de roca y tierra, formando parte de un sistema integral que regula cursos de agua, biodiversidad y equilibrio climático.
“Los periglaciares son parte del glaciar. Uno camina sobre roca, pero debajo hay hielo. Cumplen una función esencial en la conservación del recurso hídrico”, afirmó.
Uno de los puntos más cuestionados por organizaciones ambientales y sectores académicos es que la nueva legislación habilita a cada provincia a determinar qué áreas pueden ser intervenidas por actividades extractivas. Para Kloster, esa descentralización contradice el espíritu de las leyes de presupuestos mínimos ambientales.
“El ambiente no puede fragmentarse. Lo que haga una provincia impacta sobre otra. Por eso existen los presupuestos mínimos, para garantizar criterios homogéneos de protección”, sostuvo.
La abogada también apuntó contra la capacidad real de fiscalización en zonas mineras de alta montaña. Según explicó, muchas explotaciones se ubican a más de 5.000 metros de altura y requieren controles técnicos complejos que las provincias, en la práctica, no pueden sostener de manera permanente.
“No existe hoy una provincia con capacidad suficiente para monitorear y controlar adecuadamente una mina de esas características”, advirtió.
Kloster vinculó además la reforma con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que la flexibilización ambiental forma parte de una estrategia orientada a ampliar la llegada de capitales mineros y energéticos con beneficios fiscales y regulatorios.
En ese escenario, cuestionó el argumento oficial que presenta a la minería como motor automático de desarrollo local. Señaló que gran parte de las experiencias extractivas en América Latina dejaron conflictos ambientales, litigios judiciales y escaso derrame económico sobre las comunidades cercanas.
“Las grandes empresas traen sus propios equipos técnicos y muchas veces las poblaciones locales quedan relegadas a los trabajos más básicos. Además, hay antecedentes de contaminación de ríos, napas y suelos”, indicó.
La discusión también alcanzó a Misiones y al litoral argentino. Aunque los glaciares se encuentran en la región andina, Kloster planteó que la afectación del sistema hídrico termina repercutiendo sobre las cuencas que alimentan al Paraná y al Uruguay.
“La Cuenca del Plata tiene conexiones con ríos nacidos en zonas andinas. Si disminuye el agua disponible, también se afecta la Mesopotamia, los humedales y actividades productivas vinculadas al agua”, explicó.
Durante la entrevista, la ambientalista comparó el debate actual con procesos históricos de devastación ambiental ocurridos en otras regiones de Sudamérica y cuestionó el regreso de una lógica que enfrenta conservación ambiental con desarrollo económico.
“Esa discusión ya fue superada hace décadas. El desarrollo sostenible justamente busca equilibrio entre economía, sociedad y ambiente. Sin ambiente no hay economía posible”, afirmó.
Kloster alertó además sobre la posibilidad de futuras modificaciones en la Ley de Bosques y describió un contexto político donde las cuestiones ambientales quedaron relegadas frente a intereses económicos.
“La producción extractiva sin controles fuertes es un riesgo enorme. Cuando el daño ambiental ocurre, muchas veces no hay forma real de revertirlo”, sostuvo.
La reforma de la Ley de Glaciares ya enfrenta presentaciones judiciales en distintas provincias. En Santa Cruz se promovió un amparo que busca frenar su aplicación y en La Pampa el gobierno provincial anticipó acciones legales por el impacto potencial sobre el sistema hídrico.
Kloster aseguró que el acceso al agua constituye un derecho humano y consideró que la Justicia tendrá un rol central en la disputa que ahora salió del Congreso y pasó a los tribunales.
“Quiero creer que la Justicia va a entender la dimensión de lo que está en juego. Nadie plantea eliminar la actividad productiva, pero sí proteger las reservas hídricas estratégicas”, concluyó.