La cuarta Marcha Federal Universitaria reactivó en todo el país el reclamo por una ley de financiamiento que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales. En Posadas, el debate volvió a poner en primer plano el deterioro salarial docente, la caída del poder adquisitivo de las becas y las crecientes dificultades de las familias del interior para sostener los estudios de sus hijos.

Miércoles 20 de mayo de 2026. El estudiante universitario Carlos Posdeley, columnista de Plural, programa periodístico de Canal 4 Posadas, analizó el escenario actual de la universidad y la educación pública a partir de la cuarta Marcha Federal Universitaria que volvió a instalar en la agenda pública una discusión que excede a las casas de estudio y atraviesa el modelo de país. La movilización, realizada la semana pasada en todo el territorio argentino, reunió a estudiantes, docentes, no docentes, graduados y amplios sectores de la sociedad que reclaman la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y el fin del recorte presupuestario que afecta al sistema.
En esa línea, Posdeley sostuvo que la defensa de la universidad pública expresa una demanda colectiva vinculada al desarrollo, la movilidad social y la construcción de ciudadanía.
“La universidad pública no beneficia solamente a quienes cursan una carrera. Es una institución que genera profesionales, pensamiento crítico y mejores condiciones para toda la sociedad”, señaló.
Desde la columna, Posdeley recordó que, tras las primeras marchas universitarias, el Congreso sancionó una norma destinada a actualizar el presupuesto de las universidades nacionales tomando como referencia los valores de 2023 y ajustándolos según la inflación acumulada.
Según explicó, la ley no plantea una expansión extraordinaria del gasto, sino la recomposición de los recursos necesarios para recuperar el nivel de funcionamiento previo al actual proceso de ajuste.
Sin embargo, afirmó que el Gobierno nacional intentó impedir su aplicación mediante un decreto que posteriormente fue objetado por la Justicia, que ordenó cumplir con la norma sancionada por el Poder Legislativo.
Para Posdeley, la contradicción oficial resulta evidente. Mientras el presidente Javier Milei reivindica haber ejecutado “el mayor ajuste de la historia argentina”, funcionarios del área educativa sostienen que las universidades no sufrieron recortes.
“En los hechos, las universidades están funcionando con alrededor del 40% de los fondos que tenían en 2023”, aseguró.

Salarios docentes por debajo del costo de vida
Uno de los datos más contundentes del diagnóstico se relaciona con la situación salarial del personal docente.
Posdeley indicó que un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple percibe actualmente cerca de 260 mil pesos mensuales, una cifra que no alcanza para cubrir el alquiler de un monoambiente en Posadas.
La consecuencia, explicó, es que muchos docentes permanecen en las universidades por vocación y compromiso con la educación pública, aun cuando los salarios resultan ampliamente inferiores a los del sector privado.
En áreas como ingeniería y ciencias económicas, donde existen mayores oportunidades laborales fuera del ámbito académico, la deserción docente se vuelve más visible. “Sostener hoy la actividad universitaria es un acto heroico”, resumió.
El estudiante también cuestionó la pérdida de poder adquisitivo de las becas Programa Progresar.
Según detalló, el beneficio actual ronda los 35 mil pesos y representa apenas una fracción del valor que tenía una década atrás, cuando podía contribuir de manera significativa al pago del alquiler y otros gastos básicos.
Este deterioro impacta con mayor fuerza en los jóvenes del interior, que deben afrontar costos crecientes para radicarse en Posadas y cursar una carrera universitaria.

Cuánto cuesta estudiar en Posadas
De acuerdo con la estimación presentada por Posdeley, un estudiante del interior que accede al comedor universitario necesita al menos 400 mil pesos mensuales para cubrir alquiler, servicios, conectividad y gastos básicos.
Quienes no cuentan con ese beneficio deben afrontar desembolsos que oscilan entre 600 mil y 700 mil pesos por mes.
La cifra refleja el enorme esfuerzo económico de numerosas familias misioneras, que en muchos casos deben decidir cuál de sus hijos tendrá la posibilidad de continuar estudios superiores.
“En muchos hogares del interior todavía se elige a qué hijo se podrá enviar a la universidad”, advirtió.
Posdeley remarcó que la masividad de la Marcha Federal Universitaria demuestra que la universidad pública conserva un fuerte respaldo social.
En Misiones, destacó el papel de instituciones como la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional del Alto Uruguay, que forman profesionales en áreas estratégicas como ingeniería, ciencias forestales, trabajo social, antropología, ciencias económicas, marketing y arte.
A su criterio, la universidad constituye uno de los pocos espacios federales capaces de articular a todo el país y de promover desarrollo territorial con arraigo regional.

La universidad como espacio de pensamiento crítico
Además de su función académica, Posdeley subrayó el papel de la universidad como ámbito de diversidad ideológica y formación ciudadana.
“La universidad genera debate, genera cuadros políticos y forma personas con capacidad de reflexionar sobre sus derechos y sobre el país que quieren construir”, expresó.
Desde esa perspectiva, el conflicto presupuestario no se limita a una disputa contable. Lo que está en juego, sostuvo, es la decisión de invertir en conocimiento y en capital humano o consolidar un modelo económico basado exclusivamente en la exportación de materias primas.
La discusión por el financiamiento universitario condensa una pregunta de fondo: qué lugar ocupa la educación superior en la estrategia de desarrollo nacional.
Para Carlos Posdeley, la universidad pública sigue siendo una de las herramientas más potentes de movilidad social, integración territorial y construcción de un proyecto colectivo.
La multitud que se movilizó en Posadas y en cada provincia argentina dejó en claro que, más allá de las dificultades presupuestarias, la sociedad continúa considerando a la universidad como una inversión estratégica y no como un gasto prescindible.